Por: Adela Navarro Bello. Newsweek. 31/05/2016
Los senadores y diputados de México se están evidenciando como unos legisladores opacos, con intereses ajenos al ejercicio del buen gobierno; y tampoco responden a la demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas.
A MÉXICO no le hace falta: le urge un combate efectivo a la corrupción.
Municipios, estados y el gobierno de la república son señalados todos los días en algún lugar, por alguna persona, luego de verse envueltos en actos de corrupción. A gran escala como la adquisición de una casa al contratista favorito de Enrique Peña Nieto, por parte de su esposa y de su secretario de finanzas, hasta 80 cheques por un monto total de dos millones de pesos, de becas Progresa que en Baja California fueron liberados, cobrados, pero nunca entregados a las escuelas para su administración y mantenimiento.
Para la historia, también, los porcentajes que a manera de comisión cobran diputados a estados y municipios por ampliarles presupuesto o etiquetarles recursos. Lo mismo que la cadena de más de cien custodios y funcionarios que contribuyeron a la primera fuga de Joaquín Guzmán Loera, y los más de 60 que lo hicieron en la segunda.
La corrupción en este país comienza en las oficinas gubernamentales en contubernio con grupos, personas físicas, morales, ciudadanos comunes y corrientes, prófugos. El crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado no sería tan apabullante si no existiera la corrupción en corporaciones policiacas, autoridades procuradoras de justicia y, por supuesto, administradoras de la justicia.
Enrique Peña Nieto, el presidente, ha insistido en que la corrupción en México es un asunto cultural. Él y su partido lo saben de cierto. En el Índice de Percepción de Corrupción que realiza Transparencia Internacional, nuestro país ocupa la posición 95, lo cual lo ubica en las naciones con altos grados de corrupción.
La corrupción en México no se circunscribe al dinero que de manera ilícita termina en los bolsillos de autoridades y funcionarios, y que proviene de fuentes privadas. También se considera el dinero público que acaba sus días en cuentas privadas de políticos, familiares y amigos. Lo mismo se es corrupto cuando por cuestión de intereses se tergiversan investigaciones ministeriales o se liberan delincuentes. La corrupción ha alcanzado todos los niveles del ejercicio público en los tres poderes que integran al Estado mexicano.
Quienes realizan estadísticas, análisis y estudios calculan que, al año, la corrupción en México es un botín que supera los 30,000 millones de pesos (INCBG 2010).
La corrupción afecta el crecimiento económico, frena el desarrollo y promueve la desigualdad. Trastoca la democracia, aviva la violencia. El mismo organismo, Transparencia Mexicana, situó en un 14 por ciento el gasto que por hogar se dedica al pago por la corrupción.
Las empresas, por su parte, caen en actos de corrupción al pagar para ganar un contrato o ceder a las peticiones económicas de funcionarios abusivos a cambio de licitaciones o convenios. Gastan, además, en pagar una extorsión policiaca, o entregan dinero para agilizar o evitar algún trámite. Normalmente estos dineros de origen no lícito, extraoficiales, se entregan a políticos, servidores públicos, funcionarios, legisladores, incluso a empresas de presunto cabildeo, que en realidad son intermediarios de la corrupción. Vaya, es una manera de terciar el dinero que por el favor político se eroga.
El hartazgo social, la evolución de la política internacional, la creciente demanda del respeto a las libertades, a la transparencia y a la rendición de cuentas, han llevado a los mexicanos, por medio de grupos civiles y organizados, a exigir a los legisladores reformas e iniciativas para combatir la corrupción, fenómeno criminal que inhibe la inversión, promueve la impunidad y atenta contra el Estado de derecho.
Pero quienes hacen las leyes son aquellos señalados por corruptos. Partidos políticos, legisladores que provienen de esos institutos, funcionarios y servidores públicos en el poder.
En mayo de 2015 el Poder Legislativo Mexicano aprobó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Quedó inscrito en la ley, que los mismos congresistas tenían hasta el 28 de mayo de 2016 para consensuar, establecer, votar y aprobar las leyes secundarias de este sistema, para iniciar su aplicación.
En sí, los legisladores que aprobaron el Sistema Nacional Anticorrupción se dieron un año para elaborar las leyes secundarias que darán instrumentos para investigar, procesar y combatir la corrupción. De mayo de 2015 a la fecha, los legisladores tuvieron dos periodos ordinarios de sesiones. El primero, del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2015, y el segundo, del 1 de febrero al 30 de abril del 2016. Pero ni uno ni otro les fue suficiente para preparar, redactar y consensuar con sociedad y entre partidos las leyes secundarias para el Sistema Nacional Anticorrupción.
A la petición de iniciar un periodo extraordinario antes del 28 de mayo y así cumplir con lo que mandata la Constitución, además de ofrecer nuevos instrumentos para la persecución y erradicación de la corrupción, los legisladores hicieron oídos sordos.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI, arropado por panistas y perredistas, dio a conocer que el periodo extraordinario de sesiones sería en el mes de junio. Específicamente del 13 al 17, cinco días para aprobar cuatro reformas de gran trascendencia para el marco regulatorio de seguridad y justicia en México. El referido Sistema Nacional Anticorrupción, el Mando Mixto (en eso quedó el Mando Único), la regulación del uso de la marihuana y la miscelánea penal.
Con apenas cinco días para discutir y aprobar esos temas, es evidente que los legisladores no solicitarán la opinión de los ciudadanos, y reaccionarán en la medida que los líderes de sus partidos les indiquen, y estos en razón de sus intereses. No importa que al no haber discutido y aprobado las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción estén violando la Constitución.
En un acto electorero, a eso se reduce su retraso para abordar el tema del combate a la corrupción; ningún partido político quiso asumir el costo político de aprobar una reglamentación anticorrupción a modo de la transa oficial.
¿A qué le temen los corruptos? Una respuesta obvia, lógica, sería a la cárcel, y justo esa penalidad no viene incluida en la propuesta que los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista elaboraron para el Sistema Nacional Anticorrupción. Incluyen como sanciones la inhabilitación y la reparación del daño. O sea, lo que le hicieron a David Korenfeld después de ser descubierto utilizando un helicóptero de la Comisión Nacional del Agua para trasladarse él y su familia al aeropuerto para emprender un viaje privado. El señor pagó una multa de poco más de 600 000 pesos, y libró la inhabilitación. Lo retiraron de la dirección de la Conagua, se mudó a Coronado, en San Diego, California, a su mujer la acomodaron en el consulado en aquella ciudad, y él siguió operando desde tierras extranjeras. O lo que es lo mismo, no pasó nada.
En la propuesta de la ley de responsabilidades para los funcionarios, se omite la pena corporal para quien abuse del erario, se enriquezca ilícitamente, trafique con influencias o se beneficie de manera personal o entre sus familiares de bienes o cantidades económicas. Omiten también la obligatoriedad de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y la fiscal.
Los senadores y los diputados de México se están evidenciando como unos legisladores opacos, con intereses ajenos al ejercicio del buen gobierno, se están conduciendo como cómplices y promotores de la impunidad al violar la Constitución, no cumplir con el plazo autoimpuesto, además de no responder a la demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas. O será que su cultura, como diría el presidente Peña, los detiene.
Grosso modo podemos pensar que el concepto de cultura es el modo de ver el mundo, y si los legisladores con su actuar dejan expuesta su malformación ética, su mirada estrecha y turbia con la que perciben el país, el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá poco futuro en un México lleno de lacerantes dudas.
Fuente: http://nwnoticias.com/#!/noticias/a-que-le-temen-los-corruptos
Fotografía: nwnoticias
