Por: Mariano Schuster. Nueva Sociedad. 29/07/2017
El Salvador consiguió prohibir la minería metálica. Las transnacionales no podrán explotar en el país. En esta entrevista, el activista ambiental Edgardo Mira explica el proceso de lucha y el significado de la decisión.
Hace pocos meses, El Salvador aprobó una ley contra la minería metálica. Esta medida se consiguió luego de años de lucha de organizaciones sociales y ambientales. ¿En qué contexto se encaró este proceso de lucha y como se logró aglutinar en el país una fuerza tal que permitiese evitar el desembarco de las transnacionales para desarrollar los proyectos de minería metálica?
Debo decirte que nosotros vivimos hoy las consecuencias de la instalación de industrias desarrolladas durante el siglo pasado. Existe un ejemplo claro que es el de la Minera San Sebastián en el Municipio de Santa Rosa de Lima, en el Departamento de la Unión. Allí es evidenciable la presencia de un alto nivel de contaminación y, particularmente, de drenaje ácido que ha terminado con la vida de un río que, en su momento, era parte fundamental para la vida de los pobladores. Ese es un ejemplo vivo y presente de la situación de lo que significa la minería en materia socioambiental y de su impacto sobre los bienes hídricos. Por lo tanto, nosotros teníamos en nuestro propio país los ejemplos para demostrar los efectos de este tipo de industrias. Efectivamente, tal como tu dices, nada de lo que conseguimos hubiera sido posible sin un proceso de resistencia. Este proceso comenzó en 2004 con la aparición de las primeras informaciones sobre empresas mineras que estaban ingresando al país con el interés de realizar explotaciones. En ese marco, organizaciones sociales y ambientales localizadas en las zonas potencialmente mineras comenzaron a expresar una preocupación sostenida en el tiempo. Pese a ello, existía un problema y era que la inmensa mayoría de quienes participábamos en temáticas socioambientales no teníamos conocimientos profundos de la minería como industria. Lo primero, por lo tanto, fue tratar de articular posturas y comprender realmente la situación. Por eso, en 2005, decidimos emprender un proceso de lucha y de resistencia, tomándonos muy en serio el análisis y el estudio de la situación específica. Esas organizaciones que conformamos la Mesa Nacional contra la Minería Metálica comenzamos a plantear un discurso y un posicionamiento político muy claro, además de una propuesta de desarrollo alternativo.
Y ese discurso ¿en quién encontró eco? ¿En las organizaciones de izquierda y del progresismo? ¿Qué sucedió con el gobierno?
En primer lugar, debo decirte que este discurso político consideró la situación socioambiental en el país, particularmente la situación de las aguas y la situación demográfica y económica. Esta posición fue socializada en primer lugar con las poblaciones que viven en las zonas potencialmente mineras. Junto con ellos, construimos la fuerza política de resistencia. Eso implicó construir organización social. Desde entonces, se iniciaron diálogos –a veces muy adversos y complicados– con sectores de la sociedad como la Iglesia católica, partidos políticos –particularmente, con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional– y con estructuras de gobierno municipales, departamentales y nacionales. Lo que pusimos en discusión fue el modelo de desarrollo que se pretendía instalar. Esa es la posición que mantenemos hasta la fecha, incluso después de la aprobación de la ley contra la minería metálica. Esa tarea de sensibilización sobre el modelo de desarrollo dio resultados. Pese a ello, hoy no podemos abandonarla, porque el interés de las grandes empresas transnacionales sigue latente.
La lucha contra las empresas transnacionales no suele ser gratuita en ningún lugar. ¿Qué sucedió con los luchadores? En el caso de El Salvador, se produjo un fuerte nivel de criminalización y hasta llegó a haber asesinatos. ¿Cómo lograron sortear esa situación y construir alianzas sociales amplias que permitiesen que el discurso contra la minería metálica consiguiese hacerse hegemónico?
Evidentemente, no fue fácil. Se produjo una criminalización de nuestra lucha y, como dices, llegaron a producirse asesinatos contra ambientalistas que batallaban contra la minería metálica. Eso refleja, desde luego, la complejidad de la lucha. Pero quiero mencionar un asunto fundamental, que a veces se escapa del debate. Nuestra lucha siempre se visualizó contra las empresas transnacionales porque el interés de estas empresas, provenientes sobre todo de Canadá y de Estados Unidos, ha sido históricamente el de querer acaparar los bienes naturales de los salvadoreños y las salvadoreñas. Por eso, aun siendo críticos de las posiciones de poder del capital nacional salvadoreño, debo decir que encontramos apoyo. La contradicción principal era con las transnacionales y, al demostrarle al sector del capital salvadoreño a través de estudios científico-técnicos muy rigurosos, que ellos mismos perderían si se instalaba la minería metálica en el país, conseguimos un aliado importante. El hecho de que la agricultura, la ganadería y espacios industriales muy específicos se verían dañados con la instalación de estas mineras ayudó a que la clase capitalista salvadoreña y sectores del pequeño y mediano empresariado reflexionaran sobre la situación. Ellos, finalmente, vieron el peligro de abrir el espacio a la minería metálica. Eso permeó tanto que, a partir de 2006, el gobierno de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), de corte derechista, decidió no otorgar un permiso de explotación y llegó a retirar otro a una empresa llamada Commerce Group. Evidentemente, las empresas transnacionales reaccionaron con virulencia. Muchas de ellas demandaron al país frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Ese mismo gobierno, en 2009, comunicó de manera pública que, en tanto durara su gestión, no permitiría la explotación de la minería metálica. Entonces, como se ve, hasta un partido tradicional de derecha, que suele responder a los intereses del gran capital, tomó una decisión política significativa. Esto indica que los sectores del capital salvadoreño no estában vibrando al son de los intereses del gran capital extranjero.
