Por: Katiuska King. Rebelión. 14/10/2019
| Un estado de excepción hace legal el uso excesivo de la fuerza que puede conducir a encarcelamientos, asesinatos y desapariciones, como sucedió en otros países del continente y ya está sucediendo en el Ecuador con indígenas y estudiantes. |
Esta medida forma parte del nefasto acuerdo que el gobierno firmó con el FMI en marzo 2019, en el que se delinea una política económica que trata de convencernos que las consecuencias del desgobierno de la administración actual se originan exclusivamente en la situación de las finanzas públicas (ver King y Samaniego, 2019).
En los paquetes neoliberales del Fondo Monetario Internacional (FMI), como es costumbre, no existe ninguna valoración previa de las pérdidas que pueden ocasionar las medidas por ellos sugeridas, a pesar de conocer que en casi la totalidad de los países en los que se han aplicado conduce al debilitamiento de la gobernabilidad, de la convivencia y cohesión social, ejes para un funcionamiento adecuado de la economía, lo que provoca una justa reacción y genera convulsión social.
El gobierno ha intentado denostar y negar el paro, trasladando la sede del gobierno a Guayaquil, lo que lejos de apaciguar la situación la ha azuzado aún más. Los medios de comunicación no han mantenido pluralidad y se “muerdan la cola”, pues entrevistan a los mismos analistas económicos que repiten el mismo discurso. Si ampliaran el espectro de sus entrevistados podrían ser agentes positivos para la sociedad, en tanto y en cuanto sean canales del debate de las distintas visiones y posiciones que abriga toda sociedad. En ese sentido, es necesario que se modere el discurso que han venido impulsado, porque se quiere imponer como verdadera una sola visión, la neoclásica y neoliberal de la economía.
La sociedad no se compone únicamente de empresarios; sin el trabajo, el capital no puede funcionar. Las reformas que tratan de reducir derechos de los trabajadores tienen como propósito bajar ingresos (monetarios y no monetarios como las vacaciones), pero para tener una visión de conjunto el país debería también conocer cuál es el nivel de ganancias que tienen los empresarios con el propósito de establecer si el ajuste que emprendió el gobierno se está distribuyendo adecuadamente. O, en otros términos, ¿deben los que tienen menos pagar más de quienes tienen más?
La protesta indígena y campesina es justa. Ellos junto con los sectores urbanos de menores ingresos y los pescadores, son los que más sentirán el peso del alza de los combustibles. En tal sentido, si se mantiene la vigencia de esa medida, se debería destinar buena parte de los fondos recaudados para solucionar los históricos y no resueltos problemas de comercialización de lo que producen y, así mismo, del transporte público a nivel urbano.
Existe una inconveniencia de establecer medidas que afectan a la alicaída demanda doméstica, como es el caso del retiro del subsidio a los combustibles. En el horizonte se puede ver una economía en recesión pero con precios “internacionales”. Esa no es una combinación razonable porque habrá pérdidas para todos, incluyendo los empresarios por la reducción de las ventas, pero especialmente para los sectores de menores ingresos.
Existen alternativas para estimular la demanda, una de ellas podría ser que a los bancos se les prohíba el reparto de utilidades al menos por dos años, con el propósito de que aumenten sus fondos disponibles y presten a una tasa de interés menor para reactivar a varios sectores.
De la misma manera, el aumento de los precios que sobrevendrá con las medidas, encarecerá más aún a la economía restando competitividad de las exportaciones por lo que se ahondará aún más el problema de la balanza comercial, que es un problema central que no ha sido considerado. En dolarización se debe administrar con suma cautela choques que estimulen el crecimiento de los precios porque, además, habrá más incentivos para que se importen productos terminados, volviendo aún más difícil la situación de los productores nacionales.
En estos días ha aflorado un racismo inhumano contra las comunidades indígenas, pues parece que muchos olvidan que gran parte de los productos alimenticios de las urbes provienen del campo mayoritariamente trabajado por ellas.
Finalmente, el estado de excepción es un modo de proteger e imponer a la fuerza las medidas gubernamentales, así como de silenciar y perseguir a quienes se oponen, cuando la razón no requiere fuerza. Un estado de excepción hace legal el uso excesivo de la fuerza que puede conducir a encarcelamientos, asesinatos y desapariciones, como sucedió en otros países del continente y ya está sucediendo en el Ecuador con indígenas y estudiantes.
El caos y la violencia actual son parte de la incapacidad del gobierno para escuchar a otros actores que se han visto afectados por las políticas económicas aplicadas en los últimos años y que han generado desigualdad, pobreza, marginación de los sectores más empobrecidos, situación que se agudiza desde el 2016.
El estado de excepción ha sido declarado constitucional, con lo cual se pone el Estado al margen de la ley y se genera una zona gris donde se hace posible la violencia extrema a favor de la política gubernamental. El Estado, de este modo, declara al pueblo como enemigo interno. La Corte Constitucional debería reconsiderar su dictamen respecto al estado de excepción y los ministros de defensa, gobierno y economía deben presentar sus renuncias para retomar el diálogo.
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Fotografía: Razones de cuba
Notas:
King, K., & Samaniego, P. (2019). A río revuelto ganancia de varios pescadores. Ecuador Debate, 106, 17–34
http://www.researchgate.net/publication/335841094_King_K_y_P_Samaniego_A_rio_revuelto_ganancia_de_varios_pescadores_Ecuador_Debate_No_106_2019.
