Bolivia. El arte de (saber) invertir.

En el último año, el fenómeno climático “El Niño” golpeó con fuerza al sector agrícola de Bolivia. Los variopintos efectos provocaron sequías e inundaciones en distintas zonas del país y en consecuencia, la pérdida de más de US$400 millones y al menos tres toneladas de alimentos en 2016. El gobierno de Evo Morales no se mantuvo indiferente y decidió utilizar un instrumento que además de recapitalizar el sector, mejorará el rendimiento de los fondos invertidos para su financiamiento.

Se trata de la creación de un Fondo Agropecuario de Inversión para créditos socioproductivos. Lo novedoso de esta iniciativa consiste en que los recursos no serán obtenidos a partir del endeudamiento externo o del uso de las reservas internacionales, sino de la utilización del fondo de pensiones.

Según la legislación vigente sobre servicio financiero de la Ley de Pensiones, el ejecutivo está autorizado a usar hasta 5% de los fondos de jubilación en pequeñas y medianas empresas con proyectos socioproductivos. Esto es así porque cuando un jubilado cobra su renta, el 40% corresponde a sus ahorros de las AFPs y el 60% a las ganancias del fondo, por eso la ley autoriza invertir para maximizar la rentabilidad. Como se trata de una inversión para evitar la improductividad de los ahorros y no como gasto en deudas, el gobierno ha decidido poner a disposición sólo el 1%, esto es US$150 millones de un total de US$14.172 millones disponibles

La dinámica será la siguiente: el 60% del total de recursos dispuestos, es decir US$90 millones, se prestará a los pequeños y medianos productores o asociaciones, mientras que el restante 40%, equivalente a US$60 millones, constituirán un mecanismo de cobertura para los inversionistas de las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), dinero que será invertido en valores con bajo riesgo con la finalidad de que las utilidades constituyan un respaldo que permita cubrir con su rendimiento un eventual impago de los productores.

El Fondo Agropecuario prestará a los productores capital a un plazo de hasta 10 años, estableciendo dos tasas de interés diferenciadas en función del destino del capital:

– Capital de inversión. Con una tasa del 7% para compra de sistemas de riego, maquinaria agrícola y ampliación de la frontera agrícola.

– Capital de operaciones. Cuya tasa de interés será del 9% para compra de insumos.

Para acceder a estos préstamos los productores deberán:

1. Contar con un contrato de venta de su producción a una empresa agroindustrial y ésta, a su vez, debe garantizar el 20% del préstamo que otorgue el fondo a los productores.

2. Una vez se complete la venta del productor a la empresa agroindustrial, ésta retendrá del pago al productor el monto para cancelar el préstamo y lo transferirá al fondo.

El objetivo final de del Fondo es el de ampliar la cartera agrícola y de esta forma garantizar la seguridad alimentaria.

Aunque la iniciativa fue acogida favorablemente por varios sectores, los cuestionamientos no estuvieron ausentes. Para algunos, el hecho de que las actividades del agro dependan de algo tan impredecible e inmanejable como las condiciones climáticas, lo convierte en un sector vulnerable y de alto riesgo, es decir, que no se tendrían garantías de la reposición de los recursos tomados. No obstante, datos oficiales revelan que se trata, por encima de comercio y servicios, y pese a los fenómenos naturales que tuvo que sortear, de uno de los sectores con menor mora bancaria registrada en 2016: 0,96%.

Otros alegan que echar mano de los ahorros de jubilación pondría en peligro el sistema de seguridad social para los actuales aportantes que esperan jubilarse en el futuro. Al respecto, el gobierno boliviano asegura que los US$150 millones tomados del fondo estarán “blindados” con tres mecanismos de cobertura de riesgo que permitirán que los recursos vuelvan a su lugar de origen, como la garantía del 30% estipulado a través los Fondos de Garantía para el Sector Productivo creados con el 6% de las utilidades de la banca privada.

Antes, las administradoras de pensiones privadas obtenían 0,5% de los recursos de los trabajadores sólo por administrar los recursos de sus aportes, y lo hacían sin rendir cuentas de cómo y en qué se usaba ese dinero. Hoy día es diferente. La revolución económica boliviana pasa por poner a producir recursos que generalmente se quedan ociosos sin ninguna inversión productiva. Decisiones de este tipo le han permitido al gobierno de Evo Morales, en once años, invertir más de US$700 millones en la ejecución de más de 15 programas para beneficiar al sector agropecuario que de la mano con la inclusión económica para familias y comunidades rurales, van hacia la consolidación de la soberanía alimentaria de Bolivia.