Por: Andreu Missé. Alternativas Económicas. 28/04/2018
Desde principios de año se ha intensificado el debate sobre las pensiones públicas. El asunto ha adquirido especial intensidad desde que se conoció que la subida que ha decidido el Gobierno es del 0,25%. Se trata del quinto año consecutivo en que las pensiones se mantienen prácticamente congeladas. Lo que ha sorprendido en esta ocasión ha sido la oleada de manifestaciones que ha estallado en todo el país con una participación cada vez más numerosa de personas de todo tipo de edades. El clima de protesta se ha visto estimulado por las masivas movilizaciones del pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El cambio social se palpa.
El Gobierno justifica las austericidas medidas por la falta de recursos. No hay dinero. Argumenta que el déficit del pasado ejercicio fue de 18.800 millones de euros. Resulta que después de las duras reformas de 2011 y 2013 el sistema sigue resultando insostenible. Numerosos especialistas insisten en la falta de sostenibilidad del sistema.
Es innegable que estamos delante de uno de los mayores problemas de nuestra sociedad. Las dificultades del sistema son bien conocidas. Sustancialmente, se deben al aumento incesante de los gastos porque vivimos más años mientras que los ingresos han sufrido una fuerte caída por la pérdida de empleos y devaluación salarial. Pero el Gobierno también ha incurrido en serias responsabilidades.
Antes de entrar en las posibles alternativas y modificaciones del actual sistema, es necesario incluir otros puntos de vista que tengan en cuenta la auténtica realidad social de los pensionistas. El debate actual está exclusivamente centrado en la sostenibilidad del sistema. Se habla de sistema y no de personas. Se menciona la pensión media (932 euros al mes) para concluir que en muchos casos es superior a los salarios de los trabajadores. En este contexto se llega a sostener que contamos con uno de los sistemas más generosos del mundo sobre la base de que la pensión media representa el 80% del último salario frente al 62% de la OCDE, el 50% de Alemania y el 30% del Reino Unido. Estos datos son ciertos, pero no explican las razones del profundo y justificado malestar de millones de pensionistas.
Si nos aproximamos más a la realidad, se observa que en España hay más de tres millones de pensionistas (3.149.458 perceptores de pensiones contributivas) que reciben menos de 650 euros al mes. El 66% de este colectivo son mujeres. Hay un grupo de 1,8 millones de pensionistas que perciben entre 600 y 650 euros al mes. Las condiciones de vida de estos más de tres millones de personas constituye el verdadero problema de las pensiones de este país. No hace falta mucha argumentación para comprender que la situación de estas personas es claramente insostenible con independencia de la viabilidad del sistema. Creo, por tanto, que a la pregunta de ¿es sostenible nuestro sistema de pensiones? Habría que añadir ¿son sostenibles las condiciones de vida de varios millones de pensionistas?
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha tenido la sensibilidad de poner el acento en este segmento de la población, que permanece oculto entre los fríos informes del Fondo Monetario Internacional, (FMI), OCDE y la propia Comisión Europea. El Defensor señala tres vulnerabilidades de las pensiones. “La primera afecta al mecanismo de revalorización que apunta a un empobrecimiento de todos los pensionistas, dudosamente compatible con la previsión constitucional que garantiza pensiones suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas. La segunda apunta a las pensiones de las mujeres, la brecha de género en la cuantía media roza el 40% y la proporción de mujeres que acceden a una pensión de jubilación es también ese mismo porcentaje inferior a la de los hombres. Y la tercera tiene que ver con la modesta cuantía de las pensiones, pues el 60% no supera los 800 euros mensuales”.
El Defensor recuerda que la adecuación de la cuantía de las pensiones desde la perspectiva de la Constitución no puede centrarse únicamente en la revalorización, sino que también han de tomarse en consideración las salvaguardas del sistema. La más importante son los complementos de mínimos “cuya función es garantizar la suficiencia económica en ausencia de otros recursos”.
En relación con los fundamentos del sistema no se puede olvidar que este demostró una gran fortaleza hasta antes de la crisis que permitió acumular un Fondo de Reserva de casi 70.000 millones de euros. Han sido la crisis económica y su desgraciada gestión las que han provocado su deterioro. Entre 2008 y 2011 se registró una primera reducción de ingresos por la pérdida de 3,8 millones de empleos. Después, a partir de 2012, fue el deterioro de los salarios lo que ha minado los ingresos. Luego el Gobierno ha cargado a la Seguridad Social la financiación de las tarifas planas y demás bonificaciones de empleo, ha disminuido la cotización de los parados y ha congelado el salario mínimo durante años. El Gobierno tiene mucha responsabilidad en todo lo que ha ocurrido. Ahora se enfrenta a unos pensionistas indignados que están hartos de oír que todo va muy bien y quieren un reparto más justo. Y además vulnera la Constitución.
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Fotografía: Mutualidad de la Abogacía
