Por: Juraima Almeida. 27/06/2025
La fragilidad de la base aliada del gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva quedó innegablemente expuesta en la votación que revocó el decreto que aumentaba el Impuesto a las Transacciones Financieras (IOF) en la Cámara de Diputados. La medida, considerada esencial por el equipo económico para mantener el equilibrio fiscal, fue rechazada por una amplia mayoría: 383 votos en contra y solo 98 a favor, de un total de 513 parlamentarios.
Más que un problema fiscal, el episodio expuso el aislamiento político del gobierno y marcó un cambio de poder de cara a la carrera presidencial de 2026, señala la analista Letícia Casado. El impacto de la derrota se vio amplificado por el hecho de que partidos con ministerios en el gobierno —como el PSD, el MDB, Republicanos, Unión Brasil y Progresistas— votaron mayoritariamente en contra del decreto, junto con la oposición liderada por el bolsonarismo.
La ruptura entre los poderes Ejecutivo y Legislativo no es un movimiento aislado, sino reflejo de un deterioro más profundo de la gobernabilidad. Con la llegada del calendario electoral, los líderes centristas y de la oposición ya ensayan alianzas con miras a 2026. El resultado de la votación del IOF fue un hito simbólico: demostró que la lealtad de la base gubernamental es cada vez más incierta y que la capacidad del Planalto para definir la agenda del Congreso está en jaque.
La votación reveló que el movimiento de partidos desde las bases hacia la oposición no solo se debe a diferencias ideológicas, sino también a la percepción de que el gobierno ha perdido su capacidad de liderazgo. Las críticas al aumento de impuestos se suman a otras incomodidades, como la insatisfacción con lo que los parlamentarios llaman una «doble actuación» entre el Ejecutivo y el Supremo Tribunal Federal, especialmente en la figura del ministro Flávio Dino.
Dino, quien asumió un escaño en el Tribunal Supremo tras dejar el Ministerio de Justicia, ha sido considerado un actor clave en decisiones que obstaculizan la aprobación de enmiendas parlamentarias. Estas incluyen bloqueos determinados por él y demandas de mayor transparencia en el uso de fondos públicos.
El ministro también es el relator de las investigaciones sobre el uso irregular de fondos, lo que ha agudizado la tensión entre los poderes del Estado. El gobierno no ha descartado emprender acciones legales ante la Corte Suprema para revertir la derrota en el caso IOF. Pero cualquier acción legal agravaría la fricción institucional, si se percibe como un intento de deslegitimar la decisión del Congreso.
Asimismo, el episodio reavivó el debate sobre el uso estratégico de las enmiendas parlamentarias como moneda de cambio político y sobre la autonomía del Congreso respecto del Ejecutivo. Es probable que la tensión aumente a medida que el gobierno se enfrenta a nuevas votaciones sobre temas delicados, en un contexto de desconfianza e inestabilidad.
Barbosa insiste en que la gobernanza se ha derrumbado y sólo la entrada de nuevos actores en la arena política puede reequilibrar mínimamente la disputa por Brasil. «Las noticias distorsionadas y las redes invadidas por la mentira y la violencia ilustran el encarcelamiento colectivo en la irracionalidad: el país deambula preso, ciego y mudo en conciencia, incapaz de ver la injusticia y la opresión de clase para movilizarse por reacciones para igualar derechos y privilegios. Es hora de involucrar a la gente, radicalizar la agenda en defensa del trabajador y entender la dinámica de la percepción comunicativa de las redes: orientar, dominar y convencer. No faltan canales ni recursos: el primer paso es el coraje», concluye.
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Fotografía: Estrategia la