Por: Ricardo Sáenz de Tejada. 15/12/2023
El presidente electo, Bernardo Arévalo, enfrenta una avalancha de acciones legales para impedir su asunción el próximo 14 de enero. Las movilizaciones sociales, acaudilladas por autoridades indígenas, han logrado hasta ahora frenar al «pacto de corruptos» con apoyo de la comunidad internacional.
La madrugada del 2 de octubre de 2023, decenas de comunidades indígenas se movilizaron a puntos clave de las carreteras del occidente, centro y suroriente del país para detener la circulación de vehículos. Días antes, una alianza de autoridades ancestrales encabezada por la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, la Municipalidad Indígena de Sololá y el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala convocaron a un paro nacional indefinido para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
Estos cuatro funcionarios actuaban como operadores de lo que se empezó a denominar como un «golpe de Estado en cámara lenta», que busca impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman la presidencia y vicepresidencia el 14 de enero de 2024. El desencadenante del paro nacional fue el allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte de fiscales que secuestraron las actas de los resultados electorales de junio y agosto de 2023. La amenaza de modificar los resultados o anular las elecciones se hizo real en las imágenes de funcionarios del Ministro Público, con los rostros cubiertos y con el apoyo de decenas de policías, pasando literalmente por encima de los magistrados del TSE para llevarse las cajas con la documentación electoral.
El primer día de la protesta fueron bloqueados 15 tramos carreteros, ubicados mayoritariamente en territorios indígenas (Totonicapán, Sololá, Chimaltenango y Santa Rosa). Conforme pasaron los días, organizaciones de mujeres, campesinas, estudiantiles, sindicales, colectivos, grupos y personas individuales se fueron incorporando al paro bloqueando más carreteras y calles en las zonas urbanas. En la mayoría de los puntos de protesta se realizaron actividades artísticas y lúdicas que, además, propiciaron la recuperación de espacios públicos y la convivencia y el diálogo ciudadano. Se organizaron fiestas populares, se llamó a la defensa de la democracia y se presentaron reivindicaciones locales. Representantes de las autoridades ancestrales se instalaron y se mantienen hasta hoy frente a la sede del Ministerio Público, que se ha convertido en uno de los epicentros de las protestas.
El 20 de octubre, aniversario de la Revolución de 1944, se realizó una concentración y manifestación encabezada por el presidente electo, Bernardo Arévalo, quien hizo un llamamiento contra el golpe de Estado. Decenas de miles de guatemaltecos desfilaron hacia la Plaza de la Constitución, donde se volvió a expresar el pedido de renuncia de los operadores de las maniobras para impedir la toma de posesión de Arévalo. Finalizaba así un período del paro indefinido, que continúa bajo otros formatos de protesta.
Las jornadas de octubre de 2023, aunque no lograron la renuncia de la fiscal y sus secuaces, dejaron dos lecciones. Primero, se confirmaba que el centro de gravedad de la protesta y del liderazgo político y social ha cambiado. Fueron los pueblos indígenas, sus autoridades y organizaciones quienes demostraron capacidad y legitimidad para movilizarse y convocar a otros actores sociales del país. Mientras que en las movilizaciones de 2015 el protagonismo fue de los colectivos urbanos y el centro de la movilización fue la plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala, en 2023 el liderazgo es indígena y la protesta se dispersó en centenares de localidades a lo largo y ancho del país. Segundo, por primera vez desde el intento de autogolpe del presidente Jorge Serrano Elías en 1993, los guatemaltecos salieron a las calles a defender la democracia y los resultados electorales. La posibilidad de que se instalara en el país una dictadura propició la movilización de miles de personas decididas a defender los resultados de las urnas.
La derrota del «pacto de corruptos»
Desde el segundo semestre de 2016, Guatemala vive una ofensiva autoritaria que, en un primer momento buscó expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y, posteriormente, hacerse del pleno control del Estado y garantizarse impunidad y la continuidad de la corrupción como instrumento fundamental de acumulación. La ofensiva fue impulsada por una coalición de redes de corrupción (conocidapopularmente como «pacto de corruptos») que incluye a políticos, funcionarios, empresarios, proveedores del Estado, redes de militares en retiro, medios de comunicación, algunos pastores neopentecostales, personas procesadas por corrupción y grupos criminales propiamente dichos.
La estrategia de esta coalición buscó garantizarse el pleno control o una fuerte influencia en la mayoría de entidades del Estado (poderes ejecutivo y legislativo, sistema de justicia, Contraloría General de Cuentas, Universidad de San Carlos, Procurador de Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral y Corte de Constitucionalidad) y criminalizar a los opositores, incluidos operadores de justicia, periodistas, líderes y lideresas de sociedad civil, defensores del territorio y dirigentes políticos. Decenas de personas criminalizadas han debido exiliarse en Estados Unidos, México, Costa Rica y España. El encarcelamiento del periodista José Rubén Zamora y de la fiscal Virginia Laparra se han constituido en casos emblemáticos y advertencia para el resto de la ciudadanía.
