Por: José Carlos Buenaventura[1]. Mtro. en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Coordinador del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación.
En esta segunda entrega se sigue sosteniendo la idea de que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García son un fraude y componente de una revolución ficticia que le ha hecho creer a la población que se está llevando a cabo, ya que no se cumple con las características mínimas para que el organismo coordinador fundado sea considerado una universidad.[2] Reiteramos que no se ha fundado ni una universidad sino un organismo coordinador que explota la idea de que dirige más de 200 universidades, pero eso no ocurre en la realidad. En esta segunda parte aportaremos más argumentos para analizar porqué ocurre esto.
En este texto se pone a discusión que una universidad pública no puede ser un programa social, por ello surgen diferentes preguntas, entre ellas: ¿Por qué las escuelas del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García son pensadas como un programa social? ¿Por qué existe esta ambigüedad entre un programa social y lo que se dice que son las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García? ¿Por qué se fundó el Organismo Coordinador de las Universidades Benito Juárez García y no se emitió el decreto para cada una de las universidades, como pasa en el caso de la Universidad Nacional Rosario Castellano? Si no hay escuelas construidas, instalaciones, infraestructura, muebles e inmuebles, y mucho de lo que hay fue donado por diferentes instituciones, por las comunidades y los pueblos, entonces ¿En qué se ha utilizado el presupuesto público de 1, 000 millones de pesos que se le dieron al Organismo por año? ¿Dónde quedó el dinero que se le otorgó al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García?
La duda se amplía porque la Universidad Nacional Rosario Castellano -implementada por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo-, tiene como sus funciones la investigación, la docencia y la difusión de la cultura, por consiguiente, no se comprende por qué se pretende manejar a una institución de estudios superiores como un programa social. El decreto de creación de la Universidad Rosario Castellanos establece lo siguiente:
Artículo 1. Se crea el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Universidad Nacional Rosario Castellanos, en lo sucesivo “UNRC”, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y operativa, organizativa, académica y de gestión, el cual estará agrupado en el sector coordinado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en lo sucesivo “Conahcyt”.
Artículo 2. La “UNRC” tiene por objeto impartir e impulsar la educación superior gratuita en México, así como realizar funciones de docencia, investigación, extensión y la difusión del conocimiento, la cultura y vinculación social con una vocación ética, científica y humanista, mediante Unidades Académicas en las entidades federativas (Decreto por el que se crea la Universidad Nacional Rosario Castellanos como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, 2024).
Actualmente seguir analizando al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García es fundamental por varios acontecimientos recientes. Por un lado, porque se aumentó el presupuesto de la institución en más del 80% (La Jornada, 2024); por otro lado, porque el secretario de la SEP, Mario Delgado, declara que las licenciaturas relacionadas con la educación que imparte el Organismo Coordinador podrán participar en el proceso de selección que lleva a cabo de la USICAM.[3] Esta apertura no les garantiza un lugar de trabajo a los titulados, sino sólo la posibilidad de concursar por una plaza, la cual pueden ganar o perder. Asimismo, un concurso de ingreso a la docencia no garantiza el derecho a tener trabajo para los que estudiaron en las normales o en alguna licenciatura relacionada con la educación, sólo implica que pueden hacer un examen. En este sentido un concurso de selección no garantiza el ejercicio de un derecho humano, en este caso el trabajo, para ello deben de existir otro tipo de mecanismo donde se observe y se valore el trabajo que cada docente realiza en el Sistema Educativo Nacional.
Además, el análisis al Organismo Coordinador sigue siendo pertinente considerando que el 12 de diciembre la Dra. Raquel Sosa, directora de esta institución, no entregó los títulos a varios estudiantes de la sede en Tihosuco, Quintana Roo, lo cual provocó un gran descontento con el pueblo maya de esta zona,[4] ante esa situación nos preguntamos: ¿Por qué se obstina la Dra. Raquel Sosa en ser ella quien entregue los títulos y documentos oficiales de los estudiantes, acaso no existe un sistema de control escolar que puede hacer esto? ¿Por qué los estudiantes no reciben sus documentos oficiales a tiempo o nunca los reciben?
Frente a los anteriores acontecimientos ya señalados invitamos a nuestros lectores a seguir leyendo el análisis sobre el fraude de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Les agradecemos haber leído la primera parte de este texto y de su lectura de la segunda parte.
