Por: José Carlos Buenaventura[1]. Ciudad de México. 08/01/2022
La política de la ignorancia va desde la clausura legal de escuelas y universidades hasta su autodestrucción y ocupación por las fuerzas públicas. La política de la ignorancia incluye a todos los niveles de educación e investigación científica, tecnológica y humanista, entre variaciones focalizadas.[2]
En este texto se analizarán algunos elementos que expresan la precariedad pedagógica en el Programa titulado: Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). Tal postura parte de la siguiente hipótesis: en las UBBJ se implantan procesos de precarización sistemáticamente porque se pretende transformar la idea de universidad pública en México; idea que fue construida durante el siglo XX. La universidad pública como institución ha atravesado procesos contradictorios -como todo producto humano. Sin embargo, a pesar de sus contradicciones, funge como uno de los componentes fundamentales y esenciales en el Sistema Educativo Nacional para buscar el desarrollo nacional y la dignidad de las y los mexicanos.
Como precariedad pedagógica, se comprende la falta de medios, recursos, elementos, estructuras, métodos y conocimientos para llevar a cabo el proceso de formación de educandos, lo cual repercute de forma negativa en la resolución de problemas locales, comunales o nacionales, en la medida en que las propuestas de solución son deficientes, generando más problemas que impiden resolver el problema primario, o ralentizando el proceso de resolución.[3] Además, se impulsa el desarrollo de mentalidades en los estudiantes que no comprenden ni practican el cumplimiento de los derechos humanos, ya que en su imaginario social éstos no existen o son negados; promoviendo con ello la formación de estudiantes sumisos y abnegados, que se niegan a sí mismos y niegan la realidad sociohistórica en la que están viviendo. Lo anterior se corresponde con la implementación de un proyecto educativo de pobreza para los pobres; cuando en estos momentos lo imperioso es un proyecto educativo digno, centrado en el aprendizaje de los conocimientos y saberes más avanzados de las ciencias, las humanidades, las artes y de las diferentes epistemes que poseen todos los pueblos que integran la humanidad; un proyecto educativo que haga realidad el derecho humano al conocimiento.
En el año 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decretó la fundación del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (OCUBBJ) como parte de su promesa de campaña para fundar 100 nuevas universidades. Acción, sin duda, meritoria y necesaria en un país donde mínimamente la mitad de su población debería de tener derecho a acceder a educación superior. Todas y todos los mexicanos estamos a favor de que se construyan cien universidades o más. Como se establece en los considerandos del decreto, se trata de la creación de algo muy importante y fundamental: el inicio de un proyecto educativo que permita ampliar significativamente las posibilidades de acceso a la educación superior. Sin embargo, hay algunos puntos a considerar. En el Art. 1° del decreto de creación se señala:
Artículo 1. Se crea el organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública, cuyo objeto será prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios para la impartición de educación superior de calidad, a través de las sedes educativas que deriven del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con base en la participación social y con enfoque a estudiantes ubicados principalmente en zonas de alta y muy alta marginación del país, así como coordinar, ejecutar, planear, implementar y evaluar los mecanismos a través de los cuales se mejorarán las oportunidades educativas de aquellos aspirantes que demandan su admisión en instituciones públicas que imparten educación superior.[4]
Como se puede leer en los resaltados en negritas, se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el cual impartirá educación de calidad a través de sedes. También podemos leer que lo que se fundó fue un “organismo coordinador”, más no cada una de las universidades. Falta, por lo tanto, el decreto de creación de éstas y surge la duda de por qué se omitió decretar la fundación de cada universidad; en contraste con lo hecho a lo largo de la historia de la universidad en el siglo XX o principios del siglo XXI. Ejemplo de ello es el decreto de fundación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), que en su artículo 1° señala:
Artículo 1. Se crea el organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Universidad de la Ciudad de México. el cual estará sectorizado a la Secretaria de Desarrollo Social.[5]
Un segundo punto es que el organismo coordinador fundado señala que se va a impartir la educación de calidad a través de la fundación de sedes. ¿Cómo se comprenden estas sedes? ¿Cómo son sus estructuras? ¿Llevan a cabo las funciones de una universidad? Es importante recordar que en México existen diferentes instituciones que imparten educación superior, como colegios, institutos, escuelas y otros. De acuerdo con la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Mexicana[6], los fines de la Universidades son educar, investigar y difundir la cultura,[7] y a partir de llevar a cabo o no esas funciones, las instituciones educativas pueden ser o no ser llamadas universidades:
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo[8] conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;[9]
Señalar en la cita que antecede las funciones principales de la universidad pública se hace indispensable para establecer que, en la práctica, la función de las sedes del programa de las UBBJ se ha limitado hasta el momento sólo a la enseñanza. Para consolidarse como universidad es necesario construir las estructuras y componentes para impulsar el ejercicio de las otras dos funciones mencionadas: la investigación y la difusión de la cultura. Si esto, por el contrario, no se lleva a cabo, se estaría ante un cambio semántico e histórico de la idea y de los significados de lo que es la universidad pública, provocando la omisión de las funciones esenciales de la investigación y la difusión de lo que produce en las universidades en los diferentes campos del conocimiento. Sin duda, una transformación así sería grave, ya que habría un retroceso en el papel y las funciones de la universidad pública en México.
