Por: Arturo Ángel. Animal Político. 18/09/2016
La denuncia que la auditoría de Veracruz presentó por el caso de las empresas fantasma en agosto pasado en contra de la administración de Javier Duarte, es la primera que este órgano interpone en la última década en contra de una administración estatal por presunto desvío de recursos.
Hasta antes de esta denuncia, el Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz (ORFIS) no había detectado ni una sola irregularidad en el manejo de recursos públicos por parte de cualquier funcionario de los gobiernos de Fidel Herrera o Javier Duarte.
Un balance oficial del ORFIS, sobre denuncias penales presentadas de 2007 a 2016 en poder de Animal Político, revela que hasta antes del caso de las “empresas fantasma” se habían presentado 94 denuncias por el posible desvío de más de mil 100 millones de pesos, pero todas fueron contra gobiernos municipales y un fideicomiso mixto.
En el caso de la denuncia por las empresas fantasma, ésta se presentó aun cuando la ORFIS ya había avalado, en años anteriores, los gastos de las dependencias estatales que presuntamente malversaron los recursos.
Fue apenas el mes pasado cuando los auditores locales presentaron formalmente la denuncia en la Fiscalía de Justicia del Estado contra tres dependencias del gobierno de Javier Duarte, por un posible daño patrimonial de más de 940 millones de pesos, la mayor cantidad reportada por la ORFIS en una sola denuncia.
De acuerdo con el documento oficial, esta cantidad está relacionada con pagos realizados en “ejercicios anteriores” a empresas que no fueron localizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El SAT confirmó la inexistencia de los domicilios e infraestructura de estas compañías tras una investigación de oficio que inició luego de que Animal Político publicó, en mayo pasado, un reportaje que evidenció que el gobierno estatal de Veracruz destinó millones de pesos a compañías con domicilios fiscales falsos, y con socios que en realidad eran personas de bajos recursos engañadas para firmar documentos.
Estos pagos se habrían realizado por lo menos entre los años 2012 y 2014, apenas meses después de que varias de estas compañías fueron creadas.
Según el propio documento del ORFIS, la revisión de las cuentas públicas de esos años no arrojó irregularidades en el manejo de recursos del gobierno estatal que derivaran en denuncias penales.
Pero ahora, en 2016, ORFIS reporta que interpuso una denuncia en la Fiscalía Especializada en delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cometidos por Servidores Públicos en contra de las secretarías de Educación, Protección Civil y de Desarrollo Social del gobierno estatal, por el caso de las “empresas no localizadas” y por un posible daño matrimonial de 940 millones 234 mil pesos.
Cabe señalar que el ORFIS tiene facultades para denunciar desvíos de recursos públicos estatales, no federales. Aun así, los 940 millones denunciados de posible daño patrimonial, son inferiores a los 3 mil 300 millones que el Servicio de Administración Tributaria ha dicho que recibieron las empresas fantasma de al menos once dependencias estatales.
En su reporte, los auditores subrayan que estas y todas las demás denuncias interpuestas continúan abiertas y en integración.
Las denuncias contra los municipios
Antes del caso de las empresas fantasma, el 95 por ciento de las denuncias interpuestas por las auditorías del ORFIS fueron en contra de las administraciones municipales por presuntos desvíos de recursos, que representan un daño patrimonial de por lo menos 703 millones de pesos.
Una revisión hecha por Animal Político arroja que el 60 por ciento de los municipios denunciados estaban bajo administración de un gobierno emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el resto por partidos de oposición principalmente del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La denuncia más relevante por el monto del presunto desfalco fue la interpuesta en 2009 contra la administración del alcalde de Tecolutla, Fernando Hernández Méndez, por el desvío de más de 62 millones de pesos. En ese mismo año también se interpuso otra denuncia por un posible desfalco de más de 54 millones de pesos contra el municipio de Álamo Temapache, presidido entonces por Blanca Batalla Herver.
Cabe señalar que en 2011, la entonces Procuraduría General de Justicia del estado reportó la detención de al menos 35 exfuncionarios municipales relacionados con desvíos reportados en el ejercicio fiscal 2009. No obstante, según el ORFIS, todas las indagatorias continúan abiertas.
Con excepción de 2016, el balance del ORFIS arroja que el año en que más recursos públicos fueron desviados fue 2013. Las irregularidades denunciadas penalmente dejaron un daño patrimonial en la entidad de más de 390 millones de pesos. Le sigue el 2012 con 285 millones de pesos y 2009 con 252 millones de pesos.
Solamente en 2014 la revisión de la cuenta pública no derivó en denuncias penales interpuestas por los auditores, de acuerdo con el balance oficial proporcionado.
¿Túnel sumergido en corrupción?
En el 2005 se creó el Fideicomiso del Túnel Sumergido con el objetivo de ser el instrumento financiero para operar, mantener y conservar un puente y un túnel sumergido ubicado que conectaría a los municipios de Coatzacoalcos con Villa Allende. El fideicomiso se alimentaría de recursos, federales, estatales y privados.
Más de una década después la inversión supera los tres mil 800 millones de pesos pero el referido túnel ha sufrido de múltiples retrasos. En 2014 las empresas responsables de su construcción incluso detuvieron los trabajos argumentando falta de liquidez para continuar con los mismos.
De acuerdo con el reporte de los auditores, en 2012 se interpuso una primera denuncia relacionada con este fideicomiso por un daño patrimonial que superaba los 225 millones de pesos, mientras que la revisión de la Cuenta Pública 2013 derivó en una segunda denuncia por un desfalco de 251 millones de pesos.
En suma, de acuerdo con la revisión de los auditores, más de 477 millones de pesos de este fideicomiso han sido desviados ilícitamente según las denuncias penales interpuestas por el ORFIS.
La situación es delicada porque en 2011, ya durante la actual administración estatal, se autorizó la inyección del tres por ciento del impuesto de nómina a este fideicomiso. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Jaime Morales Silva, dijo que se trataba de un “desperdicio” de dinero en una obra que no se ha logrado terminar, pues ésta no benefició a empresas del ramo, además critica que cobrará peaje a los automovilistas.
Miles de millones desaparecidos
Con la denuncia que el ORFIS interpuso en contra de tres dependencias estatales del gobierno de Veracruz, el monto de recursos públicos locales en la entidad que presuntamente fueron desviados ya supera los dos mil 200 millones de pesos.
Se trata de dinero que tras verificaciones hechas por los auditores, no se conoce su destino final debido a que no hay documentos que lo comprueben.
A esta cifra hay que agregar más de 18 mil millones de pesos provenientes de partidas y subsidios federales, que la Auditoría Superior de la Federación descubrió que también fueron desviados por el gobierno de Javier Duarte principalmente, y que ya derivaron en más de 50 denuncias penales presentadas ante la PGR.
Estadísticas de denuncias penales. Cuentas Públicas 2007-2016 en el siguiente enlace
Con información de Montserrat Sánchez Maldonado.
Fuente: http://www.animalpolitico.com/2016/09/organo-fiscalizacion-veracruz-irregularidades-herrera-duarte/
Fotografía: presencianoticias