2. El Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar y los programas sociales. Diferencias entre un programa social y una universidad pública
Que por el crecimiento de la población en el país y la necesidad que confronta la juventud mexicana para contar con estudios profesionales, que les permitan atender los requerimientos que plantea el desarrollo económico, social y cultural de la Nación, resulta necesario crear un organismo público descentralizado encargado de prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios de educación superior de calidad, a través de las sedes educativas que deriven del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, así como de coordinar, ejecutar, planear, implementar y evaluar los mecanismos a través de los cuales se mejorarán las oportunidades educativas de aquellos aspirantes que demandan su admisión en instituciones públicas que imparten educación superior… (Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, 2019).
Este apartado analiza al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, a partir del argumento central de que estas escuelas no cumplen con las mínimas funciones especificadas en la ley para ser una universidad. Se funda un organismo coordinador para impartir educación de calidad, aunque esta iniciativa se encuentra ubicada como un programa social entre otros, por ende, “su naturaleza” es ambigua: ¿tiene estatus de programa social o de una nueva universidad? Por lo que puede leerse en la fundación de las universidades públicas, una institución de educación superior no constituye un programa social. Las universidades pueden construir diferentes tipos de programas de investigación, docencia, difusión de la cultura, etcétera; en cambio, reducir la institución universitaria a un programa social transgrede sus funciones académicas y sociales. Una universidad pública no es un programa social, pero sí puede crear o encabezar diferentes tipos de proyectos y hacer propuestas para solucionar los problemas sociales, científicos, técnicos, etcétera.
Si se llega a aceptar el equiparar una universidad con un programa social mediante el decreto referido, parecería asegurarse un punto de partida que impone cambios profundos en detrimento del Sistema Educativo Nacional. A continuación, mencionaremos algunos:
- Se modifica la concepción de lo que es una universidad pública reduciéndola a un proyecto que sólo imparte educación, lo cual fortalecería el campo de la educación privada. En este sentido, basta con señalar que en el año 2023 existe el registro de 3 mil 252 universidades privadas, mientras que hay 604 universidades públicas, esta última cifra incluye a los institutos tecnológicos descentralizados y a los institutos tecnológicos federales (SEP, 2024, p. 40). Los datos numéricos muestran una diferencia enorme que favorece el mercado de la educación superior privada en México, lo cual fortalece el neoliberalismo de la educación en México, ya que la educación se trata como una mercancía solo accesible a una minoría.
- Se profundiza el cambio en la percepción social de los jóvenes y adultos que reciben educación incorporando la figura de beneficiario en lugar de estudiante.[5] Al mismo tiempo que se pretende igualar una universidad con un programa social, se otorga una cantidad monetaria como la cualidad principal que define a quien está dentro del aula o participa en un proceso de aprendizaje. No obstante, quien recibe una suma de dinero no lo hace un actor del proceso de enseñanza-aprendizaje sino un receptor o cliente al que se le deposita dinero. La identidad de ser estudiante deriva de la acción de estudiar; ser estudiante es ser un heredero del conocimiento de las ciencias, las humanidades, las artes y las culturas de los pueblos a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El estudiante llega a ser tal mediante diversos procesos donde participan múltiples actores y sus propuestas, iniciativas y anhelos conllevan una responsabilidad ante la sociedad. José Ortega y Gasset señalaba: “Estudiar y ser estudiante es siempre, y sobre todo hoy, una necesidad inexorable del hombre” (Ortega y Gasset, 1966, p. 558). Por otro lado, hay diferentes definiciones de beneficiario, por ejemplo, sea como adjetivo, beneficiario del IMSS, o bien, como sustantivo, en tanto prestación, pero ningún de estos significados se encuentra en el campo pedagógico.
- Otro de los cambios consiste en erradicar los derechos laborales históricamente logrados, ya que los académicos, trabajadores administrativos y de mantenimiento, no son considerados profesionistas o empleados asalariados, pues son identificados como beneficiarios del programa social. Académicos y administrativos de las UBBJG cumplen con las características y/o requisitos de cualquier trabajador: una jornada laboral, realizan programas de estudio, entregan resultados, etcétera, pero sin tener los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Esto implica una imposición de facto que violenta los marcos jurídicos internacionales, nacionales y sindicatos.
