Por: Antonis Ntavanellos. 10/07/2021
“¡Bienvenida al siglo XIX!” Así comentaba Efimerida ton Syntakton (“El periódico de los redactores”, un diario que se dirige a un público democrático y de izquierda) la aprobación por el Parlamento del monstruoso proyecto de ley del ministro de Trabajo Kostis Chatzidakis, presentado como una “reforma” de las relaciones laborales que hará posible que Grecia aproveche las “oportunidades” de crecimiento después de la crisis de 2020 y la pandemia.
El titular del periódico era legítimo. La nueva ley deroga la jornada laboral de 8 horas y la semana de 5 días. El texto suprime la obligación de los empresarios de pagar un salario suplementario cuando piden un trabajo suplementario, más allá de las 8 horas o de los 5 días por semana. En lugar de un salario suplementario, la nueva ley promete que los empresarios proporcionarán, más tarde, días libres en compensación. Probablemente durante los periodos en los que baja la demanda de los productos o servicios que proporciona la empresa.
Esta “flexibilización del tiempo de trabajo” fue introducida por primera vez en la legislación laboral por los socialdemócratas, durante el periodo de degeneración neoliberal de sus partidos y sindicatos. En un inicio, a principios de los años 90, se aplicó en sectores marginales
[en Tesalia y Macedonia Occidental, los sectores en crisis se
sometieron a esta flexibilización, pero fue un fracaso, teniendo en
cuenta la Constitución]
de la economía y debía seguir siendo un elemento marginal y secundario de las relaciones laborales en Grecia. Hoy, el gobierno de Kyriakos Mitsotakis generaliza este “acuerdo” extremadamente liberal, extendiéndolo a toda la clase trabajadora. Según la nueva ley, en lo sucesivo es legal que los trabajadores industriales (cuyo trabajo es arduo y pesado) trabajen 150 horas más al año, ¡sin ninguna remuneración suplementaria!
Lo peor es que esta ley elimina toda posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras puedan expresarse colectivamente sobre las cuestiones del tiempo de trabajo y de su ligazón con los salarios. Tales cuestiones formarán parte de “contratos individuales” entre cada trabajador y el empresario, pasando completamente por encima de los sindicatos. Eso podría significar el golpe final a la eficacia y legitimidad de los convenios colectivos, que ya fueron gravemente desvirtuados durante los memorandos de austeridad, tras la crisis de 2010-2011 en Grecia (una desvalorización que, lamentablemente, también fue una característica del gobierno de SYRIZA, en 2015-2019).
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El gobierno sabe que la implementación de esta política se enfrentará a la resistencia de los trabajadores y trabajadoras. Por ello, la nueva ley sobre el trabajo está reforzada por una serie de disposiciones draconianas que afectan al funcionamiento legal de los sindicatos y a la posibilidad de declarar una huelga legal. De ahora en adelante, los sindicatos están obligados a realizar un “registro de afiliados” en formato digital, que debe estar a disposición del Ministerio de Trabajo y de las organizaciones empresariales. Para declarar una huelga, la decisión debe ser aprobada primero (por votación electrónica) por el 50% más 1 del conjunto del personal (no sólo los miembros del sindicato). Si un tribunal declara que determinada huelga sindical es ilegal, la huelga no puede volver a declararse, aunque sea por un motivo diferente o por una organización sindical distinta (una federación o confederación de sindicatos). En los sectores críticos de los “servicios públicos” (sanidad, educación, transporte, energía, etc.), en caso de huelga, el 35% del personal debe seguir trabajando, como prueba de “responsabilidad social”.
Esta ley es a todas luces una monstruosidad anti-trabajadores. Incluso la Asociación de Jueces y Abogados y el “comité de expertos” del Parlamento estimaron que la ley viola los artículos de la Constitución de 1974 (que definen la huelga como un derecho e institucionalizan las libertades sindicales con una articulación entre los derechos de los trabajadores y los derechos políticos democráticos). Pero a pesar de ello, el proyecto de ley fue aprobado por la mayoría parlamentaria de Nueva Democracia (158 diputados).
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Esta orientación se basa en una realidad gestada en Grecia durante el desastroso periodo de los memorandos. Contrariamente a la propaganda (sobre el país del sol, la alegría y la despreocupación…), la clase trabajadora en Grecia se ve obligada a trabajar más que en cualquier otro Estado miembro de la UE, y más que en muchos otros países del mundo. Según los datos de la OCDE (correspondientes a 2019), el tiempo medio de trabajo efectivo en Grecia es de 1950 horas al año, es decir, solo por debajo del de Corea y México y muy por encima del de Alemania, por ejemplo (1386 horas al año). Mientras tanto, los salarios han sido recortados en un 30% entre 2008 y 2019: el salario medio real cayó de unos 1300 euros (en 2008) a 950 euros (en 2019). Esta nivelación hacia abajo es el fruto de la reducción del salario mínimo legal y, sobre todo, de la presión constante a la baja de todos los salarios hacia el mínimo legal.