Un aspecto, cuya mención también es relevante en este texto, es la importancia en el imaginario de la opinión pública, al presentar un proyecto educativo de 100 “universidades”. Cuando se menciona la palabra “universidad” se piensa en instituciones con las dimensiones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) o cualquier otra Universidad pública estatal. En la concepción de las dimensiones se incluyen desde el mobiliario y la estructura física, hasta la estructura administrativa y pedagógica que contiene cada institución. Decir 100 universidades lleva a los ciudadanos a pensar en 100 Institutos Politécnicos o Universidades Autónomas Metropolitanas, etc. Sin embargo, en el caso de las sedes del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García siguen sin contar con muebles e inmuebles con las dimensiones de las universidades públicas que conocen los mexicanos o sus sedes siguen siendo rentadas como en el caso de la sede Xochimilco, Ciudad de México o prestadas como en el caso de la sede de Jopala, Puebla.
Si pasamos ahora al análisis de los docentes –uno de los actores que forma parte esencial de cualquier universidad– encontramos varios puntos preocupantes cuando hablamos del número de profesores que imparten las clases en las sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Uno de esos puntos es que son muy pocos docentes para llevar a cabo las diferentes funciones en su respectiva sede (no universidad oficialmente). La estructura administrativa de cada sede consta de un coordinador, un asistente académico y un número de maestros que no rebasan un total de quince, aunque en varias sedes sólo hay 2 docentes; en muy pocas tienen también bibliotecario/a, puesto que al inicio del programa no se veía como algo esencial (por ello, la inexistencia de una biblioteca propia en la cual los estudiantes encuentren los recursos informativos necesarios).
En las UBBJ el número de maestros lo determinan desde la Dirección general, usando un criterio predominante numérico, sin considerar los pedagógicos. Dividir la cantidad de alumnos matriculados entre determinada cantidad fija de estudiantes por grupo (40), es la fórmula para determinar cuántos maestros debe tener una sede, sin importar la cantidad de grupos o asignaturas a impartir. El estado ha señalado en su Ley General de Educación Superior que la población debe tener acceso a la Educación Superior, y para ello se debería tener a los profesores necesarios para impartir los cursos de las diferentes asignaturas. En las UBBJ, aplicar la fórmula de dividir el número de matriculados entre 40 alumnos por grupo ha dado por resultado tener maestros multigrado a nivel de licenciatura, formando a futuros profesionistas con todas las precariedades pedagógicas que esto implica; porque es indudable que estos profesores no tienen todos los conocimientos requeridos para impartir las diferentes asignaturas de un plan de estudio, por más buenas intenciones que posean.
Desde un análisis pedagógico, una enseñanza así deviene en que al estudiante no se le da la atención adecuada para que viva sus procesos pedagógicos pertinentes. Además, esta acción conlleva una sobrecarga de trabajo de planeación, administrativo y hasta de agotamiento mental e intelectual para los docentes. Ejemplo de lo que se señala son los datos de algunas de las sedes de las UBBJ, proporcionados por maestros y estudiantes y que más adelante se mencionan. No hay que olvidar que se han pedido de manera oficial los datos, con una negativa sistemática y reiterada del OCUBBJ para dar la información; es decir, existe un gran problema de opacidad que impide obtener datos oficiales.
