Por: TLACHINOLLAN. 16/06/2022
Chilpancingo, Guerrero, a 12 de junio de 2022. Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos culminaron las protestas con una marcha que terminó en el antimonumento a los 43 en la capital del estado de Guerrero, donde exigieron el castigo a los responsables de la desaparición de los jóvenes y dejaron claro que los militares y la Marina tienen que abrir los expedientes del caso Ayotzinapa.
Las movilizaciones de las madres y padres se dieron porque ya no creen en la palabra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quién les prometió dar con el paradero de sus hijos.
Señalaron como responsables a «las corporaciones policíacas de los municipios de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco, servidores públicos, políticos, principalmente el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, Iñaki Cabrera Blanco, entre otros, así como la ex magistrada Lambertina y el secretario de seguridad pública. A nivel federal Peña Nieto, Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio, entre muchos más». Nada se ha hecho para que estas personas sean investigadas y castigadas.
Las protestas seguirán en la Ciudad de México para exigir avances en las investigaciones porque hay un estancamiento, sobre todo, para saber el paradero de los jóvenes. Por eso el día de mañana continuarán con un mitin en sedes de los tribunales federales, en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, después en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Fiscalía General de la República y finalmente una marcha del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
«Necesitamos alzar la voz para que elementos de la Secretaría de Marina y elementos del 27° batallón de infantería de Iguala tengan que ser procesados por su responsabilidad y participación en la desaparición de los estudiantes. Más preocupante es la información que, según el testimonio de un testigo, 25 estudiantes habían ingresado en las instalaciones del ejército en Iguala», dijo Isidoro Vicario, abogado que acompaña a las madres y padres.
Doña Cristina Bautista habló de que llevan siete días exigiendo al gobierno que agilice las investigaciones. También señaló que a más de siete años los militares siguen negando información sobre sus hijos.
«Nuestro caminar ha sido muy difícil, 7 años y 8 meses han pasado de sufrimiento, de no saber dónde están nuestros hijos. Pero decirle al mundo entero que aquí estamos, que seguimos de pie en las calles. Que sepan que no nos vamos a rendir. Tenemos que alcanzar nuestro objetivo: saber dónde están nuestros hijos», dijo con firmeza doña Cristina.
Las madres y padres dijeron que nunca van aceptar sin equivocación la verdad histórica, desmoronada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). En el tercer informe del GIEI se demuestra claramente que la Marina y el ejército «planearon cómo nos iban a engañar».
Por su parte, las organizaciones sociales alzaron la voz para solidarizarse con las madres y padres. Señalaron que el grito de los padres y madres de los 43 normalistas es el motor de las transformaciones y de la lucha contra la opresión. Sin embargo, en 7 años con 8 meses sigue el calvario en busca del respeto a los derechos humanos y de respeto a la vida. Sólo han encontrado indolencia, oídos sordos e indiferencia de las autoridades.
Para ejemplificar las prácticas de los elementos castrenses mencionaron que en 1960 el ejército masacró a los padres de familia que apoyaban la lucha estudiantil popular en Guerrero. En 1995 la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, así como El Charco en 1998. El ejército siempre ha sido el perpetrador de graves violaciones a derechos humanos.
Hoy no quieren tocar al ejército que se ha erigido como la fuerza omnipresente, incluso toma decisiones por arriba del poder ejecutivo. Entonces, ¿quién vigila a las fuerzas armadas en México? ¿a quién o a quiénes rinde cuentas?
Mientras los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes andan libres, las madres y padres no dejan de sufrir, de llorar. «El gobierno no nos da ninguna respuesta favorable, así nada más nos va llevando en el tiempo. Nosotros ya queremos que nos dé una solución clara porque ya queremos a nuestros hijos. Allá donde los tienen han de estar sufriendo», dice don Pablo Hernández, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos.
Ante el dolor y angustia las madres y padres luchan por la vida, por sus hijos. «Las protestas las vamos a seguir realizando hasta que haya verdad y justicia. No olvidamos, ni perdonamos». Así, la presentación con vida de los 43 se ha convertido en el calvario para las familias.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
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Fotografía: Tlachinollan
