Por: Violeta Molina Gallardo. 14/05/2025
El Gobierno ha invertido más de 40 millones de euros de los fondos europeos para disponer de miles de dispositivos Cometa de control telemático de agresores machistas con el objetivo de proteger a más víctimas de violencia de género y también sexual, pero la instalación judicial de estas pulseras no aumenta, se ha estancado.
En febrero de 2025, último mes del que se dispone de datos, había 4.551 dispositivos instalados, lejos del máximo histórico de 4.851 pulseras activas en abril de 2024 y a un abismo de las más de 11.000 que se comprometieron a gestionar hasta 2026 las empresas adjudicatarias del contrato de seguimiento.
El uso de estos dispositivos, que alertan de la cercanía de un agresor con orden de alejamiento y cuya instalación ha de decretar un juez, ha sido recomendado por la Fiscalía General del Estado, por cuerpos policiales y por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Además, en febrero de 2024 entró en vigor la mejora del sistema tecnológico y se han comprado miles de pulseras, antes en alquiler.
Asimismo, la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del sólo sí es sí, ha ampliado su uso para proteger no sólo de los maltratadores, también de los agresores sexuales.
Entonces, ¿por qué la cifra no despega?
Más información y pedagogía
La magistrada Victoria Rosell, que era delegada del Gobierno contra la Violencia de Género cuando se negoció la ampliación del número de pulseras y su mejora tecnológica, subraya en una entrevista con EFE que este estancamiento “no tiene sentido”.
“Han aumentado exponencialmente los casos en los que el Estado lo tiene que ofrecer, más allá de la violencia de género. Si multiplicas por tres el número de delitos para los que lo estás ofreciendo, no tiene ningún sentido”, asevera.
A su juicio, hace falta información y pedagogía entre el ministerio fiscal y la abogacía, porque aunque la decisión de instalarlos depende del pronunciamiento de un juez, son fiscales y abogadas quienes deben solicitarlo.
La magistrada, destinada en la Audiencia Provincial de Las Palmas, cuenta que en el último año no ha recibido ni una sola petición de instalación de dispositivo Cometa en casos de violencia sexual e incide en que cuando se piden los tribunales no suelen rechazarlo.
“La pelota está en el tejado del Gobierno, que tiene que explicar que esto está a disposición de las víctimas”, resalta.
Informar sobre la posibilidad de la medida telemática
La abogada Ángela Alemany, socia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, es de la opinión de que “sería interesante hacer algún tipo de campaña” para que la abogacía que atiende a las víctimas sepa que se puede solicitar.
“Entiendo que, en general, se podría hacer más pedagogía con las víctimas, informarlas a todas de que existe esta posibilidad de medida telemática y de que no sólo debería adoptarse en situaciones más graves, sino incluso en situaciones en las que la víctima tenga un gran miedo. (…) Es una medida muy poco invasiva hacia el agresor y tiene una efectividad bastante importante”, apunta.
“Un mecanismo eficiente”
El control telemático de agresores se empezó a aplicar en España en 2009 para vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento por violencia de género.
En agosto de ese año había 7 dispositivos activos y 250 disponibles. En diciembre de 2017, se superó la barrera de los 1.000, y la de las 4.000, en julio de 2023. El máximo histórico se registró en abril de 2024, 4.851, y desde entonces los dispositivos activos han ido descendiendo hasta los 4.551 del último febrero.
Fuentes de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, sobre el número de instalaciones, se limitan a indicar que “no se puede concluir que el número de dispositivos activos ha bajado sino que es variable a lo largo del año en función de las necesidades judiciales” y que “disponen de existencias para sumar las que se vayan necesitando”.
Rosell apunta que “hay cierta mala leyenda” en relación a los dispositivos, que se arrastra de problemas del pasado que se han ido corrigiendo, pero que “pueden estar influyendo” negativamente.
En este sentido, la coordinadora de la comisión de violencia de género de Juezas y Jueces para la Democracia, Ane Fadrique, indica que es un mecanismo “eficiente, idóneo y proporcionado en determinados casos”, pero también expone que la configuración del sistema da problemas en poblaciones pequeñas.
Un plan de seguimiento del servicio
Irún, donde Fadrique estuvo cuatro años juzgando delitos de violencia de género, es una población con menos de 100.000 habitantes y la experta explica que el radio obligatorio de 500 metros es demasiado grande: si la víctima y el agresor pasan por calles cercanas o incluso uno de ellos viaja en un autobús, el sistema empieza a pitar, “con la consiguiente ansiedad de que no sabes si va a por ti o está en el autobús”.
Medio año después de la entrada en vigor del nuevo sistema tecnológico de las pulseras, el Ministerio de Igualdad puso en marcha en septiembre de 2024 un “exhaustivo plan de seguimiento del servicio con el objetivo de responder de forma inmediata a las incidencias, identificar y poner en marcha posibles mejoras y garantizar así la máxima protección de las víctimas“.
Según precisa en respuesta a una pregunta parlamentaria, en este plan se incluyen formaciones sobre el servicio para las fuerzas y cuerpos de seguridad, los órganos judiciales y las unidades de violencia sobre la mujer.
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Fotografía: Efeminista