- Con la consolidación de este proyecto se normaliza la precariedad pedagógica y la superexplotación (González, Rivera y Guerra, 2023, pp. 11-12). Por consiguiente, los participantes se adaptan a estas condiciones académicas y laborales por la necesidad de sobrevivencia o para competir por lo poco que puedan recibir dentro de la precariedad. Por otra parte, estas limitaciones en su conjunto favorecen el individualismo burdo. Por ejemplo y todavía hasta julio del 2024, los docentes que delatan a sus compañeros inconformes o que son críticos del proyecto, esperan ser “premiados” con no ser despedidos, aunque irónicamente la carga de trabajo asignada aumentará para quienes son “recompensados” porque cada vez hay menos profesores. En el caso de los estudiantes que deciden permanecer en este proyecto, a pesar de que no reciben documentos oficiales como boletas, certificados, historiales académicos en su momento, quizás su determinación es alimentada por la esperanza de obtener los documentos legales algún día. Sin embargo, la espera puede estar motivada por otras razones: tal vez porque no ven la posibilidad de estudiar en otras instituciones educativas federales o estatales, o porque no quieren perder el comprobante oficial de su esfuerzo y que ayudaría a obtener un empleo. Empero, en lo inmediato parece que la principal razón de su permanencia obedece al interés de no perder la beca de 2 mil 800 pesos al mes,[6] cantidad monetaria que asegura la asistencia de varios jóvenes y adultos que estudian en las escuelas del Organismo Coordinador. Quizás han asistido no por vocación de estudiar una profesión, sino por una mínima cantidad de dinero que ayuda a satisfacer sus necesidades vitales. En este sentido, puede decirse que la permanencia de los estudiantes depende de la beca apoyo y esperan obtener, supuestamente, sus documentos de estudios oficiales en algún momento, ¿cuándo?, no se sabe.
- Por otro lado, puede plantearse que, debido a la precariedad pedagógica (Buenaventura, 2022), los contenidos y procesos educativos no tienen la exigencia similar a una universidad pública federal, ya que en algunas sedes los estudiantes tuvieron sólo dos maestros que impartieron todas las asignaturas y dependiendo de la carrera contaban con 5 o hasta 7 materias. El punto de vista que normaliza la precariedad fortalece las creencias y valores relacionados con la superexplotación, la insuficiencia de maestros, la falta de infraestructura, pero también el maltrato y una violencia institucional donde el incumplimiento de los derechos humanos forma parte de la cotidianidad al grado tal que van disminuyendo y hasta desaparecen siguiendo una lógica dominante neoliberal, esto es, hacer más con menos.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador creó varios programas sociales para enfrentar la pobreza y la desigualdad, muchos de ellos dependen de la Secretaría del Bienestar, entre ellos se encuentran: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez; Jóvenes construyendo el futuro, entre otros.
Los programas sociales son definidos como “las acciones de la Administración que promueven el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que, por su naturaleza, pueden dividirse en: programas de transferencias monetarias o materiales, de prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de subsidios directos o indirectos” (Gobierno de la Ciudad de México, 2022, p. 4). Uno de sus objetivos pretende que los recursos económicos lleguen directamente a las manos de los beneficiarios para evitar la corrupción de intermediarios. No obstante, es importante detenernos a analizar dos cuestiones sobre los programas sociales: por un lado, la relación de los programas sociales con el fin de la corrupción, por otro, su relación con el neoliberalismo.
El Estado mexicano ha instrumentado los programas sociales como una de las formas de acabar con la corrupción que es una cuestión social por vencer, no obstante, este problema no se acabará por decreto o con la expedición de una ley. Un análisis muy importante sobre este tema fue el que hizo Pablo González Casanova, titulado: Corrupción y capitalismo. El estudio explica cómo la corrupción constituye parte fundamental del sistema capitalista, al respecto señala: “En tanto modo de dominación y acumulación, el capitalismo añade a sus relaciones constitutivas otras muy importantes de mediación y meditación, de represión y negociación. En ellas la corrupción y la cooptación aparecen y reaparecen como formando parte fundamental del sistema” (González Casanova, 2017b, pp. 608-609). Por lo que puede leerse en la anterior cita, la corrupción es parte inherente del sistema capitalista en el que vivimos, podría decirse entonces que, para que la corrupción termine tendría que acabar el capitalismo, lo cual no va a ocurrir por lo pronto, ni se sabe cuándo sucederá. En este sentido, los programas sociales no van a terminar con la corrupción. Este objetivo retórico del gobierno de la 4ª Transformación,[7] se queda en las buenas intenciones pues las contradicciones del sistema capitalista continúan. Como acertadamente señala González Casanova, el capitalismo es en sí mismo corrupto, lo cual no quiere decir que sea una práctica incontenible y no pueda controlarse por parte del Estado, pero no desaparecer, aunque sea lo más deseable para la mayoría de la población.
