Por: María José Carrera. Alai. 03/11/2017
Cada vez es más frecuente toparse con situaciones en que la integridad, seguridad y privacidad de las personas se ven vulneradas dentro del mundo digital. Esta problemática conocida como violencia digital, tal como sugirió Eduardo Rojas, presidente de la Fundación REDES de Bolivia, ha puesto en evidencia la necesidad de incrementar esfuerzos en la protección de los derechos de los ciudadanos que usan Internet.
En el marco del Encuentro Regional Diálogos por una Internet Ciudadana* que se desarrolló en Quito del 27 al 29 de septiembre, al hablar de violencia digital, Eduardo Rojas hizo referencia a las relaciones de poder en las que una persona o un grupo de personas, incluyendo Estados o empresas, ejercen poder para limitar las libertades de otros valiéndose de la tecnología digital, ya sea a través de la transferencia de texto, audio o video.
Es así que, a partir del surgimiento del concepto de violencia digital, las máquinas y las bases de datos, antes consideradas como bienes patrimoniales, pasaron a ser vistas como un bien jurídico natural, “un derecho personalísimo, como tu vida, como tu identidad”, afirmó el experto, quien también señaló que, a diferencia del cibercrimen y la ciberseguridad que únicamente protegen una base de datos y al dueño de ésta, la violencia digital amplía esta protección a los millones de ciudadanos que hacen uso de estas plataformas digitales. Entonces, el diagnóstico global de violencia digital empieza a entender los patrones sociales y culturales que se están viviendo hoy a nivel global en el ámbito real y virtual.
Pero, ¿por qué es tan importante proteger a los internautas? Principalmente, porque dentro del mundo digital hemos dejado de ser ciudadanos para convertirnos en usuarios. Enmarcado en la cultura de consumo, el ser humano es literalmente un cliente, que a causa de una relación de mercado monopólica se ve forzado a acatar una serie de normas para poder usar un servicio que le ofrecen en línea, así lo mencionó el presidente de la Fundación REDES. Por ejemplo, al aceptar los términos y condiciones de uso de una red social como Facebook, Snapchat, WhatsApp o cualquier plataforma digital, incluyendo Google o YouTube, usted está cediendo derechos mediante la firma de un contrato virtual. Por tanto, según Eduardo Rojas, lo que se pretende a partir de la implementación del concepto de violencia digital es romper esa lógica de usuario-cliente y subirla a la categoría de ciudadano.
El especialista aseguró que el mundo digital hoy es una relación de mercado, por cuanto a las empresas en Internet no les interesa la identidad, la voz ni el rostro de la persona, sino su perfil, porque así la convierten en sujeto-mercancía y hacen dinero con su información. Muestra de ello es cuando la información almacenada en las bases de datos es utilizada para generar modelos de negocios; no obstante, ninguno de los consumidores o usuarios recibe compensación económica a cambio, pese a que brinda toda su información y expone su vida públicamente.
Por una cultura digital inteligente
Si la violencia digital es el impacto negativo de la falta de cultura digital, Eduardo Rojas está convencido de que para crear esa tan necesaria cultura digital primero es preciso entender a la ciudadanía del siglo XXI, sabiendo que se trata de personas que tienen celulares inteligentes, autos inteligentes, pero que carecen de una cultura digital inteligente. Esto podría deberse a la facilidad de acceso que los jóvenes contemporáneos tienen a la tecnología; sin embargo, Rojas precisó que las reglas y restricciones de navegación están siendo obviadas por la familia o la escuela que no se encargan de la educación de niños y adolescentes en lo que respecta a temas digitales.
En América Latina y a nivel global hay una tendencia que proclama ‘una computadora por niño’ o la idea de que dar un celular al estudiante lo hará más inteligente. Paradójicamente, de acuerdo a Eduardo Rojas, las estadísticas en Bolivia revelaron que el 20% de los niños que usan teléfonos celulares ha dejado de comunicarse con su familia, 20% ha dejado de hacer deportes, 20% ha dejado de salir a divertirse y 20% ha dejado, literalmente, de promover iniciativas de estudio.
El resultado es que “hoy tienes a unos ciudadanos generacionalmente colonizados por contenidos digitales interactivos en manos de grandes empresas trasnacionales, que lo que están haciendo es configurarlos como ciudadanos sin vida privada en el espacio público que además de ser local, es global y es virtual”, sostuvo el experto. Por tanto, es imprescindible formar ciudadanos más críticos, que sean capaces de discernir los contenidos que reciben a través de Internet y no se limiten a cumplir un papel de consumidores. Para ello es importante trabajar en pro de la economía del conocimiento, que tiene como base fundamental el desarrollo de la inteligencia y la inteligencia con información digital, resaltó.
Ante esta realidad, Bolivia ha empezado a trabajar en la elaboración de proyectos de ley de prevención de la violencia digital. Esta iniciativa, que se espera se masifique a escala planetaria, es importante en la medida de que, actualmente en el país sudamericano, no existe un marco legislativo que proteja al usuario de esta relación obligatoria no consentida de ser consumidor, teniendo en cuenta que ser usuario-consumidor no es lo mismo que ser ciudadano. Asimismo, se ha creado un repositorio de casos de violencia digital donde se recopilan notas de prensa de todo el mundo, con el objetivo de contextualizar cada caso al ámbito nacional, para luego con un equipo transdisciplinario de abogados, sociólogos, politólogos, militares y policías determinar qué procedimientos se deberían seguir ante cada situación.
Por otro lado, Eduardo Rojas explicó que, basados en la idea que un profesional que atiende casos de violencia digital debe tener conocimientos de economía, seguridad informática, sistemas o programación –o por lo menos de cómo funciona ese mercado-, de política global, nacional y local, así como de cultura digital, derechos humanos, psicología y sistema judicial, en Bolivia se ha generado una perspectiva transdisciplinaria que se resume en una visión social de la tecnología que además de entender al patrimonio y al dueño, considera sobre todo a los usuarios. “Iniciativas como esta son fundamentales para todas las constituciones políticas de los Estados de América Latina y el mundo”, remarcó Rojas.
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Fotografía: Fundación Redes