En la sede de Cosalá, Sinaloa, sólo 2 docentes atienden a 150 alumnos; en la sede de Escuintla, Chiapas 3 docentes atienden a 300 alumnos; en Xochimilco, Ciudad de México, 8 docentes atienden a aproximadamente 500 alumnos. En estos casos se superan por mucho los 40 estudiantes por docente. Esta dinámica podría estar sostenida en las ideas economicistas de la educación. A las necesidades pedagógicas de cada grupo, se antepone el gasto del salario de los maestros. Así, sólo los grupos con 40 alumnos pueden aspirar a tener todas y todos los docentes con los perfiles necesarios para formar al estudiante con el perfil de egreso establecido; pero si un grupo tuviera sólo 10 alumnos, aun cuando requieren de la misma cantidad de asignaturas y docentes que el grupo de 40, no los tendrá. Esto es una violación a su derecho humano a la educación y al conocimiento. No sólo por asistir y ser atendido un par de horas o por indicar la realización de múltiples tareas se estará cumpliendo el derecho humano al conocimiento.
En este sentido, también podríamos señalar que, ante el faltante de docentes en las sedes del Programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, se está impulsando una pedagogía de la ignorancia,[10] porque se concibe como lo más importante el atender cierto número de estudiantes, y no la adquisición de los estudiantes de saberes y conocimientos necesarios para resolver los problemas de los pueblos, las comunidades y la sociedad mexicana.
Indudablemente, el problema de una cierta pedagogía de la ignorancia que se está impulsando en la estructura del Programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, debe resolverse, pues es necesaria la consolidación de este proyecto universitario y también se necesitan de otros más para que la población joven, adulta y anciana tenga acceso a la educación universitaria en México. En una sociedad del conocimiento como en la que nos encontramos mundialmente inmersos, esto se convierte en algo clave para el bienestar de la población.
Ante lo anterior, es importante detenernos y hacer algunos cálculos, sumas y restas importantes. En México de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) hecha por el INEGI en el 2018, en el México hay 30.7 millones de jóvenes, de los cuáles podemos hacer una aproximación de los que están en edad de cursar educación superior. De acuerdo con la encuesta 10 millones tienen una edad entre 20 y 24 años y 9.4 millones entre 25 y 29 años.[11] Si sumamos estas cifras resulta que hay un aproximado de 19.4 millones de jóvenes entre 20 y 29 años, que puede ser una edad promedio para cursar educación superior, ya sea en estudios de licenciatura o posgrado. De acuerdo al tercer informe de gobierno de 2021 hay 4,030,616 estudiantes en educación superior,[12] lo cual implica que hay un aproximado de 15,369,384 jóvenes que no están estudiando en ninguna institución de educación superior, por ende en ninguna universidad; lo cual se convierte en una necesidad, cuando se requiere desarrollar capacidades y habilidades para tener un mejor trabajo y futuro, ya que el conocimiento y el saber se convierte en un capital de primera necesidad para lograr una vida digna.
Como se puede ver en este aproximado, existe un gran reto por parte del Sistema Educativo Nacional para dar cobertura educativa a los jóvenes, ya que mínimo 15 millones de ellos no están teniendo acceso a educación superior. Estos datos, sin considerar que la educación superior también es necesaria para otros grupos de edad, como los adultos y los viejos.
Si se toma el dato de 4,030,616 estudiantes cursando educación superior y lo cruzamos con los 28,087[13] estudiantes que cursaron sus estudios en las sedes del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en el primer ciclo escolar del 2021, de acuerdo con el tercer informe de gobierno; este Programa atiende sólo el 0.69 por ciento de la matrícula de educación superior en México. Situación muy preocupante, considerando que faltan por lo menos 15,369,384 jóvenes que no están ejerciendo su derecho a la educación superior. Por lo cual, el Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, junto con las otras universidades públicas debería de atender a estos jóvenes urgentemente. Y en el caso del Programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, debería de atender un mayor número de estudiantes y no menos del 1% de la población inscrita al Subsistema de Educación Superior. Porque lograr una sociedad con mayor bienestar está relacionada directamente con un mayor nivel educativo y lograr un mejor bienestar para las mexicanas y los mexicanos.