Los programas sociales pretenden beneficiar a sectores vulnerables como los niños, los jóvenes, las mujeres, los ancianos, los discapacitados, etcétera; son recursos para costear alimentación, medicinas, transporte, pago de energía eléctrica, gas, etcétera. Sin embargo, tampoco es posible pensar a los beneficiarios sólo como consumidores.[8] Al respecto Pablo Gentili señala que: “El modelo de hombre neoliberal es el ciudadano privatizado, responsable, dinámico: el consumidor” (Gentili, 1998, 61). Puede decirse que, si a las y los mexicanos se les forma principalmente para consumir y comprar los bienes que necesitan a las empresas trasnacionales y nacionales, entonces continúan viviendo dentro de las relaciones sociales neoliberales. El neoliberalismo también determina un horizonte cultural a partir del cual los seres humanos desarrollan sus creencias y comportamientos de determinado modo. Para superar el neoliberalismo es necesario cambiar las relaciones sociales de producción y de consumo en México. Por consiguiente, la sociedad mexicana no ha superado la economía neoliberal y una prueba de ello son los programas sociales.
Para David Harvey, el neoliberalismo es “ante todo, una teoría de prácticas político-económicas y afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. El papel del Estado es crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas” (Harvey, 2007, p. 6). A partir de lo anterior se puede decir que el neoliberalismo es la etapa actual de capitalismo que impulsa que la clase dominante sea la empresarial, que es la mayor acumuladora de riqueza y capital y como diría Rita Segato se conviertan en los dueños del mundo, donde se impone su visión del mundo a todos los demás seres humanos.
En México, pese a las promesas de López Obrador, el capitalismo neoliberal continúa dominando, carecemos de una banca fuerte y la dependencia en muchos ámbitos, y principalmente con los EUA no permiten el pleno desarrollo del país. Como señaló Pablo González Casanova, la privatización de las empresas del Estado, desde la década de los 70’s, fue fundamental para la consolidación del neoliberalismo en México a lo largo de las siguientes décadas del siglo XX (González Casanova, 2017a, p.p. 23-29). Según Carlos Marichal, hacia 1982 hubo mil 155 empresas estatales (Marichal, 2003: 17). Actualmente hay un registro de 199 entidades paraestatales, donde además se apunta que las empresas productivas del Estado son dos: la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos (Relación de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal., 2024). Haciendo una resta de las empresas estatales que había en 1982 y las de la actualidad resulta una diferencia de 956 empresas del Estado. Para hacer contrapeso al neoliberalismo el Estado debería tener sus propias empresas para producir los objetos que necesitan los mexicanos para satisfacer sus necesidades vitales, desde la alimentación, el vestido, la vivienda, transporte, hasta lo que se utiliza por ejemplo en las escuelas, cuadernos, lápices computadoras, etcétera.
Debemos recordar que la principal fuente del presupuesto público -y que sostiene a los programas sociales-, son los impuestos aplicados en diversos conceptos que pagan todos los contribuyentes y trabajadores mexicanos (ISR, IVA, Predial, importación/exportación/, nómina, etcétera). El monto recaudado es utilizado para atender necesidades colectivas como la educación pública, la impartición de justicia, salud pública, vías públicas, entre otras. Los programas sociales existen mientras perduren las necesidades colectivas y el Estado distribuye el monto recaudado a través de pensiones y becas, en este caso. Con ese apoyo los diferentes beneficiarios compran los productos que necesitan, la mayoría de las veces en los grandes centros comerciales de capital extranjero. En este sentido, el consumo es una forma en que parte del presupuesto público incrementa las ganancias de los capitales privados, dado que no hay otra alternativa: o se les consume a las empresas transnacionales o no se tiene acceso a los productos. Por su parte, la mayoría de los productores mexicanos durante muchos sexenios se han visto obligados a comprar infraestructura e insumos a dos o tres empresas acaparadoras y la venta de sus productos también depende de quienes controlan la distribución y venta. Por consiguiente, es claro que estas formas aumentan la riqueza de los hombres más acaudalados del mundo, aun durante la pandemia del COVID 19 como lo publicó la revista Forbes, cuando se señala que la fortuna de los multimillonarios en México aumento durante la pandemia de COVID, el desastre los hizo más ricos (Forbes, 2023).
