Por: Jaime Armendáriz / Raíchali. 28/04/2025
La mayoría de las opiniones vertidas hicieron énfasis en la precarización laboral y la falta de seguridad social para quienes ejercen el periodismo, una condición que debería combatirse con las normas actuales del trabajo que deberían cumplir los medios de comunicación, más que con una ley de protección, señalaron varios periodistas asistentes
Dudas, incertidumbre, desconfianza y desinterés desde el gremio periodístico, ha dejado la propuesta que analiza el Congreso del Estado para crear la “Ley para la Protección Integral de Personas Periodistas y Trabajadores de la Prensa”.
La iniciativa, impulsada por la diputada local morenista Rosana Díaz Reyes, se llevó a foros abiertos de consulta en distintas sedes por el estado de Chihuahua, a fin de recabar opiniones en torno a la propuesta, sin embargo la asistencia en cada uno de esos encuentros fue baja, hubo pocas opiniones al respecto, y las emitidas, cuestionaron si había necesidad de crear “una ley más”.
El primero de los foros de consulta, todos organizados por la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se realizó el 10 de marzo en una sala del Congreso del Estado en la ciudad de Chihuahua. Posteriormente se llevaron a cabo en Delicias, Parral y Ciudad Juárez. En este enlace puedes ver un listado con las grabaciones de todos los foros.
La mayoría de las opiniones vertidas hicieron énfasis en la precarización laboral y la falta de seguridad social para quienes ejercen el periodismo, una condición que debería combatirse con las normas actuales del Trabajo que debieran cumplir los medios de comunicación, más que con una ley de protección, señalaron varios periodistas asistentes.
“Hay colegas que no tienen para pagar una renta, o los servicios básicos. No debe haber una ley al vapor”, dijo Rosario Aguilar, integrante de una agrupación periodística. Dijo que en un lapso de por lo menos 15 años, se han analizado varias propuestas para crear leyes de protección sin avanzar en temas sustanciales.
Óscar Rosales, periodista de Raíchali, consideró que lejos de generar una nueva ley, debería haber voluntad política para abatir los actuales índices de agresiones que hay hacia la prensa en la entidad. Puso como ejemplo el caso de un reportero de nota policiaca, agredido este año por policías municipales sin llegar a ninguna consecuencia para sus agresores. “Las principales agresiones vienen desde las autoridades”, enfatizó.
Por otro lado conminó a analizar otros aspectos antes de “una ley de protección”, como la regulación de la publicidad oficial, con la cual los gobiernos han pagado miles de millones de pesos a medios de comunicación para controlar la línea editorial, mientras que sus propios trabajadores operan en condiciones de bajos recursos, pocas o nulas prestaciones, y la inseguridad que conlleva hacer periodismo.
También varias de las voces expresadas en ese encuentro consideraron que el Congreso local debería realizar mesas técnicas con especialistas para saber si es buena idea generar una propuesta de protección como se plantea.
Asímismo hubo mujeres periodistas que exigieron que, en caso de generar una ley, se contemplen sanciones por la violencia que se ejerce desde el poder hacia las mujeres que llevan el ejercicio de la comunicación y libertad de expresión.
Actualmente en Chihuahua se tienen 2 mecanismos de protección a periodistas. Uno llevado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y otro por la unidad de Protección a Periodistas dentro de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos y Desaparición Forzada, de la Fiscalía General del Estado (FGE). Pero en ambos casos hay cuestionamientos de su funcionamiento.
Uno de esos casos es el de la periodista Rocío Gallegos, directora del medio independiente La Verdad, de Ciudad Juárez. En el 2017 puso una queja en contra del entonces gobernador Javier Corral, ya que luego de publicar una nota sobre un video donde se le acusa de proteger a un presunto narcotraficante, Corral Jurado, publicó en su página personal un artículo de opinión con señalamientos en contra de Gallegos, entonces directora editorial de El Diario de Juárez.
Ella estuvo en uno de los foros de consulta sobre la nueva ley que se busca crear e hizo énfasis en esa queja del 2017. “No necesitamos más leyes, queremos que las leyes que ya existan funcionen”, subrayó.
Se deben tener acciones reales para combatir la impunidad, apuntó.
Esquema de protección debe acompañarse con combate a la impunidad: CPJ
Cualquier esquema de protección tiene que ir acompañado por una política que combata la impunidad, porque cuando se siguen cometiendo crímenes, entonces una institución para protección ya no tendrá el efecto que se espera, dijo Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés).
Entrevistado por Raíchali, Hootsen dijo que desde el CPJ siempre se le da la bienvenida a aquellas propuestas generadas en los estados para buscar proyectos serios de protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos, pero “siempre hay un paréntesis muy grande”, apuntó.
Al respecto detalló que si bien pareciera un avance que existan este tipo de iniciativas como la que se analiza en Chihuahua, los trabajos deben diseñarse de una forma en que las instituciones que busquen proteger periodistas sean totalmente autónomas, con presupuesto bien definido, integrado por los perfiles adecuados que conozcan y entiendan sobre el derecho a la libertad de expresión, “o de lo contrario van a terminar siendo una pelota más en la cancha de la política local”, acotó.
En su visión existen 3 ejemplos de protección a periodistas que funcionan medianamente bien. El de Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México. Pero hay otros como Baja California o Michoacán, donde sus leyes para evitar agravios al periodismo “terminaron siendo tigres de papel sin autonomía, sin presupuesto, sin capacidad de coordinarse, y el peligro siempre está ahí”, añadió.
Por eso recalcó que la simple creación de leyes no resuelven el problema, sino atender la impunidad como tal. “Si los gobiernos estatales van a crear ese tipo de instituciones de protección, tienen que entender que es un trabajo de largo aliento, de mucho tiempo, de la práctica, error y corrección”, finalizó.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: La verdad Juárez
