Por: Rodrigo Ocampo. Nexos. 23/04/2016
El Instituto Mexicano del Seguro Social, y en general el modelo de seguridad social mexicano, han sido embestidos desde la década de los años ochentas. La crisis sistémica de entonces significó un repliegue del Estado ante cualquier regulación de sus empresas lucrativas, así como la reducción de gasto público, menores salarios, recortes al empleo y una creciente informalización de la economía. Todas cuestiones que hoy se mantienen e imponen de diversas maneras a la fragmentación del sistema de seguridad social.
Sin embargo, no sólo la redefinición de las prioridades del Estado y el viraje de la política económica generaron presiones a la trasformación gradual del modelo de seguridad social que originalmente adoptara sus fundamentos del famoso Informe de William Beveridge de 1942. La situación demográfica y epidemiológica de aquel momento fueron factores que también pusieron en cuestión la viabilidad de un sistema con principios solidarios, el cual reconocía la figura del ente estatal como necesaria e indispensable para garantizar su sustentabilidad financiera, su eficiencia y la participación social.
Bajo este contexto, la puesta en práctica de políticas neoliberales que apostaban por la apertura de las economías y un repliegue del Estado en sectores estratégicos, agudizaría las limitaciones y deficiencias de un modelo de seguridad social que ya se mostraba incompleto, pues no había logrado resolver su déficit de cobertura, sus altos costos administrativos y la problemática de una sustentabilidad financiera que se mantuvo a la baja junto con el rendimiento de su capital. Deudas que respondían de manera directa al impacto de la crisis petrolera de los años setenta, aunque el problema de cobertura había nacido junto con el IMSS al enfocar su atención de manera exclusiva al sector asalariado, concibiendo a la seguridad social como un fenómeno meramente urbano. Y si bien es cierto que desde entonces el nivel de atención se ha expandido progresivamente al sector rural y al de la economía informal por medio de programas asistencialistas, la brecha aún permanece.
Ahora bien, los desafíos que enfrentó el IMSS durante la caótica década de los ochentas no sólo estuvieron relacionados a cambios estructurales, de financiamiento y a una infraestructura incapaz de dar atención a la demanda creciente, sino también a rupturas con su base trabajadora en el año de 1989 durante su histórico XXI Congreso sindical. Un momento de convulsión en el que se desconoció a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), se denunciaban intentos de privatización del Instituto enmascarados en proyectos de modernización, además de que se rechazaba cualquier intento de flexibilización funcional y numérica del trabajo. Independientemente de lo cuestionables que pudieran ser aquellas demandas, lo importante es resaltar que el panorama mostraba un modelo de seguridad social en crisis también al interior, es decir, en las relaciones laborales que ahí se establecían. Sin embargo y a pesar de un contexto desfavorable, el vínculo entre la base trabajadora, la dirigencia sindical y el Instituto se logró restaurar de manera parcial y mantener en una tensa calma durante la década siguiente, periodo en el que se contuvo el conflicto por medio de arreglos corporativos. Esto se volvió un seguro de vida para la conservación de las ventajas contractuales puestas a discusión pocos años atrás.
A la par de la estabilización de las relaciones laborales en el Instituto, se generó otro de los ajustes más significativos al modelo de seguridad social: la modificación a su sistema pensionario en 1997. La reforma de este rubro estuvo relacionada a la adopción de un modelo de pensiones sustitutivo, el cual significó que los seguros de retiro dejarían de ser de reparto para convertirse en regímenes de capitalización individual. Con este nuevo esquema, las cargas económicas dejaron de soportarse en colectivo para administrarse ahora de manera individual por medio de las llamadas Afores, rompiéndose con ello el principio de solidaridad del modelo pensionario tradicional. La afectación a los principios solidarios del modelo de seguridad social con la reforma al sistema pensionario fue el caso más ilustrativo de los procesos de reestructuración que luego continuaron.
El traslado de responsabilidades al ámbito privado como estrategia de reforma no terminaría ahí, la prestación del servicio de guarderías también fue un sector al que el IMSS renunció parcialmente en 1995 con el llamado modelo vecinal-comunitario, en el cual, se abría la posibilidad de subrogación de la prestación sin intervención y participación directa del Instituto. La delegación de actividades basada en razonamientos meramente económicos, como la reducción de costos de atención por niño, no necesariamente mejoró la calidad de la atención prestada, ni mucho menos llenó los huecos del sistema en este rubro. Una muestra clara de ello es el tristemente célebre caso de la guardería ABC, que al operar bajo una lógica de ahorro máximo, no contó con el personal e infraestructura necesarios para enfrentar de una mejor manera la tragedia. Era evidente que la fe ciega en la administración privada fracasaba como solución mágica a las problemáticas prevalecientes en el modelo.