El sistema tributario se perfeccionó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SH y CP), optimizó el cobro de impuestos a las clases bajas y media, mas no a los grandes empresarios como Ricardo Salinas Pliego quien pudo ampararse para no pagar impuestos. Sin embargo, los ciudadanos a pie no pueden hacer esto, un ejemplo es lo que denuncian los docentes de educación media superior quienes deben presentar el comprobante de su declaración de impuestos para no poner en riesgo su contratación. En México, todos los docentes de educación inicial hasta los del nivel superior pagan impuestos.
Un fenómeno que va aumentando en México es el consumismo muchas veces compulsivo, consumidores de objetos innecesarios y necesidades falsas que no son vitales,[9] pero que sí forman parte de la oferta y por ello se siguen formando consumistas para el mercado neoliberal (Gentili, 1998). El consumismo es un comportamiento aprendido con frecuencia al interior de cada familia y en otros medios como los de comunicación, por ello y otras razones es un asunto que compete al Sistema Educativo Nacional.
La creación de falsas necesidades y el consumo irresponsable constituye un problema que, al preguntar sobre el destino del presupuesto público y en este caso las becas para estudiantes, es importante analizar en qué ocupan el apoyo de becas y a quiénes realmente beneficia. Lo que ocurre con algunos de los estudiantes de educación media superior en el Estado de México es que lo gastan en comprar diferentes tipos de drogas o se endeudan comprando celulares que son muy caros u otro tipo de dispositivos que no necesitan para sus estudios, como motocicletas en las que llegan a perder la vida en los múltiples accidentes que viven a diario los jóvenes, ni tampoco cubren necesidades vitales. Un defensor del libre comercio y consumo diría que las y los estudiantes tienen derecho a comprar y consumir lo que ellos quieren, gastar “su dinero” en lo que ellos quieran. Este punto de vista sostiene el ideal del individualismo posesivo y un horizonte cultural propio del neoliberalismo, lo que haga el individuo con su vida y sus recursos es incuestionable. Es necesario entonces analizar y cuestionar la producción, la distribución y el consumo desde perspectivas no neoliberales.
En principio habrá que subrayar que, lo que gastan los estudiantes beneficiados por las becas del bienestar, son recursos públicos obtenidos de todas y todos los contribuyentes, no son propiedad individual de la persona. Por ello, el concepto de “recurso público” es necesario enseñarlo a una sociedad y contradecir la idea de que un recurso público es “mi dinero”, lo vuelvo “mi propiedad” individual. Esta manera de justificar el consumismo fortalece el imaginario del consumidor neoliberal, sin considerar que los impuestos derivan de los contribuyentes y explotación del trabajador. Este escenario muestra un panorama donde unos producen y pagan sus impuestos para contribuir al desarrollo del país y mejorar la calidad de vida, mientras que otros, como en el caso de algunos estudiantes de educación media y superior, al consumir mercancías innecesarias, se vuelven cómplices inconscientes de la explotación capitalista de los trabajadores y hasta de sus propios padres.
