Por: La Izquierda Diario México. 12/02/2025
Un juez determinó la medida de que los funcionarios que integraron el Comité de Compras y Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa deberán pagar 20 de los más de 500 millones de pesos que desviaron mediante distintas compras a sobre precio y sin licitación que la institución educativa hizo a empresas ligadas a la familia del difunto cacique universitario ligado al narco Héctor Melesio Cuén Ojeda. Para cumplir con la medida, rectoría UAS, encabezada por Jesús Madueña Molina, está “solicitando” a la comunidad universitaria y a la sociedad sinaloense su “cooperación”.
La Fiscalía del Estado de Sinaloa aceptó que el mencionado Comité pague solo el 3.73% de un total de 535 millones 784 mil pesos que han desviado a lo largo de, al menos, los últimos cuatro años.
Si de por sí el monto ya es desproporcionadamente bajo en relación con la magnitud del daño que este grupo ha hecho a las finanzas de la UAS, la solicitud de una ‘cooperación’ para completar el pago de 20 millones de pesos es un insulto a la comunidad universitaria, máxime que docentes y trabajadores temen que no vaya a ser una ‘solicitud’, sino que en realidad sea una imposición en la que deberán dar una parte de su quincena para lograr este absurdo objetivo.
Esto último no sorprendería dado el nivel de impunidad con el que opera el grupo político que controla a la UAS desde hace 20 años, mismo que fue comandado por el cacique universitario y multimillonario Héctor Melesio Cuén Ojeda, asesinado el 25 de julio de 2024 en una reunión que tuvo con los capos Ismael ‘El Mayo’ Zambada García y Joaquín Guzmán López en Huertos del Pedregal a las afueras de Culiacán. Tras dicha reunión los dos últimos volaron hacia Estados Unidos y fueron aprehendidos por autoridades yankees.
La familia de la cual Cuén Ojeda era patriarca, es decir, los Cuén Díaz, y el partido político que ellos fundaron en el verano del 2012 a través del terror y el clientelismo que imponen en la UAS, o sea, el Partido Sinaloense, han sido los principales beneficiados del multimillonario desfalco en la UAS.
De ahí se nutren voraces intereses capitalistas: empresas de la familia Cuén Díaz como inmobiliarias, laboratorios y restaurantes en las principales ciudades de Sinaloa han sido potencializadas con dinero desviado del presupuesto universitario en una dinámica totalmente parasitaria.
Esta expoliación de recursos, además, la están dejando caer sobre los hombros de estudiantes y sus familias: las cuotas por fichas para preinscripción aumentaron el año pasado en un 100%, de $ 250 a $ 500 pesos. Entrado el 2025, rectoría UAS aumentó el costo de titulación de licenciatura de $ 2 mil 100 pesos a $ 3 mil pesos. El certificado de licenciatura pasó de $ 300 pesos a $ 1000 pesos. El costo de los exámenes especiales pasó de $ 40 a $ 200 pesos. El de las cartas de liberación de servicio social aumentó de $ 55 pesos a $ 250, y la reposición de dicho documento de $ 70 pesos a $ 300. Por parte de la constancia de no adeudo en Biblioteca el costo pasó de $ 350 pesos a $ 500.
El Sol de Culiacán, mediante datos recabados con trabajadores y docentes UAS, informó que el cacicazgo cuenista está pidiendo donaciones de, al menos, $ 1000 pesos. Los Noticieristas, otro medio estatal, confirmó la información retomando las palabras de Milton Ayala, un abogado devenido gánster que a su vez es académico de la UAS en la Facultad de derecho de Los Mochis, la cual ha convertido en su feudo personal, repartiendo plazas y beneficios entre los incondicionales al Partido Sinaloense.
Milton es uno de los operadores más agresivos del cacicazgo cuenista en el norte de Sinaloa, conformando una violenta red represiva en los municipios de Ahome y El Fuerte, según comunican a La Izquierda Diario México trabajadores y docentes que han sido objeto de esta represión.
Todo esto se da en el contexto de las vísperas de elección a rector y directores, en las cuales el grupo cuenista participará implementando métodos gansteriles, para lo cual ya han nombrado a un oscuro personaje como Director de Asuntos Jurídicos: Alfonso Carlos Ontiveros Salas. Ontiveros es otro abogado que también ha fungido como secretario de Seguridad Pública de Culiacán de 2011 a 2013, años en los cuales la familia Cuén estuvo relacionada con eventos violentos, entre los que destaca el asesinato de una joven a manos de Jesús Alfredo Cuén Lazcano ─sobrino del cacique Cuén Ojeda- en 2012.
En relación con este crimen Alfredo obtuvo una sentencia muy benévola; fue por homicidio culposo y no por feminicidio como la familia de la víctima decían que debía haber sido. Cuén Lazcano goza de libertad al menos desde 2022. La disidencia democrática de la UAS sospecha que Ontiveros Salas, desde su posición en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, operó mediante sus contactos para la emisión de la sentencia. Es una hipótesis para nada descabellada. No está por demás mencionar que Ontiveros es otro de los impulsores del fondeo en beneficio de quienes han desfalcado a la UAS.
Ese es el nivel de descomposición de quienes llaman a “solidarizarse con los compañeros universitarios”; los “compañeros universitarios” (Comité de Compras y Adquisiciones) son Héctor Melesio Cuén Díaz (Jr. hijo del cacique Héctor Melesio Cuén Ojeda), Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Salvador Pérez Martínez, Manuel de Jesús Lara Salazar, Norma Alicia Aguilar Navarro e Ismael García Castro. Todos son altos burócratas de la UAS que se han enriquecido a costa de su presupuesto.
Ante esta situación es necesaria la unidad y organización políticamente independiente de estudiantes (de preparatorias y nivel superior), trabajadores, docentes, pero también de padres y madres de familia en quienes los miembros de este cacicazgo universitario están queriendo dejar caer el costo del desfalco.
La radicalización de la protesta contra este cacicazgo es imprescindible: hay que avanzar en la organización de paros, tomas de oficinas y la exigencia de que Jesús Madueña Molina y sus seguidores paguen de sus bolcillos el monto completo del desvío de recursos al presupuesto de la UAS -la fortuna de la familia Cuén Díaz, hasta donde se sabe, supera los 123 millones de pesos y cuentan con, al menos, 79 propiedades en distintas partes de Sinaloa-, así como de garantizar que ellos y su grupo político no aparezcan en las boletas para elegir a rector y directores.
La única democracia y transparencia posible en la UAS solo se puede dar sobre la base de excluir a aquellos que se han empeñado durante 20 años en liquidar, precisamente, las más elementales expresiones democráticas y en fomentar la corrupción para enriquecerse a costa del presupuesto universitario el cual, en última instancia, se nutre de las contribuciones que con más sacrificio aporta la clase trabajadora y los sectores populares mediante impuestos.
Fotografía: La Izquierda Diario México
