Por: Agencia Pública. 16/04/2025
El juez Alexandre de Moraes ordenó la suspensión de la plataforma de videos Rumble. Paralelamente, el presidente estadounidense y sus aliados amenazan con tomar medidas legales.
El presente artículo de Natalia Viana se publicó originalmente en Agência Pública el 24 de febrero de 2025. Global Voices lo reproduce editado por motivos de extensión y contexto, en virtud de un acuerdo de colaboración.
El 22 de febrero de 2025, la plataforma de videos Rumble fue suspendida en Brasil tras una orden emitida por Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) notificó a más de 20 000 proveedores y operadores de internet sobre la medida. Moraes había exigido que Rumble desactivara las cuentas vinculadas al influenciador de extrema derecha brasileño Allan dos Santos, actualmente prófugo de la justicia en Brasil y refugiado en Estados Unidos, y que designara a un representante legal en Brasil. La plataforma decidió no acatar la orden.
Cabe destacar que la decisión del ministro de Moraes también respondió a una provocación tanto de Rumble como del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Pocas horas después de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fuera procesado por la Fiscalía General de la República el 18 de febrero, Trump manifestó su descontento mediante una demanda. Su empresa, Trump Media & Technology Group (TMTG), propietaria de la red social Truth Social, presentó junto con Rumble una demanda judicial en Florida contra Alexandre de Moraes. La demanda argumenta que el fallo del Supremo Tribunal Federal viola el derecho a la libertad de expresión protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Ambas compañías solicitan que el tribunal estadounidense dictamine que Moraes carece de autoridad para imponerles restricciones, dado que tienen su sede en Estados Unidos, a pesar de prestar servicios en Brasil. El momento en que suceden estos hechos resulta muy significativo.
Tras la suspensión de Rumble, las empresas pidieron una medida cautelar para sancionar inmediata y temporalmente a Moraes. Si ya conoces estos hechos, entremos en detalles sobre esta controversia.
Una respuesta decepcionante
La demanda de Trump no cumplió las expectativas de los seguidores de Bolsonaro. Esto se debe, en parte, a los frecuentes viajes de su hijo Eduardo a Estados Unidos para pedir sanciones económicas que evitaran el arresto de su padre.
Por cierto, pocos días después de la acusación, Eduardo estuvo nuevamente en Florida durante la conferencia CPAC. Allí denunció lo que llamó “censura” y “dictadura”, términos que, según él, usaba la extrema derecha, y pidió amnistía para los manifestantes de la “versión brasileña del 6 de enero”. En su discurso, Trump reconoció a la familia Bolsonaro y la calificó de “muy buena familia”, llamó a Eduardo “mi amigo” y dijo: “Envía mis saludos a tu padre”.
Sin embargo, el Gobierno estadounidense no anunció aranceles absurdos ni amenazas de sanciones.
Una demanda sin base legal, pero con impacto político
Lo que vimos fue una demanda legal que carece de sustento y consistencia, y que parece más un acontecimiento político que una acción jurídica real. En esencia, fue una estrategia para generar contenido en redes extremistas y enviar un mensaje claro del presidente de Estados Unidos (al estilo del “saludo” de Trump a Bolsonaro).
En un enfoque característico del movimiento MAGA, la demanda incluye insinuaciones de índole conspirativa, además de ataques directos contra Moraes. Entre otros argumentos, se menciona que el ministro “ascendió al Supremo Tribunal tras un accidente aéreo en el que falleció su predecesor, el juez Teori Zavascki”, que estaba a cargo de la operación “Lavado de Autos”, investigación contra la corrupción de gran magnitud en Brasil. Estas declaraciones parecen pensadas para resonar con quienes creen en teorías conspirativas. Asimismo, se señala que Moraes asumió su cargo “a pesar de no tener experiencia previa como juez”.
Luego, la empresa de Trump intensificó las acusaciones con el argumento de que Moraes evadió mecanismos de cooperación internacional para aplicar la suspensión de Rumble y, en cambio, “fabricó jurisdicción mediante coerción”. La argumentación central de la demanda sostiene que Rumble no tiene obligación de responder ante tribunales brasileños, dado que su sede está en Florida y no debería estar sujeta a la exigencia de designar un representante legal en Brasil. Dicho planteamiento ignora las disposiciones de la legislación brasileña en las que se fundamenta la resolución de Moraes.
Es relevante señalar que los abogados de Trump se refieren a Allan dos Santos como “Disidente Político A”.
