Por: Cuauhtémoc Rueda Luna. Somos el Medio. 07/08/2016
La Coparmex ha iniciado una queja ante la CNDH y presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial Federal aludiendo a que gobiernos de los tres órdenes no han actuado ante las manifestaciones de protestas de la CNTE, cuando ésta –dice la instancia patronal– ha afectado derechos humanos. No es la primera vez ni será la última en que se busque usar los derechos humanos como instrumento para presionar a las luchas populares.
1. Los derechos humanos facultan a toda persona a exigirlos, y pueden ser reivindicados sin importar la pertenencia de las personas a un grupo social o a otro (salvo cuando se trata de derechos específicos atribuibles sólo a personas que transitan por una situación o tienen una condición que les permite reivindicarlos, como son los derechos de las y los niños o los de las personas con discapacidad). En ese sentido, cualquier empresaria o maestra de la CNTE puede exigirlos y esta exigencia no puede restringirse.
2. La legitimación del uso de los derechos por cualquier persona genera que estos adquieran una realidad política, pues al final de cuentas al ser categorías que sirven para entender y actuar en el mundo permiten que a través de ellos circulen los conflictos sociales.
Foucault, observando este nivel de realidad, indicaba que una trama epistémica apretada, esto es, la convergencia en el uso de categorías, no significa que “todo el mundo piense de la misma manera” sino que era “la condición para que se pueda pensar de una manera diferente y que esta diferencia sea políticamente pertinente”, pues esto permite “ocupar posiciones tácticamente opuestas, para que puedan, unos frente a otros, estar en posición de adversarios y la oposición, por consiguiente, sea una oposición a la vez en el orden del saber y de la política”. Así, tanto la Coparmex como la CNTE han debido reivindicar el derecho a la educación y en general los derechos humanos.
3. El uso de los derechos por parte de la Coparmex es hoy una legitimación inevitable para ella de un campo en el que también tiene que responder, ya que al acusar al gobierno de no aplicar la ley en contra de la CNTE omitía dar cuenta de que el conflicto magisterial ha surgido porque en la reforma educativa no se respetó el derecho a la participación en su diseño e implementación. Por el contrario, desde el principio esta instancia patronal ha apoyado de forma reiterada su imposición tras su aprobación en el Congreso y las primeras manifestaciones de inconformidad. En lugar de favorecer la apertura de un proceso que permitiera la salida del conflicto, mediante el respeto del derecho a la participación en dicha reforma, ha presionado para que el gobierno continúe incumpliendo con ello, exigiéndole evitar la negociación con quienes manifiestan su inconformidad e incluso presionando para que se les sancione por ello.
Este no es el único tema en que la Coparmex debería dar respuesta. Está pendiente que en México las empresas asuman sus responsabilidades para acoplar en general sus actuaciones a los derechos humanos, comenzando por el derecho a un salario digno o el derecho al medio ambiente que a través de los años han sido duramente castigados, mientras hemos observado crecer impresionantemente algunas pocas fortunas.
4. En términos de derechos humanos, como se ha indicado previamente en esta misma columna, la indivisibilidad e interdependencia de los derechos permite obsevar cómo la Coparmex ha seguido por años en este tema una estrategia contraria al derecho a la educación en México, pues el impacto social de la reforma educativa requería una discusión amplia e incluyente. Requería espacios de participación y una responsabilidad gubernamental seria de tomar en consideración lo expresado participativamente.
La Coparmex ha alimentado innecesariamente un conflicto social de cuyas consecuencias económicas ahora se duele. Tendríamos menos problemas si asumieran sus responsabilidades en materia de derechos humanos en lugar de pretender que otros actores sociales paguen lo que ella misma ha incentivado.
5. Una visión incompleta y limitada del conflicto y de los derechos humanos podría dar lugar a creer que recae en la CNTE la responsabilidad de los hechos ocurridos en el país en torno al derecho a la educación. En cambio, sí hay una responsabilidad por estos hechos a cargo del gobierno federal por no haber permitido y favorecido la participación de la sociedad y del magisterio en el proceso, y empujado por actores sociales como la Coparmex.
6. Si se desean evitar nuevos conflictos en otras reformas de este calado, el gobierno federal debería comprender que indefectiblemente debe abrir los espacios de participación y aprender a caminar con la sociedad, como parte de un Estado que se quiere democrático —en donde, habría que recordarlo, las manifestaciones son el ejercicio de un derecho que permite dar cuenta de que algo está fallando—. Asimismo, entidades como la Coparmex deberían evitar conductas que incentiven violaciones de derechos humanos, y no sólo alarmarse cuando ven consecuencias negativas de sus propios actos.
No es la última vez que se buscarán usar los derechos humanos en contra de las luchas populares. Es posible que también nos toque ver que instancias judiciales o la propia CNDH decidan con base en visiones incompletas que sólo perjudiquen a encontrar soluciones a la fuerte conflictividad social que tenemos; dada la presente coyuntura, esto sería sumamente irresponsable y contrario al objeto y fin de los propios derechos. Con todo, las luchas en los derechos humanos, en tanto procesos históricos y sociales, siguen evolucionando.
Fuente: http://www.somoselmedio.org/blog/la-l%C3%ADnea-de-los-derechos-humanos/coparmex-y-cnte-ante-los-derechos
Fotografía: efectoespejo