Con las elecciones de 2023, el «pacto de corruptos» buscaba perpetuarse en el poder. Para ello, eliminó las candidaturas que podían desafiarlo (Thelma Cabrera, Roberto Arzú y Carlos Pineda), pulverizó el sistema de partidos (22 candidaturas presidenciales) e invirtió recursos públicos e ilícitos para posicionar a los candidatos de su preferencia, particularmente a Manuel Conde, del partido oficialista Vamos por una Guatemala diferente.
Sin embargo, en la primera vuelta electoral del 25 de junio esta estrategia fue derrotada. La combinación de la fragmentación del sistema de partidos, el voto de protesta (1 de cada cuatro votos fueron nulos o en blanco) y el apoyo al candidato del Movimiento Semilla Bernardo Arévalo posibilitaron que la segunda vuelta electoral se disputara entre este partido progresista y la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres. El apoyo social se volcó hacia Arévalo, que ganó la segunda vuelta electoral con 61% de los votos frente a 39% de su contendiente (Arévalo solo había obtenido 15,5% en la primera vuelta).
En respuesta a esta sorpresa electoral, el 26 de junio la Fiscalía empezó a operar en contra del Movimiento Semilla. Activó un caso ya prescrito de perjurio, para convertirlo en una acusación por criminalidad organizada aduciendo falsedad ideológica y lavado de dinero. Esto llevó a la suspensión provisional de la personería jurídica del partido y a la salida al exilio de varios de sus fundadores. La intención era utilizar la cancelación del partido para declarar nulos, de manera retroactiva, todos sus actos, incluida su participación electoral, y de esa forma impedir que asumieran la presidencia y las posiciones en el legislativo. El partido obtuvo una resolución ambigua la Corte de Constitucionalidad que suspendió provisionalmente la medida.
Como el intento de ilegalizar al Movimiento Semilla fracasó, las baterías se enfilaron en contra del proceso electoral en su conjunto. Se han hecho acusaciones contra el TSE, las juntas receptoras de votos e incluso los digitadores de los resultados electorales. Estas acciones en contra del TSE incluyeron varios allanamientos. De manera bastante delirante, la coalición gobernante pretendería anular el proceso electoral y repetir las elecciones solo con los partidos «permitidos» o bien impedir la toma de posesión de las autoridades electas y obligar a que el Congreso (dominado por el «pacto de corruptos») nombrase a autoridades provisionales.
Desde agosto, y ante la amenaza del rompimiento del orden democrático, la mayoría de cámaras empresariales, partidos de distinto espectro ideológico y la Iglesia católica han exigido que se garantice el cambio del gobierno en la fecha y forma prevista. Por su parte, la comunidad internacional se ha posicionado de manera unánime exigiendo el respeto de los resultados electorales.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha promovido una serie de reuniones para abordar la situación del país y ha condenado enérgicamente los intentos por sabotear el cambio de gobierno. En el mismo sentido se ha pronunciado la Unión Europea (UE), el Parlamento Europeo y varios países miembros de la Unión. Estados Unidos ha sancionado de diversas formas a funcionarios y personas involucradas en acciones antidemocráticas. El 1 de diciembre aplicó a Miguel Martínez, pareja del presidente Alejandro Giammattei la ley Magnitsky, que incluye sanciones económicas, y el 11 de diciembre anunció el retiro de visas para 300 personas, incluidos más de 100 diputados, empresarios y familiares.
Aunque el «pacto de corruptos» se ha ido debilitando y está cada vez más aislado, el control que tienen sobre la Fiscalía, parte del organismo judicial y el Congreso -a lo que se suma la complicidad del poder ejecutivo- les ha posibilitado lanzar una última andanada de acciones para descarrilar el cambio de gobierno.
El 16 de noviembre, el ministerio público anunció el caso «Toma de la USAC: botín político», derivado de la ocupación de la Universidad de San Carlos de Guatemala por un grupo de estudiantes y trabajadores en respuesta a la imposición de su rector por medio de un fraude electoral. La acusación estuvo acompañada con la captura de tres profesores, un trabajador administrativo, un estudiante y una joven lideresa del Movimiento Semilla. Además, y este era el objetivo central, se solicitó desaforar al presidente y vicepresidenta electos así como a varios diputados por apoyar la protesta estudiantil. Arévalo y Herrera fueron acusados de «depredación del patrimonio nacional, asociación ilícita y tráfico de influencias». Como prueba, el Ministerio Público presentó imágenes de mensajes de la red X y una fotografía de la vicepresidenta electa en las afueras de la universidad. El juez retiró los delitos graves a los detenidos, y se espera que el caso no tenga mayores consecuencias.
