Por: Sofía García-Bullé. 12/07/2020
El costo social de restringir el acceso a la educación sexual sería enorme, principalmente para los niños, niñas, víctimas de abuso sexual y la comunidad LGBTQ.
La iniciativa conocida como “pin parental” y presentada en el Congreso del Estado de Nuevo León, México, por el diputado del Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal, se perfila como un propuesta controversial, con el potencial de restringir el derecho a la educación sexual dando poder de veto a las familias.
La iniciativa propone otorgar a las familias control total sobre cómo y cuándo los hijos comenzarían a recibir información de la materia; decidiendo padres y madres de familia, a título personal, lo que consideran temas éticamente y moralmente controvertidos.
En un artículo anterior hemos explicado cómo dicha propuesta puede alterar el delicado balance entre la educación escolar, que representa un derecho básico, y la formación en casa, una primera necesidad para la infancia neolonesa.
Sin embargo, más allá de este balance, si se llegara a aprobar la iniciativa del pin parental, el impacto que esta tendría sobre minorías sociales como menores de edad, víctimas de abuso sexual, mujeres, niñas y la comunidad LGBTQ, sería enorme.
Tres problemas que se verían agravados con la aprobación del “pin parental”
1. Detección oportuna del abuso sexual infantil
La educación sexual básica es una herramienta crítica para prevenir y detectar el abuso sexual infantil, como lo sostiene Vicenta Hernández Haddad, psicóloga especialista en educación sexual con 30 años de experiencia. Hernández explica que muchas de las problemáticas que tenemos en México, primer lugar de abuso sexual infantil de acuerdo con la OCDE, tiene que ver con la falta de salud sexual, la cual se deslinda en primera instancia de la escasez de programas de educación sexual clara y oportuna.
“Muchas veces cuando un menor viene al consultorio por una experiencia de abuso, nos encontramos con que ese niño no sabía los límites que debe haber entre un adulto y un niño”, comenta Hernández Haddad para el periódico La Razón. Hernández reiteró la necesidad de ofrecer recursos educativos sobre el tema inclusive en niveles básicos y no demorar la difícil, pero necesaria, conversación sobre la sexualidad hasta la pubertad o adolescencia.
Parte del problema es que muchos padres y madres de familia deciden hablar de sexualidad con los hijos solo hasta que sus cuerpos se han desarrollado lo suficiente como para ser sexualmente activos. No es común que a los adultos se les ocurra introducir el tema antes, dado que esto los obliga a pensar en la posibilidad de que sus hijos pudieran ser víctimas de abuso a temprana edad. Ninguna madre o padre se sentirían cómodos considerando esta terrible probabilidad.
Pero en un país en el que el 30 % de los agresores de menores son familiares directos y un 13 % adicional son parientes indirectos, la necesidad de una “alfabetización” en materia de educación sexual es imprescindible. La educación sexual es la primera línea de defensa para combatir estas realidades. Un estudio del Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires, Argentina, reveló que entre el 70 % y 80 % de niños y niñas entre 12 y 14 años solo pudieron comprender que habían sido víctimas de abuso sexual hasta después de recibir clases de Educación Sexual Integral en la escuela.
La Asesora General Tutelar de Buenos Aires, Yael Bendel, enfatizó que fueron los recursos educativos obtenidos en las clases de educación sexual lo que les ayudó a comprender que fueron víctimas, así como abrirles un espacio de confianza en la escuela que les permitió contar lo sucedido.
2. Concientización sobre la salud reproductiva de la mujer y el número de embarazos infantiles y juveniles
Una de las minorías sociales más vulnerables ante la falta de educación sexual son las mujeres. La educación sexual no sólo las protege de la posibilidad de violencia y abuso sexual, sino también de embarazos infantiles, juveniles o no deseados.
El estudio realizado por el Ministerio Público Tutelar de Argentina, también mostró que el 70 % de los menores víctimas de abuso entre 12 y 14 años que acudieron a denunciar eran niñas. En México ocurren 366,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años anualmente. El embarazo precoz se califica como de alto riesgo. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres jóvenes de 15 a 19 años a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La OMS también reveló que en los países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo un 50 % superior de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida, en comparación con los bebés de mujeres mayores de edad, entre los 20 y 29 años.
La educación sexual es clave para reducir estas cifras. Como lo sostiene Margarita Fuster, especialista en ginecología infantojuvenil y directora del Departamento de Ginecología Infantojuvenil de la Maternidad Nacional en Argentina.
“La educación sexual empieza por casa. Los padres deben hablar de sexualidad con sus hijos y deben admitir que el sexo existe en la adolescencia desde edades tempranas. Y también tienen que saber que mientras más informados estén los chicos, más tarde iniciarán las relaciones sexuales y más se cuidarán tanto de un embarazo no deseado como de adquirir una infección de transmisión sexual”, explicó la directora.
La especialista además puntualizó que uno de los principales factores que contribuyen a la alta incidencia de embarazos adolescentes es la negación del mundo adulto de la dimensión sexual en los jóvenes hasta que es imposible evadir el tema. En muchas de esas situaciones, para entonces ya sucedió un embarazo adolescente o una enfermedad de transmisión sexual. Por esto es imperativo una intención educativa que parta de la cooperación entre escuelas y las familias.
3. La invisibilidad de niñxs no heteronormadxs y el acoso escolar
Otro de los sectores más vulnerados por la falta de una educación sexual completa y oportuna, es la comunidad LGBTQ. El acoso escolar con base en la homofobia, es un serio problema a nivel mundial. En México, 61 % de los estudiantes LGBTQ reportan haber sido víctimas de acoso escolar homofóbico en sus escuelas. El 92 % de los estudiantes de la población general han sido agredidos verbalmente debido a su orientación sexual, apariencia física o atuendo.
Si se restringe el acceso a la información sobre la educación sexual más básica, que sería la heteronormada, y se supedita únicamente a las consideraciones de lo que acostumbran en casa las familias, se cerraría la puerta por completo a la enseñanza sobre las relaciones afectivas y manifestaciones de la sexualidad o del género que no entren dentro del espectro heteronormativo.
El golpe para los niñxs y adolescentes que no son heteronormados sería devastador, porque se les negarían los contenidos educativos y la formación tanto ética como emocional, que les ayudaría a comprender si pertenecen a un espectro afectivo, de manifestación de la sexualidad o de género distinto.
Se les negaría, además, el derecho de existir socialmente y definirse a sí mismxs fuera de las estructuras de heteronormatividad. De la misma forma se les negaría a otros niños y niñas el conocimiento necesario para desarrollar empatía, aceptación y la convivencia con sus compañeros de clase no heteronormados.
Si las cifras de acoso escolar con base en la homofobia son altas ahora, estos números perfilan un significativo aumento si la educación sexual básica, y la inclusiva es son una responsabilidad compartida entre familias e instituciones educativas, así como un derecho natural de los niños y adolescentes.
El dictamen para la reforma constitucional que abriría la puerta al pin parental en Nuevo León tenía programado votarse el martes 26 de mayo del presente año, pero se pospuso la votación para la primera semana de junio. Sin embargo, tras un llamado público de la SEGOB a no proceder con la iniciativa, la votación volvió a posponerse hasta nuevo aviso.
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