Por: Francisco Valenzuela. 10/03/2023
En Michoacán, sólo un 12 por ciento de las muertes violentas de las mujeres son investigadas como feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
SemMéxico/ElSoldeMorelia, Ciudad de México, 6 de marzo del 2023.- En Michoacán, sólo un 12 por ciento de las muertes violentas de las mujeres son investigadas como feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La cifra está muy por debajo de la media nacional, que es del 25 por ciento, y que por sí sola es calificada como un “subregistro” por colectivas feministas en el país.
Solamente hay siete estados donde el porcentaje es igual o más bajo, mientras que Sinaloa se ubica en el otro extremo, pues siete de cada 10 asesinatos se comienzan a investigar como feminicidios. En el panorama nacional, Michoacán fue el tercero con más asesinatos de mujeres el año pasado: 232 entre enero y diciembre, apenas por debajo de Guanajuato y a la par de Baja California.
La desproporción entre ambas clasificaciones es todavía mayor en este 2023: en enero, según la misma fuente, se documentaron 14 crímenes donde la víctima fue una mujer, pero sólo una se investiga como feminicidio, es decir, un siete por ciento. A eso hay que sumar 11 casos que se indagan como homicidio culposo, en otras palabras, como un accidente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que desde la apertura de una carpeta, toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada como feminicidio. En el portal del Centro de Estudios Constitucionales, se indica que “las autoridades estatales deben asegurar una aplicación del marco jurídico vigente, además de contar con políticas de prevención y prácticas que permitan erradicar la discriminación y violencia contra la mujer. Incumplir con esa obligación desde los órganos investigadores y los impartidores de justicia puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular”.
Un botón de muestra es el caso de Frida Santamaría García, joven de 24 años que fue asesinada a mediados del año pasado en Sahuayo. Tras varios meses de investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE) clasificó al caso como homicidio culposo, restando así la posibilidad de un juicio por feminicidio, con lo cual el inculpado salió libre bajo fianza.
Alertas municipales no funcionan
Como una medida de protección para los derechos humanos de las mujeres, en 2016 se creó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 14 municipios de la entidad: Uruapan, Pátzcuaro, La Piedad, Apatzingán, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora, Maravatío, Zitácuaro, Los Reyes, Tacámbaro, Huetamo y Sahuayo, zonas donde se concentra el 80 por ciento de las agresiones.
Sin embargo, tras más de seis años el objetivo se ha cumplido en una escala mínima, “en un 25 por ciento”, según declaró la semana pasada Carolina Rangel Gracida, titular de la Secretaría de la Mujer. Su antecesora en el cargo, Tamara Sosa Alanís, dijo el año pasado que a esos 14 municipios habría que agregar por lo menos otros seis donde también son repetidos los casos de violencia, y puso como ejemplo a Tarímbaro, Tangancícuaro, Cotija y Cuitzeo. Para este 2023 el gobierno estatal invertirá 15 millones de pesos en las demarcaciones con AVG, con la promesa de que ahora sí se cumplirán con las metas.
Protestas suben, pero violencia no baja
El movimiento feminista poco a poco ha crecido en la entidad, con la presencia de diversas colectivas que se organizan no solo para protestar en las calles, sino para presionar al Estado para que se disminuya lo que suelen denominar como violencia machista. La presencia de marchas tuvo una de sus mayores explosiones tras el asesinato de Jessica González Villaseñor en 2020, cuando miles de mujeres tomaron la avenida Madero con el clamor de que se hiciera justicia. En la marcha del 8 de marzo del año pasado asistieron unas 15 mil personas, en una jornada que terminó con agresiones policiales y 25 detenciones.
El canto de batalla por “ni una asesinada más” no ha surtido efecto. El 16 de agosto de 2019 ya eran cientos de mujeres las que caminaban furiosas por la avenida principal del Centro Histórico de Morelia para unirse a la campaña conocida como “No me cuidan, me violan”, pero a partir de entonces las muertes violentas van en aumento. Si solo se consideran las etiquetadas como feminicidios, las estadísticas indican 21 en 2020, 28 en 2021 y 43 el año pasado.
El homicidio contra mujeres y los feminicidios suelen ser los delitos que mayor impactan cuando se revisan las estadísticas históricas, pero hay otros que se suman al clima de violencia en el estado. Un ejemplo es el abuso sexual, que de acuerdo a la FGE registró 516 casos en 2020, 571 en 2021 y 657 el año pasado, una tendencia sostenida al alza.