Sin embargo, la apuesta por la iniciativa privada para solventar las deficiencias de la seguridad social parece mantenerse al interno de los procesos de atención del Instituto con la subrogación de equipo en el laboratorio de los hospitales, de servicios como el de hemodiálisis y, recientemente, el de ambulancias para traslados. Medidas de ajuste que van desplazando la responsabilidad del sector público al privado, fragmentando de manera progresiva el modelo de seguridad social vigente, un proceso que algunos reúsan a entender como una privatización parcial de los servicios.
La última acción relacionada con la fragmentación Institucional está ligada a la reciente concesión del Centro Vacacional IMSS-Oaxtepec “Presidente Adolfo López Mateos” a la empresa Six Flags Entertainment Corporation. Una medida que ahora renuncia a solventar las prestaciones sociales enfocadas al fomento de actividades recreativas, culturales y del deporte contempladas en los artículos 208, 209, 210, 210 A, de la ley del seguro social. Con esto se expresa el abandono a una concepción de salud integral que reconocía como necesaria la existencia de centros vacacionales para impulsar los niveles de vida de la población en general, mediante el sano esparcimiento y un mejor aprovechamiento del tiempo libre.
Cabe señalar que la administración privada de este centro recreativo no es algo nuevo, la Promotora de Centros de Esparcimiento, S.A. de C.V., obtuvo su concesión en 1998 para ser explotada por quince años, sin embargo, renunció a ella de manera anticipada en 2011 al declararse en quiebra, dejando las instalaciones en un severo deterioro del que no hubo responsables. Después del lamentable manejo de la empresa, hasta 2014 el IMSS mantendría abiertas, bajo su administración, las zonas altas del centro vacacional en donde se encontraban algunas albercas y el área de campismo, quedando inhabilitada la superficie que correspondía al Parque Acuático Oaxtepec (PAO). Resultado de este abandono es que se emite la licitación pública nacional para el arrendamiento del centro vacacional, saliendo beneficiada la cadena estadounidense en 2016, con la obligación de pagar renta de 1 millón 710 mil pesos mensuales, dando además 8 pesos al Instituto por cada boleto vendido, una cantidad irrisoria para una empresa que ha proyectado una asistencia anual de 2.5 millones de turistas y de la cual sus precios estarán por encima de los últimos registrados en el PAO: adultos $165 MX y niños $85 MX.
Más allá de reconocer que el anuncio de la nueva concesión tiene el objetivo de ampliar la experiencia y oferta vacacional del Estado de Morelos, no debe perderse de vista que la medida lleva implícita un mensaje que contempla el tema de la recreación como un asunto de carácter privado. Se establece como un objeto de consumo y no como una necesidad básica y fundamental para el desarrollo del ser humano como lo suscribió la Organización de las Naciones Unidas en 1960 y lo rectificó en 1980 por medio de su Asamblea General, lo cual organismos como el IMSS recuperaron e impulsaron al menos por un tiempo.
Otro factor a considerar con la apertura del que se llamará Parque Acuático Hurricane Harbor Oaxtepec, es que dirigirá su oferta a la clase media y alta de la población. Aunque no se ha emitido ningún comunicado en torno a los costos de acceso al parque, si se toma como referencia el precio del boleto para Six Flags Ciudad de México que oscila alrededor de los $500 pesos sin contemplar experiencias VIP y eventos especiales, se dirá adiós a una opción vacacional históricamente dirigida a las clases populares y que sería por décadas uno de los principales centros turísticos para los habitantes de la Ciudad de México y estados circunvecinos. Tal vez habrá que decir también adiós a la experiencia de vivir el centro vacacional en bola, acompañados de la familia en grande. El filtro económico no hará más que individualizar, fragmentar y condicionar la experiencia recreacional y cultural.
La concesión del parque acuático Oaxtepec es un ejemplo más de la fragmentación de la seguridad social en México, que lleva años delegando sus responsabilidades al ámbito privado y sometiéndolas a la lógica de la oferta y la demanda. El tiempo dirá si lo que sigue en este camino es el proyecto de universalización de la salud. De ser así, se espera una noche aún más larga para la sociedad mexicana.
Fuente: http://cultura.nexos.com.mx/?p=10233
Fotografía: cultura.nexos
