Por: Marcelino Guerra Mendoza; Lucía Rivera Ferreiro y Roberto González Villarreal. 22/03/2019
- El párrafo 10 del dictamen de abrogación es una joya retórica; detrás se esconde una engañifa. Veamos por qué: “Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, contribuyan a los fines de la educación”. Al comparar esta redacción con la propuesta de la Iniciativa del Pacto recargado, encontramos elementos comunes como la mención a los materiales y la infraestructura. Si bien es cierto que aquí se elimina el concepto de calidad, recordemos que reaparece en otras partes del dictamen. Regresando al tema que nos ocupa: ¿cuál es la engañifa? La misma fórmula retórica utilizada; por un lado, se evita mencionar al Estado como el responsable de proveer lo necesario para que las escuelas cumplan con su función educadora; por otro, se deja sentado sin decirlo abiertamente, que su única función es garantizar que los materiales y la infraestructura, más el entorno, contribuyan a los fines de la educación. ¿Qué significa entorno?, ¿quién y cómo lo controlará para que contribuya a los fines de la educación?, ¿de quién será la responsabilidad si eso no sucede? Ya podemos imaginar la respuesta.
- Respecto a los planes y programas, encontramos que en el párrafo 11 de la versión filtrada del dictamen, los legisladores presentan una redacción que recoge varios de los planteamientos del Pacto recargado, y éste a su vez hace lo propio con el texto constitucional vigente, o sea, el de 2012. En primer lugar, ratifica la atribución exclusiva del Ejecutivo Federal, o sea de la SEP, para determinar planes y programas nacionales aplicables en todos los niveles de la educación obligatoria, así como en las normales. Al mismo tiempo, considera la necesidad de contar con la opinión de los gobiernos estatales, así como de los diversos actores involucrados en la educación (léase empresarios organizados bajo el paraguas de la sociedad civil), padres de familia (como los representados por la conservadora Unión Nacional de Padres de Familia), y maestros (no cualquiera, sino los aglutinados en un sindicato nacional). Aquí se asoma el madruguete: la intención de fortalecer la llamada gobernanza, mediante la incorporación de determinados grupos y sectores en la toma de decisiones sobre qué enseñar. Respecto a esto último, en la Iniciativa de AMLO se menciona explícitamente la promoción de valores, el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las lenguas originarias, así como la activación física, el deporte, las artes, la música, diversas manifestaciones culturales y el respeto al medio ambiente, como contenidos a incorporar en los planes y programas. En el dictamen, las legisladoras y legisladores le corrigen la plana al presidente y agregan cuestiones como la perspectiva de género, (sí, la misma que antes negaron; ver Machistas y segundonas) y una orientación integral; el conocimiento de las ciencias y humanidades, la filosofía, la tecnología, la innovación, la promoción de estilos de vida saludables y la literacidad,
En síntesis: en el párrafo 10 se elude responsabilizar a la SEP de proveer los recursos necesarios y garantizar el mantenimiento de las escuelas; en el 11, aparentemente se conserva la atribución exclusiva del poder ejecutivo en la determinación de planes y programas, pero lo hará de forma compartida. Esto se ratifica en la mención a la formulación de contenidos y políticas de carácter regional con diversos actores sociales involucrados en la educación. Se enciende la luz roja del avance de la intervención privada en asuntos públicos. Finalmente, una cuestión inquietante es la mención a la definición de principios rectores, objetivos, planes y programas para la educación inicial. Este es un tema al que habrá que seguirle la pista, considerando el abierto interés por la primera infancia, que ha mostrado el empresariado nacional desde hace varios años.
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