El acoso sexual pasó de 16 denuncias en 2019 a 190 en 2022, un incremento de más del mil por ciento en solo tres años. La región donde más se registran es Morelia, con 110 víctimas documentadas, seguida de Zamora, Zitácuaro y Uruapan. Son solo los números que terminan en una denuncia interpuesta, pero se tiene certeza de que son muchos más los que no llegan hasta la autoridad.
Lorena Bedolla Ponce, quien está por ser nombrada como jefa de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dice en entrevista que durante el periodo de la pandemia hubo un incremento sustancial de violencia familiar, con víctimas que en su mayoría fueron mujeres. “Tuvimos muchas audiencias en las que se solicitaban medidas de protección porque las mujeres eran violentadas en sus propios hogares”. La abogada calcula que el 30 por ciento de los casos que recibe la Comisión son de una mujer agredida, y en gran parte el victimario es la pareja o algún pariente.
Avances legislativos
El pasado 16 de febrero, el estado dio un paso adelante para castigar con mayor severidad los delitos contra la mujer. El Congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado con lo cual se amplió a 60 años la pena para el delito de feminicidios, mientras que la violencia vicaria podrá ser penada hasta con ocho años de prisión, el doble de lo que contemplaba la ley anterior. También se aumentaron las penas por la tentativa de feminicidio y por el feminicidio infantil, pues tan solo en 2022 se registraron 24 de esos delitos en la entidad, lo que ha puesto alertas en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), encabezada por Fabiola Alanís Sámano.
Por otra parte, ha causado cierto alivio que en los dos últimos juicios orales de feminicidios los culpables hayan recibido la pena máxima de 50 años de cárcel, lo que ocurrió tanto con Diego Urik, asesino de Jessica González Villaseñor, como con Isidro N, responsable de matar a su media hermana de 11 años de edad en Pátzcuaro.
Eliminar libertad anticipada a feminicidas, el pendiente
De acuerdo al Código Penal federal vigente, las personas sentenciadas por el delito de feminicidio tienen la opción de salir de forma anticipada si cumplen con una serie de requisitos.
Consultada sobre el tema, la abogada Ireri Ugalde, quien encabezó el caso de su propia hermana asesinada por su expareja, refiere que para acceder a una libertad anticipada no se debe contar con más sentencias condenatorias o estar dentro de otro proceso penal; los inculpados no deben representar un peligro para la sociedad y demostrar buena conducta, tener cubierta la reparación del daño y que hayan cumplido por lo menos el cincuenta por ciento de la pena impuesta. Por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas, no se podrá acceder al mecanismo de libertad anticipada.
Muchos usuarios de redes sociales se han preguntado si Diego Urik podría salir antes de que cumpla la condena de 50 años que le fue impuesta. La respuesta es sí, siempre y cuando pague la reparación del daño que le fijó el juez por la cantidad de un millón 246 mil pesos. Si demuestra un buen comportamiento dentro del Penal de Mil Cumbres, accedería a esta opción en 25 años, que sería la mitad de su condena.
El 26 de abril del año pasado, las y los diputados federales aprobaron reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Penal Federal. Además de castigar hasta con 40 años la tentativa de feminicidio, estos cambios pretenden que quienes ya estén sentenciados por ese delito no puedan acceder a la libertad anticipada. Por el momento la nueva ley sigue pendiente de ser ratificada en el Senado y de ser así aplicaría a partir de su publicación. Esto significa que todos los casos anteriores, como el de Diego Urik, seguirían optando por los beneficios de la libertad antes de que se cumpla la pena.
En Michoacán, en febrero de 2022 se presentó una iniciativa con proyecto de decreto al Congreso de la Unión mediante el cual se añade al feminicidio dentro del catálogo de delitos que no gozan de la concesión de la libertad anticipada. Para ello, se propuso una adición al quinto párrafo del artículo 137 y también al último párrafo del artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En julio del año pasado, la SCJN propuso la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el feminicidio, la cual va en un sentido similar: “Las personas acusadas de cometer un feminicidio no podrán beneficiarse de inmunidades, indultos, amnistías, figuras análogas o con efectos similares para dejar la prisión. Tampoco podrán acceder a libertad anticipada”, señalan en el documento.
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Fotografía: semmexico. Adid Jiménez