Otro elemento que contribuye a la precariedad pedagógica es la indicación por parte de las autoridades del OCUBBJ de no reprobar a ningún estudiante. Indicación que se dio bajo el argumento de ser tolerantes ante las dificultades de atención educativa generadas con la pandemia, pero cuya aplicación se ha venido exigiendo hasta la fecha (ciclo 2021-2), de manera indistinta para todos los estudiantes. La verdadera razón para tal indicación es mantener la matrícula de 28,000 mil estudiantes e incrementarla sostenidamente hasta alcanzar 40 mil; lo cual luce poco probable en las condiciones actuales, debido a que las precariedades del programa llevaron a varios estudiantes a darse baja. Bastantes lo hicieron para incorporarse a otras opciones educativas, que consideraron mejores. Esta información fue obtenida a finales de noviembre de 2021, de docentes y estudiantes que están en cada una de las sedes.
“Ordenar” aprobar a todos los estudiantes para cumplir metas cuantitativas, contribuye a la precariedad pedagógica. Mientras se presenta la no reprobación como un logro académico, como un indicador de excelencia, la realidad es que los estudiantes están pasando de grado o ciclo con enormes lagunas en su aprendizaje, como consecuencia de no haber tenido los maestros suficientes o no haber trabajado con todas las asignaturas en cada uno de los ciclos cursados en alguna de las licenciaturas de las UBBJ, ya que no se llevaron a cabo los procesos pedagógicos mínimos para desarrollar las habilidades y capacidades básicas que requiere cualquier profesionista en las diferentes áreas del saber humano. Por ejemplo, de agosto a diciembre del presente año, en varias sedes los estudiantes sólo llevaron 3 asignaturas de las 5 establecidas en la malla curricular.
Y aunque no es novedad pedir que a las y los estudiantes no se les repruebe, argumentado que las instituciones son inclusivas o solidarias, que “escuchan a los estudiantes”, las consecuencias de hacerlo sólo para cumplir con los números son graves. De hecho, en la última década los Acuerdos de la SEP en los cuales se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica, la constante ha sido establecer criterios de NO reprobación de los estudiantes. Veamos algunos ejemplos de esos acuerdos.
El acuerdo 648, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de agosto de 2012 en el gobierno de Felipe Calderón, estableció que los estudiantes de primero, segundo y tercero de primaria, acreditaran con sólo haber cursado tales grados; lo cual se traduce en que, aunque el estudiante no realizara las actividades de aprendizaje, con sólo ingresar al aula y permanecer, tenía que ser aprobado y pasar de grado. Cuestión bastante grave, considerando que, en grados de primero a tercero de primaria, los niños/as adquieren el lenguaje escrito, en otras palabras, aprenden a leer y a escribir; y la alfabetización es un proceso complejo con muy pocas, si no es que nulas, probabilidades de éxito sin estudio, constancia y disciplina.
Otro acuerdo que estableció criterios de no reprobación de los educandos es el número 696, publicado en el DOF el 11 de septiembre de 2013 y firmado por Emilio Chuayffet, Secretario de Educación Pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Con este acuerdo los estudiantes de primer grado de primaria acreditaban con el sólo hecho de haberlo cursado; en el caso de segundo y tercer grado acreditarían con sólo obtener un promedio mínimo de 6, aunque no acreditaran todas las materias, entre ellas español y matemáticas. En cuarto, quinto y sexto grado, serían aprobados los estudiantes que obtuvieran un promedio mínimo de 6 y un máximo de 2 asignaturas reprobadas; y de nuevo no había ningún problema que fueran español y matemáticas. Con lo establecido en este Acuerdo ya no se le da el valor relevante a las matemáticas y español, porque es claro que los estudiantes no necesitan aprobarlas para pasar de grado. No obstante que son conocimientos básicos que se evalúan en las pruebas estandarizadas tanto nacionales como internacionales.
En el Acuerdo número 11/03/19, firmado por el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán y publicado en el DOF el 29 de marzo de 2019, bajo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se señala que las y los estudiantes que cursan primero y segundo grado de primaria, acreditarán con sólo haber cursado el grado correspondiente. En tercero, cuarto, quinto y sexto deberán obtener un promedio final mínimo de 6 y calificación aprobatoria en al menos 6 asignaturas del componente curricular de Formación Académica y las áreas de Artes y Educación Física del componente curricular áreas de Desarrollo Personal y Social cursadas, en sexto no se pide aprobar como mínimo seis asignaturas. Nuevamente no es requisito no reprobar español y matemáticas.