¿Y qué pasó con actores sociales como la Iglesia católica, tan importante en su país?
La Iglesia católica se pronunció abiertamente en contra de la minería metálica en 2007. Eso generó un gran impacto en la sociedad salvadoreña y en los tomadores de decisión. La adopción de una postura de este tipo por parte de una institución tan importante favoreció mucho a la hora de desarrollar una correlación de fuerzas suficiente para poder aprobar la ley contra la minería metálica y derrotar a las transnacionales. Esas empresas, evidentemente, no se dan por vencidas muy rápidamente. Incluso hoy, después de la aprobación de la ley, siguen insistiendo en sus deseos de llegar al país. Por eso, si bien es cierto que con la ley se envía un mensaje claro a las empresas transnacionales y se da un margen de certidumbre a la población, no podemos desmovilizarnos de ninguna manera. El trabajo colectivo debe seguir porque el retroceso siempre puede llegar. La función, ahora, es consolidar el acuerdo político que se expresó el 29 de marzo con la sanción de la ley de prohibición de la minería metálica.
Estimo que para conseguir apoyos y demostrar los efectos de la minería metálica tuvieron, además, que empaparse de experiencias concretas. ¿Cuáles fueron esas experiencias y en qué medida sirvieron para demostrar los peligros de la explotación minera?
Claramente tuvimos que observar experiencias ajenas. Y tuvimos, por supuesto, que desarrollar un gran nivel de paciencia, de capacidad, de resistencia y de lucha. En tal sentido, no podemos ignorar el papel de la solidaridad internacional en esto. Organizaciones del norte y del sur del mundo apoyaron nuestra lucha. Hubo que hacer una gran labor para demostrarle al gobierno de Canadá lo que sus empresas hacen en nuestros países. Hubo que empeñarse en hablar con el Banco Mundial, el CIADI y otros organismos. Creo, en tal sentido, que una de las lecciones de esto es la capacidad de demostrar en el terreno lo que es la minería metálica. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacerlo. Conocimos experiencias verdaderamente horribles, como las de Yanacocha en Ecuador o la del Proyecto Conga en Perú. Vimos con mucha preocupación el proyecto Pascua Lama con el que la Barrick Gold pretende explotar una mina a cielo abierto en Argentina y Chile para extraer oro y otros minerales. Cuando uno ve de manera viva el daño ambiental, se fortalece la lucha y la capacidad de propuesta de un modelo de desarrollo alternativo. Eso no sería posible, sin embargo, sin el diálogo permanente con las poblaciones afectadas. Nosotros tuvimos fuertes debates con las empresas, que se animaron incluso a calificarnos de incompetentes. Tuvimos que demostrar que mentían. Expresamos que la minería, al contrario de lo que ellas afirmaban, generaba daños ambientales y conflictos, y no producía ningún tipo de desarrollo sano. Eso solo fue posible a partir de nuestras visitas a sitios específicos donde hay producción minera de este tipo, como Perú y Chile.
Finalmente, consiguieron la aprobación de la ley que prohibe la minería metálica. ¿Qué valoración hace de esto luego de más de diez años de lucha?
La aprobación de la ley es, sin duda, una alegría y un punto importante en nuestra lucha. Logramos algo que a muchos les parecía imposible. Eso, como comentaba, fue posible solo por el proceso de lucha y resistencia. El hecho de que el arzobispo de San Salvador, monseñor Alas, se presentase a la Asamblea Legislativa para defender el proyecto de ley tuvo también un gran impacto. Y, más aún, que organizase una peregrinación a la misma Asamblea Legislativa para solicitar el apoyo de los diputados. Eso impactó mucho en partidos de derecha que, en general, son más bien reacios a este tipo de cuestiones. Los 12 años de lucha tuvieron eco y frutos. La capacidad de diálogo y de propuesta, el conocimiento científico-técnico y la movilización de las comunidades fueron la base que ayudó a alcanzar este ético. Pero la base, lo verdaderamente fundamental, es que las organizaciones tomaron decisiones políticas frente al problema. No se puede afirmar, por un lado, que se está en contra del extractivismo y, por otro, decir que cuando llegan las transnacionales se generan beneficios para el país. O es una cosa o es la otra. La coherencia política de las organizaciones fue clave. Nosotros tomamos la decisión de luchar y de oponernos totalmente a la minería metálica en cualquiera de sus formas, independientemente de quién la realizara. Hubo momentos en que llegaron a decirnos que había gente de izquierda interesada en explotar. Y nosotros dijimos que eso no nos importaba, que nuestra posición era de principios y no cambiaba según el actor. Ese fue nuestro triunfo.
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Fotografía: Nueva Sociedad.
