Jorge Salazar García. 19/03/2018
Durante los últimos meses del año pasado algunos empresarios y funcionarios públicos estuvieron insistiendo en la “urgente” necesidad de volver a reformar el sistema pensionario mexicano. Argumentaban que de mantenerse como está, se anula la posibilidad de otorgar al trabajador una pensión más allá del 28 % del último sueldo devengado. No es nada nueva esta aparente postura humanista. Ya la usaron antes para sustituir el régimen de Reparto por uno privado. Pero el meollo del asunto es si el cálculo del 28% es correcto o no. Para entenderlo mejor usemos como ejemplo el caso de un trabajador que gana hoy 10 mil pesos mensuales y hubiera cumplido la edad y los requisitos para retirarse; éste únicamente recibiría 2 800 mensuales. Si alguien quisiera percibir los 10 000 pesos de pensión, necesitaría tener un sueldo de 35 714 $ mensuales o sea 1190 por día. Dicha cantidad representa 13.4 salarios mínimos (88.36 pesos) diarios, inalcanzables para mas de la mitad del PEA. Porque de acuerdo a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, el ingreso promedio nacional en 2017 de la población ocupada (PEA) fue de 2.2 salarios mínimos (5869 pesos mensuales). Entonces, el 28 % de este ingreso para el 50% de los trabajadores con empleo fijo sería de 1,643.32 pesos mensuales, a todas luces insuficiente para vivir dignamente.
Si las declaraciones alarmantes cesaron, no fue porque la crisis haya sido resuelta, si no debido al riesgo de perder votos en las próximas elecciones. El problema persiste y explotará en las manos de quien gane la presidencia en julio. Para decirlo en pocas palabras: la ley del ISSSTE, EL SAR, el IMSS y Federal del trabajo, volverán a sufrir modificaciones. Es parte de lo dicho por Ángel Gurría (Secretario General de la OCDE) el pasado 3 de marzo (El Financiero): se deben continuar, mejorar y complementar las reformas estructurales. Cuando dice “complementar” se refiere a las llamadas reformas de cuarta generación, tales como la simplificación del sistema fiscal, entrega del sector salud y de la CFE, ampliación de la base tributaria, aumento al IVA e impuestos para los trabajadores. La primera generación de los cambios neoliberales (1982-1994) se ocupó del saneamiento fiscal, liberación comercial-financiera y privatización de empresas públicas; la segunda (1996-2006) implicó la apertura comercial y mayor inversión extranjera directa; la tercera( 2006-2018) dejada inconclusa, comprende la laboral, educativa, energética y privatización de servicios y bienes públicos (agua, playas, bosques, minerales, etc.) y la pensionaria.
El fracaso del modelo privado de pensiones (AFORES) iniciado en 1997 con el argumento de mejorarlas, cancela actualmente la seguridad social de más del 90% de mexicanos. Desde 1973 los especialistas laborales, advirtieron que la privatización no generaría mejores pensiones porque al sector privado le interesa el lucro, no el bienestar social. Descaradamente, sus beneficiarios y promotores vuelven a mentir para disponer discrecionalmente de los 3 billones 169 mil 190 millones ahorrados por los trabajadores hasta 2018. Vea si no: según la CONSAR, cerca de 2.5 billones han sido utilizados para financiar a aerolíneas, empresas automotrices, bancos, centros comerciales, productoras de bebidas azucaradas, constructoras y el gasto público.
Es cierto, los fondos no alcanzan para garantizar una pensión digna. El modelo diseñado para el despojo, la corrupción y la ineficiencia es la causa. Lo sucedido con la AFORE PENSIONISSSTE, (traslado de 400 millones a la compañía constructora (ICA) es sólo la punta del iceberg.
De ganar MEADE, Anaya o Margarita Zavala (con fraude) los cambios que los centro financieros exigen en este rubro se realizarán; tales como aumentar la edad de retiro y tiempo de servicio, bajar la edad de ingreso al trabajo, aumentar las cuotas obligatorias y voluntarias, libertad absoluta para invertir los ahorros, menos regulación de las AFORES y las compañías de seguros, ajuste al alza de las comisiones y gastos, entre otras. El proceso ha recomenzado con la propuesta de EPN de entregar el PENSIONISSSTE a manos privadas, detenida en la cámara baja.
Los números no mienten, el sistema pensionario en general se dirige al colapso. Pero jamás aceptarán que el propósito fundamental es elevar la renta de los inversionistas y las utilidades de las compañías aseguradoras. Como lo ahorrado es mucho dinero (3.2 billones), los empresarios seguirán presionando con el objetivo se privatice el restante 3% de las cuentas que posee el PENSIONISSSTE. El proyecto de privatización de este órgano descentralizado del ISSSTE ya está en la cámara de Senadores. Fue aprobado por los diputados el 8 de septiembre del 2015. Esta “Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del ISSSTE” enviada por EPN el 7 de septiembre a la cámara baja, es un verdadero espectáculo de falsedades y exhibe (tal vez por error) que fueron los empresarios quienes lo elaboraron.
P.D. El fraude ya está en proceso. Gastarán carretadas de dinero y emplearán todos los programas sociales para comprar e inducir el voto. A lo empresarios les pasarán la charola y con gusto aportarán lo que les pidan. Su inversión será redituable y garantizada por el régimen. Al menos que gane la oposición.
