Por: Aristegui Noticias. 24/11/2017
El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez, consideró que el fallo de la SCJN no obliga a aprobar un proyecto de ley, solo a legislar.
El PRI en la Cámara de Diputados contempla un escenario en el que no se apruebe una ley reglamentaria que regule la publicidad oficial, a pesar de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al Congreso de la Unión a legislar sobre la discrecionalidad del gasto público destinado a propaganda gubernamental.
El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados , Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió que rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, la mayoría legislativa en San Lázaro podría votar en contra de cualquier proyecto que reglamente el artículo 134 constitucional con el fin de regular el dinero público destinado a la publicidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
En entrevista para #AristeguiEnVivo, Ramírez Marín agregó que la postura de la mayoría legislativa, conformada por el PRI -su partido-, y los diputados federales del Verde, de rechazar un proyecto de ley que regule la publicidad oficial, abrirá un debate sobre los alcances del fallo emitido por el máximo tribunal, puesto que no se puede obligar al Congreso a votar a favor de una iniciativa de ley.
“Lo que no puede prever la Corte, a lo que no puede obligar la Corte (es) al sentido del voto de los legisladores. Entonces, el proyecto de ley se presentará en comisiones y llegará al Pleno (de la Cámara de Diputados), pero ahí necesita contar con mayoría y que pasa si no cuenta con esa mayoría legislativa, el proyecto podrá ser derrotado en el Pleno y tendrá que regresarse (a comisiones)”, advirtió.
El también aspirante del PRI a la gubernatura de de Yucatán dijo que habrá que esperar la sentencia escrita de la Primera Sala de la Suprema Corte para conocer los alcances del fallo, puesto que las fracciones mayoritarias en el Senado y en San Lázaro, conformadas en ambas cámaras por el PRI y el Partido Verde, consideran que la obligación de legislar en materia de publicidad oficial, no los obliga a aprobar un proyecto de ley.
“La Constitución establece en su artículo 72, inciso G, que una vez que (una iniciativa de ley) es votada en un periodo, no puede votarse otra vez, si es rechazada tendría que regresarse y presentarse hasta el siguiente año, entonces esto sí puede crear una condición totalmente anormal en la buena intención que tiene la Corte y la buena intención que tiene el Congreso de acatar lo que dice el fallo de la SCJN”, insistió el priista.
Cuestionado por la periodista Carmen Aristegui sobre una postura que adelanta un voto en contra de los proyectos de ley que regulen los gastos multimillonarios del gobierno en propaganda, Jorge Carlos Ramírez Marín consideró que la omisión legislativa para poner un freno al gasto en publicidad oficial, el cual rebasa los 38 mil millones de pesos en la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto, obedece a la postura de las mayorías legislativas.
“Las mayorías Carmen, como están formadas esas mayorías, qué tan estables o inestables son esas mayorías en la Cámara para votar una ley, cuáles son las condiciones políticas y cuáles son las otras cosas que están pasando alrededor como para forzar el voto de una mayoría, o que lo saque esa mayoría con el voto en contra de la opinión de otras fuerzas políticas, sacarlo por el voto de esa mayoría y sin que exista consenso”, aseguró.
El legislador priista dijo que hasta los gobernadores de los estados podrían influir en que se rechace un proyecto de ley que regule el gasto en propaganda oficial, puesto que ellos también tienen intereses políticos que cuidar y evitó pronunciarse sobre un posible desacato al fallo de la Corte en la materia que podría llevar a la destitución del representante del Poder Legislativo, con el argumento de que se crea un escenario jurídico nuevo.
“La Corte tendría que calificar por qué no se ha cumplido con su sentencia y el responsable sería el Presidente de la Cámara de Diputados, sería yo en este momento, pero si el proyecto se sometió a votación y fue derrotado en el Pleno, ¿a quien tiene que destituir la Corte? Sólo sería responsabilidad del Presidente sino se cumpliera el proceso legislativo”, se defendió.
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Fotografía: Aristegui Noticias