En la práctica, las y los docentes de primaria, secundaria y bachillerato no reprobaban a los estudiantes en estas primeras décadas del siglo XXI para no tener dificultades con sus autoridades, directivos o supervisores, o por no ser exhibidos como malos maestros o ser vistos mal socialmente. Ello tuvo repercusiones tan severas, como tener estudiantes que no manejan conocimientos básicos en español, matemáticas e historia y que tienen una precaria cultura general; aunque es muy necesaria en una sociedad donde al conocimiento se le considera como un capital fundamental.
Por ello, el no reprobar estudiantes no es una novedad pedagógica, sino una extensión de una acción política pedagógica diseñada para educación básica, pero que hoy se está aplicando a nivel superior en el Programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; con el propósito de mantener la matrícula, sin importar el construir y transmitir conocimientos, saberes y mentalidades que permitan a los estudiantes resolver los problemas de la comunidad. Con esta decisión se hace presente tanto la precariedad pedagógica, como una pedagogía de la ignorancia.
Otro elemento que es necesario incluir en la discusión es la idea de poner al estudiante en el centro de los procesos educativos, con lo cual se acerca más a ideas individualistas que comunitarias. Ya que se concibe que las necesidades individuales de los estudiantes son más importantes que las comunitarias o sociales. Si se plantea que cada una de las sedes del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García es una comunidad pedagógica, no se puede pensar que sólo se deben de cumplir los derechos humanos de los estudiantes, sino los derechos humanos de todos aquellos que integran la comunidad pedagógica. Si comprendemos como comunidad pedagógica a un sistema complejo que está integrada por diferentes actores sociales, entre ellos los estudiantes, los maestros, los administrativos, los padres de familias y otros, y esos actores están interrelacionados para poder llevar a cabo los procesos de formación de los estudiantes; por lo cual, si a los padres y madres de familia no ejercen su derecho humano al trabajo, ello repercutirá en el proceso de formación del estudiante. Lo mismo pasa con los otros actores que conforman la comunidad pedagógica. En este sentido, se tienen que pensar en términos complejos y no seguir con la idea individualista de sólo poner al estudiante al centro y excluir todas sus relaciones sociales con los otros actores que lo están formando. Si sólo se sigue concibiendo al estudiante al centro, es a éste a quien se le está ocultando como un ser social y comunitario.
Dice Luis Villoro: “La comunidad, en cambio, se dirige por el interés del todo. Cada individuo se considera a sí mismo un elemento perteneciente a una totalidad, de manera que lo que afecta a ésta le afecta a él: al buscar su propio bien busca el bien del todo.”[14] Al buscar rebasar el individualismo en el Programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, es importante pensar en muchos centros, que están en constante interrelación con los diferentes actores que conforman la comunidad pedagógica; por ello no debe ser el centro el estudiante como una entidad abstracta y asocial, sino en todo caso, debe haber muchos centros, donde estén al centro los estudiantes, los maestros, los pueblos; o puede estar en el centro el bien común de todos. Ante esto es importante preguntarse: ¿para qué educar? Una posible respuesta es, para resolver los problemas locales, comunales, del pueblo y de la nación mexicana, pero estos problemas no los resuelve un individuo solitario, sino individuos en cooperación y solidaridad con los demás. Por ello, se puede decir que debe haber múltiples centros de la educación mexicana, para resolver problemas y para formar educandos solidarios, dignos y democráticos. Seguir poniendo a la idea abstracta de estudiante en el centro de la educación forma personas competitivas, abnegadas, insolidarias, cínicas, indolentes e irresponsables con su realidad, con su comunidad y con su pueblo.
Conclusiones
Algunas de las propuestas que se piensan pueden ayudar a la consolidación del programa de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García son:
- Se debe reconocer públicamente que no son 100 universidades o 145, sino una sola. Ya que cada una de las instituciones que se han hecho lleva el nombre de sedes y no de universidades. Además, referir que sólo se cubre una de las 3 funciones de la educación superior: la enseñanza o educación; de tal manera que es necesario el desarrollo de las otras funciones esenciales de la universidad, que son la investigación y la difusión de la cultura. Así, cada una de las sedes ya instaladas, mínimo deberían ser llamadas escuelas y más adelante, centro o institutos, para ir consolidando la Universidad.