Además, intentan presentar un argumento técnico que no convence a quienes entienden el funcionamiento básico de internet. La demanda afirma que “dado que la infraestructura de Rumble está integrada a nivel mundial, suspender el servicio en Brasil afectaría la capacidad para atender completamente a los usuarios estadounidenses, lo que interrumpiría la libertad de expresión”. En realidad, la suspensión se limita a bloquear el acceso a través de la URL en Brasil, sin afectar el “sistema global” de Rumble.
De igual forma, este razonamiento se emplea para justificar la participación de la empresa de Trump en la demanda, señala que “Truth Social depende de la infraestructura en la nube y de transmisión de video de Rumble para ofrecer contenido a sus usuarios. Si Rumble fuera suspendida, esto afectaría las operaciones de Truth Social”. No obstante, si Truth Social desea operar en Brasil, debe utilizar una plataforma que cumpla con la legislación local.
Manual legal para sancionar a Moraes
La parte más sorprendente de la demanda es la comparación que se hace entre las decisiones de Moraes y un fallo de la Corte Penal Internacional, que pedía arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por crímenes de lesa humanidad.
Mediante la orden ejecutiva 14203, Trump ordenó congelar activos y prohibir viajes a funcionarios de la Corte Penal Internacional y a sus familias.
Los abogados de Trump califican las resoluciones del Supremo Tribunal Federal como una “extensión unilateral e ilegal de la autoridad judicial brasileña en Estados Unidos” y una forma de “censura extraterritorial”. Además, proponen un plan para sancionar a Moraes con el precedente de la Corte Penal Internacional.
Según el documento legal, “las tácticas extrajudiciales del ministro Moraes entran en conflicto directo con la política pública de Estados Unidos, según lo indica la orden ejecutiva 14203, emitida por el presidente Trump a principios de febrero. Esta orden se opone a que tribunales extranjeros impongan jurisdicción sobre entidades estadounidenses sin su consentimiento. Mediante la coerción a Rumble para que designe abogados brasileños y la imposición de amenazas de acciones punitivas en caso de incumplimiento, las acciones del ministro Moraes reflejan el tipo de conducta extraterritorial que la orden ejecutiva condena”.
Asimismo, los abogados de Trump sostienen que “los paralelismos entre las acciones de la Corte Penal Internacional, objeto de condena en la orden ejecutiva 14203, y la conducta del ministro Moraes son realmente sorprendentes”. El texto prosigue: “La orden ejecutiva recalca que la intromisión judicial extranjera trasciende el mero procedimiento y constituye una amenaza sustancial para los intereses de Estados Unidos”. En consecuencia, argumentan que “dejar sin control las acciones del ministro Moraes establecería un precedente peligroso, en el que tribunales extranjeros podrían imponer sistemáticamente sus leyes a empresas estadounidenses”.
Truth Social: ¿fachada política?
Otro aspecto importante en esta disputa es el rol de Trump Media & Technology Group (TMTG), la empresa que maneja la red social Truth Social.
Tras revisar su informe anual de 2024 y buscar información en internet, la impresión es que esta corporación fue creada para apoyar el proyecto político de Trump, y no para funcionar como una empresa viable.
Por ejemplo, Truth Social, vigente desde 2021, tiene poco más de seis millones de usuarios activos. Esto es muy bajo en comparación con Facebook (3000 millones), YouTube (2500 millones) o WhatsApp e Instagram (2000 millones cada uno). Incluso Rumble supera los 50 millones de usuarios.
Además, la cuenta Trump (la más destacada en la plataforma) no llega ni a 10 millones de seguidores, y sus publicaciones apenas alcanzan entre 2000 y 4000 «me gusta». En contraste, tiene más de cien millones de seguidores en X (Twitter), mientras que Elon Musk supera los 200 millones. No es sorprendente, entonces, que Trump haya vuelto a usar Twitter, a pesar de haberse comprometido a no usarlo.
En resumen, Truth Social se ha revelado como un intento fallido de competir en el mundo de las redes sociales, ya que no ha logrado captar a un número significativo de usuarios.
La plataforma se une a Rumble en la demanda contra Moraes con la intención de marcar un precedente en el sistema legal de Estados Unidos e intimidar al ministro brasileño. Es posible que, en su lucha por lo que denomina “libertad de expresión” o, paradójicamente, por la libertad de oprimir, Trump utilice Truth Social como un brazo judicial o una prueba piloto para futuras operaciones que su gobierno decida implementar, o simplemente como un espectáculo destinado a generar titulares que pronto pasarán a segundo plano.
Este articulo es parte de The Bridge (El puente), presentacion con opiniones, comentario e investigacion desde la perspectiva singular de la Comunidad de Global Voices. · Todos los articulos
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Fotografía: Global voices. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Imagen artística realizada por Global Voices con imágenes bajo licencia de uso justo.
