Por: Jorge Salazar García. 23/01/2017
“Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición
de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos” (TPP)[1]
Lo sucedido en Mexicali, BC, el martes 17 de enero pasado, donde la ciudadanía organizada obligó al gobernador Francisco Vega de La Madrid echar marcha atrás a la privatización del servicio del agua, es el comienzo del fin del abuso del poder en México. Es el fusionado grito de ciudadanos, hartos de la demagogia de las autoridades, diciendo ¡Basta ya! Este clamor de millares de bajacalifornianos, seguramente moverá ejemplarmente las conciencias de millones que aún permanecen indiferentes ante el secuestro de las instituciones creadas y sostenidas con nuestros impuestos.
Es cierto, una golondrina no hace el verano, pero aunque así fuera no deja de ser un preludio de aquel. Lo mismo puede decirse de este triunfo popular: el poder local cedió ante la presión contundentemente coordinada de los legítimos mandantes. Esa debería ser la regla, no la excepción. Lo trascendente de esta acción, no obstante dejar intacto el problema de fondo, (desviación cínica del poder hacia los que más tienen), es el auto reconocimiento (¡si se pudo!) ciudadano para ejercer soberanamente su Poder Constitucional para rescatar al Estado de funcionarios prepotentes y corruptos que se ha puesto interesadamente ($$$) al servicio del capital.
Indudablemente, al pueblo le asiste la razón; sus acciones están respaldas por las garantías constitucionales y su acción específica, de ordenarle al gobernador le obedezca, lo fundamenta el Artículo 39[2]. Pero no debe dejarse fuera la prudencia: los tigres de papel tienen dinero y lo usarán para evitar perder sus privilegios mal habidos, apostándole a la fuerza sin importar el derramamiento de sangre de los líderes visibles (a los más de 150 mil asesinados se suman cerca de 30 mil desparecidos). Ante esta eventualidad provocadora, deben evitarse los protagonismos creando colectivos orgánicos y no responder con la violencia dañando patrimonios y personas porque iguala al pueblo con los opresores.
Las luchas por el territorio, los bosques, las aguas y los recursos naturales se multiplican por toda la geografía nacional y, más pronto que tarde, se unirán para remover a esos mercenarios de la política, sordos e insensibles. Los actos de repudio no deben seguir dándose de manera aislada (como los jitomatazos a César Camacho) porque expone y debilita la protesta, por muy heroica que sea. La insurrección civil pacífica está en marcha y será imparable porque al Estado le queda poco espacio de maniobra: ha perdido legitimidad al imponer sus reformas estructurales mediante la fuerza. Es probable que el Sistema tenga contemplado sacrificar a Peña Nieto para aliviar la presión y detener el despertar social. Pero tal medida expiatoria no detendrá la rebeldía por mucho tiempo si no es acompañada de un Acuerdo Nacional incluyente. Podría temporalmente servir como válvula de escape, pero el resquebrajamiento del País ya no permite más experimentos demagógicos.
El gasolinazo y los que vienen en febrero así como la insostenible deuda pública (9.3 billones) que excede ya el 51% del PIB agudizarán la apropiación de la riqueza de los mexicanos por medio del despojo de la plusvalía del trabajo ajeno, la inflación incontrolable, fuga de capitales, interés moratorios impagables, devaluación, desempleo (despidos) incremento de impuestos, desabasto, especulación, etcétera, trayendo consigo más pobreza y sufrimiento. La crisis esta tocando fondo; todas las variables económicas y políticas (factor Trump) apuntan hacia ese pronóstico trágico para la Nación mexicana. El escenario no pinta nada bien. Recuperar la esperanza de una vida digna sólo será posible construyendo la unidad del descontento para exigir un diálogo nacional emergente. Parece ser el momento, EPN y lo que representa tiene una aceptación del 12 por ciento y podrían exhibirlo como chivo expiatorio y dejar las cosas como están.
El cambio del modelo económico depredador es posible pero deberá ser consecuencia de una movilización nacional incluyente y pacífica que promueva enérgicamente la “ refundación de México, a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos” (TPP; pág 116) Ese es el reto; de poco o nada serviría sólo cambiar a un hombre por otro, dejando intacto el modelo depredador que nos aniquila.
[1] Tribunal Permanente de los Pueblos; Audiencia Final, Sentencia. México, noviembre de 2014, p. 116.
[2] Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Fotografía: lasillarota