- Otra opción es que cada sede se transforme en una universidad, con lo cual se debe hacer un decreto de creación de cada una como universidades y que cumplan con las funciones que realiza cualquier universidad pública. Además, de que se tendría que garantizar el presupuesto para construir a las universidades como instituciones dignas, que no reproduzcan el elitismo, la aristocracia y la lejanía con los pueblos y la sociedad mexicana; que no formen a los estudiantes como clientes, sino como seres críticos, productores de soluciones y productos ante sus problemas concretos en la realidad en la que viven.
- Cambiar la idea abstracta del estudiante en el centro, por un centro donde esté la resolución de los problemas de todos los actores que conforman la comunidad pedagógica. En consecuencia, debe incluirse el ejercicio de los derechos humanos de estudiantes, maestros, trabajadores, padres de familia y quienes forman los pueblos y la comunidad de México. En este sentido, la interdependencia que tienen los derechos humanos entre sí para su ejercicio también es una interdependencia del cumplimiento de los derechos humanos de los otros, para que se me puedan cumplir mis derechos humanos. Un ejemplo concreto de ello es que cuando los padres de familia tienen cumplido sus derechos humanos al trabajo, la vivienda y la alimentación, ello repercutirá en buenos o excelentes resultados educativos en sus hijos.
Presentar estas ideas se enmarca en el propósito de aportar en la consolidación y construcción de la Universidad para Bienestar Benito Juárez García o de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que aún necesitan nombre e historia propia.
[1] Coordinador del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación: construcción de discursos y prácticas. Agradezco las correcciones y sugerencias de David Elías Hernández, Silvia Arévalo y de José Ángel Gil.
[2] Pablo González Casanova, Explotación, colonialismo y lucha por la democracia en América Latina, México, Akal, 2017, p. 596.
[3] El significado etimológico de la palabra precariedad significa “pobreza, falta de recursos”. Esto se consultó en: http://etimologias.dechile.net/?precariedad, el lunes 22 de noviembre de 2021, a las 21:49 p.m. Con relación a lo pedagógico nos referimos a los procesos de formación de los seres humanos. Siguiendo a Rafael Flores Ochoa, el señala: “no podríamos los pedagogos desperdiciar semejante consenso para la formulación de nuestros propios principios como fines, metas o tareas que le dan contenido a la formación del hombre como principio directriz y unificador de la pedagogía”. Rafael Flores Ochoa, Hacia una pedagogía del conocimiento, Santafé de Bogotá, Mc Graw-Hill, p. 111.
[4] “Decreto de por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García”, en: Diario Oficial de la Federación, 30 de julio de 2019. Negritas del autor.
[5] Decreto consultado en: https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/adam/Content/hfXbhKHHXE2k2Y8j2fG9UQ/Text/DCUACM.pdf, el domingo 14 de noviembre de 2021, a las 12:28 p.m.
[6] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const]. Art 3° frcc VII. 1917 (México)
[7] Estas 3 funciones se reiteran en el artículo 29 de la Ley General de Educación (2019).
[8] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const]. Artículo 123 ap. A. 1917 (México)
[9] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [Const]. Art 3° frcc VII. 1917 (México)
[10] Como pedagogía de la ignorancia nos referimos a una pedagogía que forma a los seres humanos como seres ignorantes y abnegados de su realidad sociohistórica, lo cual implica que lo que se aprende no permite resolver los problemas específicos de las personas y las comunidades, entendiendo como ignorancia no saber, lo cual implica que no se están obteniendo los conocimientos específicos para transformar la realidad para llegar a los objetivos para tener una vida digna y justa.
[11] Consultada en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Juventud2020_Nal.pdf, el miércoles 17 de noviembre de 2021, a las 5:53 p.m.
[12] Gobierno de México, Tercer informe de gobierno, México, Gobierno de México, 2021, p. 238.
[13] Gobierno de México, Tercer informe de Gobierno, México, Gobierno de México, 2021, p. 248.
[14] Luis Villoro, De la libertad a la comunidad, México, Fondo de Cultura Económica, p. 25.