Por: Héctor Tomás Zetina Vega. Cuernavaca, Morelos. 15/05/2025
Los resolutivos de la comunidad académica congelados por el cálculo político de las autoridades educativas
y los legisladores federales
Los acuerdos claros a favor de la autonomía y por la recuperación del carácter nacional alcanzados en el Congreso Nacional Universitario (CNU)[1] de 2021 representan la propuesta de transformación institucional más relevante para la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) desde 1992, cuando Salinas de Gortari entregó sus Unidades Regionales a los gobiernos estatales y las subordinó a la lógica clientelar del SNTE. Pese a que la comunidad universitaria se pronunció mayoritariamente por la autonomía, el Senado de la República sigue debiendo el paso siguiente, que es la publicación de la Ley de Autonomía derivada de dichos resolutivos. En la primera etapa del CNU de la UPN; llevada a cabo heróicamente contra viento, marea y pandemia por el anterior Consejo Académico, y las y los compañeros que organizaron los comites regionales, a través de los foros y espacios de diálogo se debatieron los criterios necesarios para el cambio de la figura jurídica de la Universidad Pedagógica, pero de manera más profunda, se debatió su capacidad para transformar, en el campo educativo, las estructuras de opresión que replican las violencias del sistema-mundo colonial: ecocidio, racismo, clasismo, patriarcado, tecnocratización, privatización de la vida pública y personal, y precarización laboral. Cuatro años después de los resolutivos de la primera y fundamental etapa del CNU, el Senado de la República mantiene congelado el derecho a la autonomía de los universitarios. Por eso es urgente que la comunidad de la UPN sostenga el diálogo sobre qué se tendrá que seguir haciendo para democratizar sustantivamente la participación universitaria, erradicar las desigualdades de género y salariales, mejorar la práctica educativa y fortalecer la voz de las y los estudiantes. Aun con la nueva figura jurídica, ¿cómo puede evitarse que la perspectiva jerárquica-autoritaria siga encontrando fisuras para colarse e incidir en la dinámica de la universidad? Esto se tiene contemplado para los foros de la segunda etapa del CNU que, en este caso, algunas autoridades de la UPN y grupos de interés han detenido temiendo la continuación de las profundas críticas a las lógicas del status quo que se abrieron en la primera etapa, particularmente las que tienen que ver con las prácticas del charrismo sindical del SNTE y su relación con el entorpecimiento burocrático y la mezquina intención de desvirtuar las actividades sustantivas de la Universidad colocando las fichas a su gusto.
La UPN, con más de 67 000 estudiantes y 5 000 académicos, es un microcosmos de las contradicciones del México real. Si bien la reforma jurídica promete resolver problemas históricos —como la dependencia administrativa de los institutos y organismos educativos de los gobiernos estatales y la sujeción al corporativismo sindical oficialista—, resulta indispensable atender la crisis de las violencias y la impunidad. Las distintas formas de violencia, que se denuncian en foros y frecuentemente en redes sociales y noticias en los diarios, no son incidentes aislados; son signos permanentes de un modelo que ha naturalizado la desigualdad y el silenciamiento. Este modelo es inviable frente a una generación en edad universitaria cada vez más consciente de la necesidad de democratizar las instituciones y la vida pública para garantizar una plataforma mínima sobre la cual ejercer sus derechos.
La descentralización de 1992 fue el punto de partida del agravimiento de estas desigualdades a lo largo de las últimas décadas de dominio neoliberal: en las unidades de la UPN regionales docentes y administrativos enfrentan una desesperante inestabilidad en su trabajo, mientras que sus colegas en la sede nacional y pocos privilegiados en las unidades que han tenido oportunidad de acceder a exámenes de oposición para obtener base—algunos de estos pocos con el único mérito de haber sido ungidos por los cabecillas del SNTE, o los mandones locales en turno — acceden a contratos estables, salarios suficientes y prestaciones que favorecen su desarrollo profesional y personal. La autonomía, en este contexto, debe ser un mecanismo para homologar derechos laborales con perspectiva de justicia social, garantizando protocolos contra el hostigamiento y la inequidad laboral. El proyecto de autonomía enfatiza la participación en órganos colegiados, pero ¿quiénes serán incluidos? Históricamente, las y los estudiantes de la UPN, en su mayoría mujeres de clases populares, han sido relegados a roles consultivos, sin poder real en decisiones curriculares o presupuestarias. Esto refleja un adultocentrismo institucional que deslegitima su agencia, pese a que son ellos quienes enfrentan las consecuencias de planes de estudio descontextualizados e infraestructura deficiente. Sin mecanismos vinculantes de participación estudiantil —para decidir sobre becas, movilidad, material educativo, infraestructura, presupuestos o la elección de autoridades—, ninguna autonomía será emancipadora. Tampoco basta con leyes si no desmontan con seriedad las opresiones interseccionales y promueven la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género y la interculturalidad.
Hacia una autonomía descolonial. Propuestas desde las grietas
Para que la UPN trascienda su encrucijada y garantice derechos plenos, la reforma legal hacia la autonomía debe acompañarse de una revolución pedagógica de largo aliento —¿acaso no es esta su motivación colectiva más profunda?—, que priorice comités autónomos contra las violencias de género integrados por estudiantes, académicas y expertas externas; con capacidad para investigar denuncias, sancionar agresores y reformar códigos de conducta. Esta revolución pedagógica debe garantizar a los trabajadores docentes y administrativos la equidad salarial con transparencia, facilitando la publicación de tabuladores, con ajustes automáticos por inflación, carga de responsabilidades y trabajo de cuidados. Asimismo, es ineludible una permanente construcción teórica y práctica de la organización estudiantil, promoviendo asambleas e incluyendo en el currículo cursos, talleres y seminarios sobre derechos laborales, incidencia política y gestión de presupuestos públicos; formando docentes, investigadores y promotores educativos capaces de democratizar la educación desde sus espacios de actuación. Y no menos importante, promover alianzas con movimientos sociales para que las y los estudiantes se instruyan como “profesionales de la educación”, sí, pero también aprendan de las luchas y los movimientos que dan sentido a la historia de las sociedades a las que se deben.
Además de una nueva ley, la UPN requiere un pacto genuino entre todos los sectores de la vida universitaria, horizontal y con amplia perspectiva de derechos humanos; un pacto anticorporativo, antirracista, antipatriarcal y anticapitalista. Su autonomía será vacía si no redistribuye el poder hacia las mujeres, los estudiantes y los grupos históricamente marginados. Con la autonomía y el carácter nacional la UPN tiene la oportunidad de dejar de ser instrumentalizada por el charrismo sindical y los gobiernos estatal y federal en turno, y convertirse a la vez en un territorio social emancipado y un espacio de libertad para la producción científica, donde la pedagogía sea verdaderamente liberadora frente a las fracturas de un país que sigue sangrando por la normalización de la frivolidad, los cálculos políticos de corto plazo, la desigualdad y las violencias.
[1] La información sobre el Congreso Nacional Universitario de la UPN se puede revisar en su sitio oficial: https://congreso.upnvirtual.edu.mx/
