Por: Carolina Vásquez Araya. 13/07/2020
El sistema está diseñado para arrebatar al pueblo toda posibilidad de defensa.
Si Guatemala ha cruzado por abusos extremos contra su pueblo, con un conflicto armado interno por más de cuatro décadas y el atroz genocidio contra los pueblos indígenas, hoy enfrenta una de las pruebas más duras y definitorias de su historia reciente. Atrapados en un sistema que no deja espacio alguno a la participación ciudadana, los guatemaltecos observan cómo –gracias a un pacto perverso- las cúpulas empresariales y políticas echan por tierra, con el respaldo del ejército, todo viso de
institucionalidad y prácticamente declaran el establecimiento de otra dictadura más a esa historia plagada de delitos contra el pueblo.
El presidente no preside. Es un títere del sector empresarial organizado que ha secuestrado el poder por décadas a través de una entidad desde la cual utiliza toda clase de mecanismos para proteger sus privilegios, a costa del desarrollo del país.
Mientras tanto, el sector político se aferra a una ley electoral y de partidos políticos, LEPP, elaborada con toda la intención de impedir una elección verdaderamente popular y democrática de las autoridades; y para garantizar la continuidad de un sistema podrido hasta la médula. De ese modo han sido capaces de retorcer la justicia apoderándose de las cortes, así como
establecer pactos con el Departamento de Estado con el propósito de evitar la “amenaza” de un cambio de dirección política hacia un sistema más justo.
El panorama de hoy pone la cereza sobre ese pastel al confinar a la ciudadanía frente a la amenaza de un contagio viral. El pacto de corruptos tiene la mesa servida para ejecutar –literalmente- toda clase de maniobras con la finalidad de eliminar de un golpe la sombra de democracia que aún resiste. El escenario en ese país se asemeja a las peores catástrofes humanitarias de países en guerra. Las inmensas sumas de dinero procedentes del narcotráfico blindan a ciertos políticos contra cualquier
intento de depuración y se filtran fácilmente hacia el sistema jurídico con el fin de evitar un intento de frenar sus abusos.
La parálisis ciudadana se ve hoy agravada por la enfermedad y la muerte. Carentes de atención sanitaria de calidad –y, peor aún, carentes del todo en gran parte del territorio- millones de personas están condenadas a su suerte por orden presidencial.
El gobierno, incapaz de ejecutar los fondos destinados a atender a la población y establecer medidas de contención contra la pandemia, se declara abiertamente incompetente y la deja abandonada a su suerte. En un país en donde la miseria ha sido
política de Estado y en donde más de la mitad de la población infantil padece desnutrición crónica, los efectos del coronavirus se asemejan a un incendio devastador. Solo cenizas quedarán.
El cinismo de los gobernantes –desde los tres poderes del Estado- es una realidad contra la cual no se observa reacción alguna del pueblo, más que la frustración y la ira expresadas en redes sociales. Sin embargo, esa ira acumulada no tiene una salida efectiva debido a la división cultural, social, económica y étnica de la ciudadanía; y debido también a que se la ha privado de acceso a una educación de calidad capaz de prestarle herramientas de análisis. Esto último ha permitido la infiltración de entidades desde las cuales se la ha convencido de que la salvación reside en la fe. Una manipulación espiritual
convertida en pingüe negocio para las iglesias pentecostales. Hoy, el pueblo necesita recuperar la dignidad que le han arrebatado durante su historia y para ello requiere valor, pero sobre todo comprender la importancia de su papel en ese proceso.
Un Estado capturado por la corrupción deja de ser legítimo.
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Fotografía: Entremundos.