El Organismo Coordinador de la Universidades para el Bienestar Benito Juárez García como programa social niega la calidad de estudiante a las mexicanas y los mexicanos que estudian allí y al personal docente, administrativo y empleados de limpieza se les niega ser trabajadores pues las autoridades argumentan que ellos son beneficiarios de un programa social, unos por recibir una beca y a otros porque se les paga a través de contratos que niegan la calidad de ser trabajadores. Los estudiantes merecen que se les respete su derecho a la educación y a los otros los derechos laborales. Lo que realmente se necesita es que existan las condiciones dignas para que los estudiantes puedan estudiar como son las escuelas construidas, tener salones, bibliotecas, laboratorios muebles e inmuebles dignos, así como tener toda su documentación a tiempo desde los primeros semestres desde historiales, boletas, certificados y títulos y no esperar a que la Dra. Raquel Sosa se los quiera dar para tomarse la foto con ellos. En el estado de Quintana Roo la Dra. Raquel Sosa, directora de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García, se niega al diálogo con los estudiantes y se lleva los títulos de los estudiantes egresados, el 12 de diciembre de 2024, como lo muestra el video que se encuentra en el siguiente link: https://www.facebook.com/61565807171590/videos/pcb.122127345620526905/1749380545911988
Ante lo descrito se puede señalar que los estudiantes, los docentes no necesitan fraudes o engaños, lo que se necesita no es un programa social como universidad, sino una verdadera universidad donde se forme a las y los jóvenes para resolver los problemas sociales de sus pueblos. No se necesitan becas que se pueden gastar en las empresas privadas como Oxxo Wal-Mart u otra, sino se requiere la infraestructura que consolide a las universidades públicas. Por otro lado, los docentes no necesitan ser beneficiarios de un programa social sino trabajo digno, donde se cumplan todos sus derechos laborales. Los trabajadores del Organismo Coordinador deben de tener las siguientes mínimas prestaciones señaladas en la Ley Federal del Trabajo: a) salario, b) jornada de trabajo, c) días de descanso, d) vacaciones y prima vacacional, e) aguinaldo, f) seguridad social, g) prima dominical, h) licencia de maternidad, i) licencia de adopción, j) periodo de lactancia, k) licencias de paternidad y adopción, l) prima de antigüedad, m) prestaciones derivadas por renuncia, n) prestaciones que se generan por despido injustificado, ñ) participación de utilidades.[10] No sólo a los trabajadores del Organismo Coordinador se les ha violado el derecho al trabajo sino también han sido afectados los estudiantes desde el momento en que no les han dado sus documentos oficiales pues han perdido muchas oportunidades laborales, por ese mismo motivo ellos no han mejorado sus condiciones de vida porque no pueden acceder a un buen empleo… ¿cuál bienestar?
Para finalizar esta segunda parte del texto se retoma los siguientes puntos:
- Llevar a cabo un litigio estratégico en derechos humanos donde se demuestren las violaciones al derecho a la educación y al trabajo de las y los estudiantes.
- Exigir una auditoría pública que dé a conocer en qué se ha usado el presupuesto que se le ha otorgado al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, ya que no se han construido las escuelas, no se han dado los documentos oficiales como boletas, certificados y títulos a los estudiantes ni se ha llevado a cabo los pertinentes procesos de formación de los estudiantes.
- Realizar una incidencia política en todos los medios de información: locales, nacionales e internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos de las y los estudiantes y también de los docentes que han trabajado para el Organismos Coordinador.
- Denunciar pública y legalmente ante quien corresponda a docentes, coordinadores y directores que hayan cometido un delito hacia las y los estudiantes y hacia los docentes que trabajaban o trabajan en las escuelas del Organismo Coordinador.
- Difundir que ha permanecido la política de despidos de los docentes para que no se les reconozca sus derechos laborales como trabajadores.
Referencias
Buenaventura, José Carlos (2022, 8 de enero). La precariedad pedagógica en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). Insurgencia Magisterial. https://insurgenciamagisterial.com/la-precariedad-pedagogica-en-las-universidades-para-el-bienestar-benito-juarez-garcia-ubbj-parte-i/
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2024, 9 de agosto). Relación de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5735614&fecha=09/08/2024#gsc.tab=0
Forbes (2023, 23 de enero). Las fortunas de los multimillonarios mexicanos crecieron un tercio en la pandemia: Oxfam. https://www.forbes.com.mx/las-grandes-fortunas-mexicanas-crecen-un-tercio-en-la-pandemia-segun-oxfam/
Gentili, Pablo (1998). El Consenso de Washington y la crisis de la educación en América Latina, Revista Archipiélago, No 29, pp. 56-65.
Gobierno de las Ciudad de México (2022) Lineamientos para la elaboración de las reglas de operación de los programas sociales para el ejercicio 2023. Ciudad de México: Gobierno de la Ciudad de México.
González Casanova, Pablo (2017a). ¿A dónde vamos? En: José Carlos Buenaventura (Coord.). La educación sitiada. Entre la política y el mercado (pp. 23-29). México. Ediciones Eón.