En su afán de golpear a la institucionalidad electoral, el Ministerio Público presentó y logró el desafuero de cuatro de los cinco magistrados del TSE con la intención de desintegrar el órgano. Los cuatro magistrados desaforados salieron del país para evitar su posible captura, y la presidenta, que no tiene acusaciones en su contra, se ha mantenido firme en defender los resultados electorales.
Como ninguna de las acciones emprendidas por el Ministerio Público les da resultados, el 8 de diciembre lanzó una andanada de acusaciones contra el partido Movimiento Semilla, el presidente electo Bernardo Arévalo y el TSE. Contra el partido, retomó el caso de supuestas anomalías en el proceso de su registro en 2017; contra el presidente electo, que es secretario general del Movimiento Semilla, lanzó una acusación de lavado de dinero por un préstamo del partido para pagar una multa del TSE; contra el TSE presentó una serie de acusaciones que incluyen la compra sobrevalorada de un programa informático para la transmisión de datos, supuestas inconsistencias en las actas electorales, y otros señalamientos poco sustentados pero que llevaron a que el fiscal José Rafael Curruchiche declarara nulas las elecciones de 2023.
En ningún escenario, después de la oficialización irrevocable de resultados el 31 de octubre pasado, ninguna autoridad podría anular las elecciones. Pero pese a ello, la estrategia del Ministerio Público ha permitido instalar en la opinión pública la duda sobre si habrá cambio de gobierno y mucha incertidumbre sobre el futuro. Seis meses de ataques y amenazas han sido agotadores y desgastantes para el conjunto de la ciudadanía.
El Movimiento Semilla: una transición accidentada
Desde junio pasado, el Movimiento Semilla ha tenido que invertir buena parte de su tiempo y su capital político en defenderse de acusaciones espurias. La defensa se ha movido en varios planos: el legal y la construcción de alianzas (además de la ya mencionada búsqueda de apoyo internacional). Dado que la coalición gobernante mantiene el control del sistema de justicia, el Movimiento Semilla se ha visto ante la imposibilidad de ejercer el derecho a defensa. Aunque la Corte de Constitucionalidad ordenó al juzgado que lleva el caso permitir al Movimiento Semilla conocer la acusación en su contra, este ha desobedecido impunemente. Otros procedimientos han sido igualmente rechazados. Por su parte, la recientemente electa Corte Suprema de Justicia no ha dado con lugar ni rechazado las solicitudes de antejuicio contra el próximo ejecutivo, lo que podría convertirse en una amenaza después de la toma de posesión. Finalmente, la Corte de Constitucionalidad, que pudo haber terminado con este conflicto desde agosto, ha optado por mantener una posición ambigua, aparentemente midiendo la correlación de fuerzas.
En cuanto a las alianzas, el presidente Arévalo y su equipo han tejido una importante red de apoyos internos que incluye desde las autoridades de los pueblos indígenas hasta las principales cámaras empresariales, pasando por universidades, centros de investigación y la mayoría de organizaciones de sociedad civil. Este respaldo se ha expresado tanto en pronunciamientos como en importantes movilizaciones. En la misma dirección, ha iniciado acercamientos con los alcaldes electos y con la próxima legislatura. Esto ha posibilitado generar espacios de diálogo y sentar las bases de la gobernabilidad futura. Sin embargo, no ha sido suficiente para detener la intentona golpista.
En este contexto, el cambio de gobierno ha sido accidentado. El presupuesto aprobado por el Congreso actual para el próximo año está lleno de trampas, bolsones de corrupción y candados que, de entrar en vigencia, limitarían las capacidades de acción del gobierno entrante. Además, en días recientes se produjo un supuesto hackeo a los sistemas de compras públicas, lo que puede ser parte de actos de corrupción de última hora. A esto se suma que, a un mes de la toma de posesión no se ha presentado el gabinete de gobierno para evitar que sus integrantes sean criminalizados, lo que ha contribuido a generar interrogantes sobre la composición del poder ejecutivo.
Pese a todo lo anterior, una vez más los guatemaltecos le han arrebatado una nueva oportunidad a la historia. Cuando parecía inevitable la consolidación de la dictadura corporativa mafiosa a través de la manipulación del proceso electoral, la ciudadanía rechazó la imposición y posibilitó la victoria progresista. Frente al alineamiento de los poderes del Estado para impedir la asunción del nuevo gobierno, los pueblos indígenas han liderado durante más de 70 días acciones de protesta y resistencia que han mostrado la decisión de la mayoría de la población de defender la democracia y hacer respetar los resultados electorales. Las próximas cuatro semanas serán críticas, ya que, hasta que Bernardo Arévalo reciba la banda presidencial, la coalición de poder que tiene secuestrado al Estado tratará de impedir el cambio que Guatemala eligió, espera y necesita.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: NUSO
