Por: Isabela Carvalho. Global Voices. 01/08/2019
El 13 de junio de 2019, el Tribunal Supremo Federal (TSF) de Brasil hizo historia: igualó la homofobia y la transfobia con los delitos de racismo, contemplados en las leyes brasileñas desde 1989.
En la práctica esto significa que hasta que el Congreso Nacional corrija una ley propia sobre el asunto, quienes cometan actos de violencia contra la comunidad LGBTI están sujetos a penas entre uno y cinco años de prisión como prevé la ley ya existente para la discriminación por etnia, color, raza, religión o nacionalidad. La mayoría de ministros –ocho contra tres– votaron por la tesis del relator, el ministro Celso de Mello.
La decisión también ilegaliza la limitación de oportunidades de educación y profesionales por la orientación sexual, así como el acceso a los servicios y edificios públicos. También deberá criminalizarse la divulgación de actitudes y actos homofóbicos en redes sociales y otros medios de comunicación.
Brasil es uno de los países que mata a más personas LGBTI en el mundo, solo detrás de México, Estados Unidos y Colombia. Sólo en 2018, hubo 420 muertes –una cada 20 horas, según un análisis del Grupo Gay de Bahía. De estas muertes, el 72 % es por homicidio y el 24 % por suicidio. Hasta entonces no existían leyes para combatir los prejuicios por orientación sexual o identidad de género en Brasil.
La acción fue presentada ante la Corte por la Asociación Brasileña de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Travestis,Transgéneros e Intersexuales (ABGLT) y por el Partido Popular Socialista (PPS). Las sesiones tuvieron lugar desde febrero hasta llegar a una conclusión.
“13 de junio de 2019: Brasil se convierte en el país número 43 del mundo en criminalizar la homofobia y la transfobia.
Conforme a la decisión del TSF, ahora es un delito “practicar, inducir o incitar a la discriminación o prejuicio en razón de la orientación sexual de una persona”.
En defensa del voto a favor de la criminalización, la ministra Cármen Lúcia enfatizó que “todo prejuicio es violencia, toda discriminación es causa de sufrimiento”, y recordó que muchas veces la discriminación comienza en casa y separa a familias y amigos. También declaró:
“No hay cómo negar la jurisdicción a todos a quienes les fue negado, a veces, el derecho a la vida. La mayoría de veces, también les fue negado el derecho a la libertad y a la dignidad por la ausencia de una legislación aún 30 años después de que la Constitución entró en vigencia.”
El ministro Luiz Fux, que también votó a favor, afirmó que la “violencia simbólica es tan alarmante como la violencia física”, cuando explicó que el reconocimiento de las conductas homofóbicas y transfóbicas puede ayudar a cambiar la cultura popular. Para él, “existe una preocupación mundial por los niveles epidémicos de la violencia homofóbica”, sin embargo la legislación y los legisladores aún se mantienen pasivos y ausentes, de ahí que se necesite una decisión como la del TSF.
Debate jurídico divide las opiniones
Los primeros proyectos de ley para intentar criminalizar las actitudes discriminatorias por sexualidad comenzaron a debatirse en Brasil hace cerca de 20 años. Mientras tanto, la cultura religiosa y conservadora de Brasil dificultó su avance.
Al divulgar la noticia de la criminalización de la homofobia y la transfobia, el propio sitio del TSF resaltó “la omisión legislativa” al crear leyes que defiedan a la población LGBTI del país.
En entrevista con Global Voices, Fernanda Gonçalves, abogada criminalista que actúa en Río de Janeiro, explica que algunos juristas apuntan a que la decisión viola el llamado “principio de reserva legal”, según el cual no hay infracción ni sanción penal si no existe una ley previa.
“En Brasil tenemos tres poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La función característica del Legislativo es crear las leyes y la del Judicial es juzgar. Encuadrar los actos homotransfóbicos en la ley de racismo via intepretación, en teoría, extrapola la función del Poder Judicial, por más noble que sea la intención de la causa involucrada.”
Para la abogada, existe un riesgo cuando el Supremo, formado por ministros escogidos por el presidente de la República y no por el pueblo, crea una norma penal.
“¿Y si en el futuro un presidente de la República nombra a ministros del TSF que deciden que la ley contra el terrorismo se extiende a actos practicados por activistas e integrantes de movimientos sociales? Se abre un precedente peligrosísimo.”
Activistas e investigadores también citan el encarcelamiento en masa de la población negra y pobre del país como algo a ser considerado al crear otra ley más de criminalización. Brasil tiene actualmente la tercera mayor población de presos en el mundo, detrás de Estados Unidos y China.
Una opinión semejante tiene Iran Giusti, activista de derechos LGBTI y presidente de Casa 1, espacio en la ciudad de São Paulo que acoge a personas LGBTI que fueron expulsadas de sus casas. En Global Voices, Iran afirma que se necesita ser cauteloso:
“Necesitamos examinar todo nuestro sistema penal y carcelario. ¿A quién se castiga en el país? ¿Quién está preso en Brasil? Basta con ver los datos para saber que son las personas negras.”
Conquistas y amenazas transcurren en paralelo
En Brasil, también por votación del Supremo, el matrimonio entre personas del mismo sexo fue reglamentado en 2013, y las parejas homosexuales pueden adoptar niños sin impedimentos legales. Mientras tanto, no hay políticas eficaces que promuevan la igualdad y que enfrenten las prácticas homofóbicas y transfóbicas en el ámbito civil. Todavía son constantes las agresiones físicas y psicológicas contra las personas LGBT.
El escenario político vuelve aún más difícil el avance de la agenda de derechos humanos. El actual presidente, Jair Bolsonaro, que manifestó su orgullo de ser homofóbico, tiene un largo historial de comentarios prejuiciosos. Llegó incluso a decir que prefería tener un hijo muerto a un hijo gay y que Brasil “no puede ser el país gay, de turismo gay” porque “tenemos familias”.
A inicios de año, Jean Wyllys, uno de los primeros diputados brasileños en declararse abiertamente gay, renunció a un tercer mandato como diputado federal y abandonó el país luego de años de recibir amenazas de muerte contra él y su familia. Según afirmó en una carta, las amenazas fueron ignoradas por la policía federal. Wyllys es del mismo partido y amigo cercano de la concejala Marielle Franco, ejecutada en Rio de Janeiro en marzo de 2018, Wyllys empezó a temer por su vida.
El lugar de Jean lo asumió otro gay, el ahora diputado David Miranda. A finales de mayo, cuando la votación sobre la criminalización se retomó, David se reunió con el presidente del TSF, Dias Toffoli, para explicarle la importancia de esta decisión.
A principios de mayo, David protocolizó un proyecto de ley federal para combatir la violencia contra personas LGBTI. En una publicación en sus redes sociales, explicó:
“De aprobarse, esa ley garantizará una serie de medidas de protección que podrán salvar miles de vidas. Será un avance civil importante en tiempos de oscurantismo. Es un paso dirigido a construir una sociedad verdaderamente justa y democrática.”
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Fotografía: Noticieros Televisa