González Casanova, Pablo (2017b). Corrupción y capitalismo, en: Pablo González Casanova, Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina (pp. 607-648). México. Akal.
González, Roberto, Rivera, Lucía y Marcelino Guerra (2024). La superexplotación docente. México. Fray Bartolomé de las Casas.
Harvey, David. Breve historia del neoliberalismo. México. Akal.
La Jornada (2024). Plantean dar a 200 Universidades del Bienestar 86% más de presupuesto. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/plantean-dar-a-200-universidades-del-bienestar-86-m%C3%A1s-presupuesto/ar-AA1uizKN
Lenkersdorf, Carlos (1996). Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales. México. Siglo XXI.
Marcuse, Hebert (1993). El hombre unidimensional. Ensayos sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada. México. Planeta- De Agostini.
Marichal, Carlos (2003). Auge y decadencia de las empresas estatales en México, 1930-1980: algunas notas sobre la relación histórica entre empresas estatales y endeudamiento externo. Antropología. Revista Interdisciplinaria Del INAH, (72), pp. 12–21. https://revistas.inah.gob.mx/index.php/antropologia/article/view/3008.
Ortega y Gasset, José (1966). Obras completas de José Ortega y Gasset. Tomo IV. Madrid. Revista de Occidente.
Presidencia de la República. (2019, 30 de julio). Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566761&fecha=30/07/2019#gsc.tab=0
Presidencia de la República. (2024, 2 de diciembre). Decreto por el que se crea la Universidad Nacional Rosario Castellanos como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5744209&fecha=02/12/2024#gsc.tab=0
SEP (2024). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2023-2024. México. SEP.
[1] Mtro. en Pedagogía por la Faculta de Filosofía y Letras, UNAM. Coordinador del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación. Agradezco las sugerencias de Irma López Tiol y a José Raúl González Rendón, también a las y los estudiantes que tuvieron el valor y la dignidad de contarnos lo que pasa en estas escuelas.
[2] La idea de una revolución ficticia está basada en la obra de Carlos Illades titulada: La revolución imaginaria. El obradorismo y el futuro de la izquierda en México.
[3] Información consultada en: https://www.facebook.com/reel/952027700161401
[4] Información consultada en: https://www.facebook.com/reel/1749380545911988.
[5] El cambio de la percepción no es un problema menor, sino implica que de acuerdo con la percepción del mundo se producen determinadas prácticas, lo que ya ha señalado Carlos Lenkersdorf: “Nombramos la realidad según la percibimos” y que a su vez “nos relacionamos de modos diferentes con la misma realidad” (Lenkersdorf, 1996, p. 13).
[6] Información consultada en: https://programasparaelbienestar.gob.mx/beca-bienestar-benito-juarez-educacion-superior/
[7] De acuerdo con uno de los significados de la palabra retórica que da el DRAE como: Sofisterías o razones que no son del caso. Consultado en: <https://dle.rae.es/ret%C3%B3rico?m=form>
[8] Al respecto Pablo Gentili señala que: “El modelo de hombre neoliberal es el ciudadano privatizado, responsable, dinámico: el consumidor” (Gentili, 1998, p. 61). Puede decirse que, si a las y los mexicanos se les forma principalmente para consumir y comprar los bienes que necesitan en empresas transnacionales y nacionales, entonces continúan viviendo dentro del neoliberalismo o de las relaciones sociales neoliberales. El neoliberalismo también determina un horizonte cultural como base a partir de la cual los seres humanos desarrollan sus creencias y comportamientos de determinado modo.
16Entendemos por necesidades vitales las que son básicas para tener una vida digna: la alimentación, el vestido, la vivienda, salud, tener un trabajo donde no se explote al ser humano, el ejercicio de los derechos humanos y todas aquellas que permitan la dignidad de los seres humanos. Por necesidad falsa retomo lo que Herbert Marcuse señalaba: “‘Falsas’ son aquellas que intereses sociales particulares imponen al individuo para su represión: las necesidades que perpetúan el esfuerzo, la agresividad, la miseria y la injusticia” (Marcuse, 1993, p. 35).
[10] Información consultada en: https://www.gob.mx/profedet/articulos/conoce-tus-derechos-laborales-23554.
