Por: Global Voices. 11/03/2018
El Netizen Report de Advocacy ofrece una instantánea internacional de los problemas, victorias y nuevas tendencias en materia de derechos de internet en todo el mundo.
El Gobierno de México no ha investigado las acusaciones sobre las agencias gubernamentales que utilizaron software de vigilancia para atacar los teléfonos inteligentes de los periodistas y defensores de los derechos humanos del país, según una declaración oficial de los grupos afectados.
En junio de 2017, un grupo de expertos presentó pruebas de 76 incidentes relacionados con ataques a periodistas y defensores de los derechos humanos con un software espía llamado Pegasus, desarrollado por la firma israelí NSO Group. Pegasus permite el acceso y vigilancia de las comunicaciones y actividades que lleva a cabo la víctima con su celular. Los incidentes fueron documentados por Article 19, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y las ONG mexicanas R3D y SocialTIC.
Luego de que el New York Times informara sobre los hallazgos, el presidente Enrique Peña Nieto sdolicitó a la Fiscalía General que respondiera a las acusaciones. Los grupos afirman que, desde junio de 2017, las autoridades no han requerido la documentación relativa al uso del software ni tampoco investigaron su implementación técnica ni entrevistaron a ningún empleado público que haya sido capacitado para usar el software.
Ahora solicitan una investigación independiente sobre los hallazgos, con el argumento de que la Fiscalía General no puede llevarla a cabo, dadas las pruebas de que, en principio, fue este organsismo el que adquirió el software maligno. Y aunque el Gobierno mexicano aún no lleva a cabo una exhaustiva investigación por su cuenta, ha solicitado la asistencia del Gobierno de Estados Unidos para la tarea, pedido que los funcionarios estadounidenses rechazaron.
Esta es la última actualización de una serie de revelaciones e investigaciones sobre el uso de software de vigilancia en México que data de 2013. Los formuladores de políticas que defienden las políticas de salud pública más fuertes y los expertos que investigan las desapariciones de 43 estudiantes de Ayotzinapa también han sido objetivos del software.
Sentencian a líder de derechos humanos de Bahréin a cinco años por unos tuits
El 21 de febrero, Nabeel Rajab, elocuente líder del Centro por los Derechos Humanos de Bahréin, fue sentenciado a cinco años de prisión por una serie de tuits que, según los fiscales, eran “insultos a las instituciones nacionales” e “insultos a los países vecinos”. En los tuits, Rajab criticaba la postura de Arabia Saudita en la guerra civil de Yemen y, además, apuntó a las pruebas de tortura y maltratos en la prisión Jaw de Bahréin publicadas por Human Rights Watch.
Caricaturista de Malasia podría ir a prisión por pintar de payaso al PM
El caricaturista Fahmi Reza fue procesado y encontrado culpable de “difundir comunicaciones falsas” luego de publicar en Facebook una caricatura pintada a mano del primer ministro de Malasia, Datuk Seri Najib Razak, maquillado como un payaso. En una siguiente publicación sobre el caso, escribió:
Reza fue sentenciado a un mes de prisión y multado con 30.000 ringgits malayos (casi USD7.600), de conformidad con el artículo 233 la le Ley de Multimedios y Comnunicaciones de 1998. Su abogado apelará el veredicto.
Reportero gráfico digital de Cachemira lleva 150 días detenido
El reportero gráfico Kamran Yousuf ya lleva detenido150 días desde su arresto en septiembre de 2017. Finalmente, el 18 de enero fue acusado de estar asociado a la “financiación del terror y las actividades contra el estado del Valle de Cachemira”. El pliego de cargos también sostiene que no cumplió con el “deber moral de periodista” por haber desatendido la cobertura de toda “actividad social y de desarrollo del Gobierno del Estado o del Gobierno de India”.
Yousuf se hizo célebre el año pasado cuando se viralizaron en los medios sociales sus fotos y videos de procesiones funerarias y batallas de piedras, que tuvieron decenas de miles de visitas y compartidos. El Consejo de Prensa de India expresó preocupación por su detención. El Gremio de Editores de Cachemira y el Comité para la Protección de los Periodistas también piden su liberación.
Procesan a ciudadano macedonio por publicar fotos de policías en servicio
La policía de Macedonia presentó cargos contra una persona que tomó fotos a oficiales de policía en servicio durante las elecciones locales y las publicó en Facebook. El fotógrafo publicó 30 fotos con la intención de dejar pruebas de las posibles irregularidades del proceso electoral. El Tribunal de Primera Instancia de Gevgelija lo encontró culpable de “abuso de los datos personales” y dictó una sentencia de tres meses de prisión. Esta persona, cuyo nombre se desconoce, está apelando la decisión.
Periodistas de Turquía presos de por vida
Seis periodistas turcos recibieron sentencia de prisión perpetua por “tratar de derrocar el orden constitucional” el mismo día en que el periodista germano-turco Deniz Yucel fue liberado luego de estar un año detenido sin caregos. Yucel fue arrestado bajo sospecha de “incitar el odio racial y la enemistad” y “difundir propaganda de una organización terrorista”. Su liberación se dio poco después de la visita del Primer Ministro de Turquía a Alemania. Actualmente, hay 155 periodistas cumpliendo sentencias en Turquía.
Un español podría quedar preso por unos tuits misóginos
El 16 de febrero, un español de 22 años de edad fue sentenciado por la Corte Suprema del país a dos años y medio de prisión por publicar tuits durante 2015 y 2016 donde “incitaba a la violencia contra la mujer”. Uno de los tuits que destacaron las autoridades decía: “Y 2015 finalizará con 56 asesinadas, no es una buena marca pero se hizo lo que se pudo, a ver si en 2016 doblamos esa cifra, gracias”. El hombre había sido condenado anteriormente a dos años por esos tuits y por otros que, según las autoridades, “glorificaban al terrorismo”. En una revisión, la Suprema Corte absolvió la condena relacinada con el terorismo, alegando que los tuits eran “genéricos”, pero aumentó el castigo por los mensajes contra las mujeres.
Venezuela recopila más datos de los ciudadanos y los retiene durante más tiempo
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela ha extendido la ya larga lista de datos personales necesarios para acceder a los servicios de telefonía del país. También prolongó el período en que las operadoras deben retener los datos, de tres meses de la expiración del contrato a cinco años.
La nueva norma hace de Venezuela uno de los países con el período de retención de datos más largo de Amértica Latina, a la par de Colombia. Además del documento de identidad, la firma, las huella dactilar y el nombre y dirección completos, ahora el usuario deberá dar una dirección de correo electrónico, ser fotografiado y dejar su huella dactilar en un dispositivo biométrico. La comisión dijo que las operadoras deben digitalizar los datos recopilados, pero no dio especificaciones sobre cómo deben protegerlos, solo que las operadoras y el aparato de seguridad del estado definirán las condiciones para su adecuado almacenamiento y tratamiento.
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Fotografía: Global Voices