Los capitalistas griegos saben que, durante la crisis, ellos también registraron algunas pérdidas y retrocedieron en la clasificación de la competencia mundial, además de tener que enfrentarse a la peligrosa “trampa de la deuda”. Pero también saben que para “aprovechar la oportunidad” de un posible período de crecimiento después de la pandemia, tienen que aumentar la tasa de explotación de la clase obrera y exigir más trabajo por el mismo salario o más bajo.
Esto es lo que intenta hacer el gobierno de Mitsotakis, “sin edulcorantes”. La ley laboral de Kostis Chatzidakis no va a ser la única contrarreforma brutal. Ya están en marcha los planes de privatización del sistema público de pensiones y de la seguridad social, así como las privatizaciones masivas de lo que queda de la propiedad pública.
Esta orientación política no es fácil para el gobierno. Seis conocidos políticos de derechas (ex ministros, parlamentarios o portavoces de Nueva Democracia), que se identifican con la “tradición” del fundador del partido, Konstantinos Karamanlis, en 1974, optaron por declarar públicamente su desacuerdo con “este alejamiento de los principios del liberalismo social, que definían los gobiernos de Nueva Democracia”, al menos durante los años posteriores a la caída de la junta militar.
Lo que dicen en realidad es que no creen que Mitsotakis pueda imponer esta orientación, manteniendo a la vez una estabilidad relativa y una viabilidad duradera. Pero no es razonable esperar una reacción seria de la derecha. En el parlamento, los diputados de Nueva Democracia se alinearon y votaron en bloque a favor de la ley laboral.
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El gobierno de Mitsotakis no es un adversario fácil. Cuenta con el apoyo de la clase dirigente sobre la nueva ley laboral, tal y como lo muestra la cobertura mediática dominante. Dos “asesores” de Alexis Tsipras, Antonis Liakos y Myrsini Zorba (ambos ex socialdemócratas y recién llegados a SYRIZA), decían en un reciente artículo:
“El gobierno de Mitsotakis no encuentra dificultades en su camino. No confundamos nuestros deseos con la realidad. Tras una década de crisis, las fuerzas burguesas griegas se están reagrupando y eso se expresa en el actual gobierno a través de su gran apertura [a otros actores]. No debemos entender esta apertura como una simple suma de corrientes políticas… sino como la formación de un bloque dirigente con alianzas sociales, medios de comunicación y sobre todo con una estrategia… El radicalismo no es un privilegio exclusivo de la izquierda. El radicalismo de derecha aparece fuerte y decidido y llega a violar el Estado de Derecho”. El diagnóstico que hacen es correcto.
Lo curioso es que ante este fenómeno, la táctica que ambos proponen es una adaptación aún mayor al mismo, deshaciéndose de todos los “lastres” del radicalismo de izquierdas del pasado, adoptando una estrategia de unidad nacional, e incluso “emancipando a la izquierda del concepto de ‘partido’ que la mantiene atrapada en el pasado.”
Lo trágico es que esos puntos de vista son de hecho predominantes en la dirección de SYRIZA. Fuera del parlamento, SYRIZA mantiene una retórica opositora de rechazo total a la nueva ley laboral. Pero dentro del parlamento, el partido de Alexis Tsipras votó a favor de una serie de artículos (¡55!) de la ley, optando por una táctica que “distingue los buenos y los malos aspectos” de la ley, en lugar del necesario rechazo político y completo de esta ley extremadamente reaccionaria (como hizo por ejemplo el Partido Comunista). En mi opinión, era un claro mensaje de Alexis Tsipras a la clase dirigente de que, a pesar de la voluntad de su base, SYRIZA seguirá siendo un partido “responsable” que no “quemará los puentes” de las relaciones, incluso frente desafíos extremos.
En las calles, la reacción fue importante. El proyecto de ley laboral se convirtió en una oportunidad para intentar organizar una huelga general en Grecia después de un largo periodo. Todos sabíamos que no iba a ser sencillo ni fácil. El contexto persistente de la pandemia, la burocracia sindical que declaró la huelga pero hizo todo lo posible para… boicotearla. Los verdaderos cambios negativos en la vida cotidiana y en los lugares de trabajo que pesan sobre los trabajadores constituyen límites a la capacidad de movilización. Pero el resultado fue mejor de lo esperado. Las manifestaciones fueron numerosas y se expresó la cólera de los oprimidos y oprimidas. La “gente de izquierda” constituía el grueso de las tropas. El Partido Comunista, la izquierda anticapitalista y por primera vez en mucho tiempo, un sector de SYRIZA. Una composición que todavía está lejos de la amplia participación de la clase trabajadora que se necesita para revocar una ley laboral, pero que no debe subestimarse. Cualquiera que conozca el movimiento de resistencia en Grecia sabe que así es como suelen empezar las marchas largas, que buscan y consiguen los grandes cambios.
La nueva ley laboral ya es una realidad. Una parte importante del movimiento organizado se niega a someterse a ella y tratará de derribarla en la práctica. Un movimiento de los trabajadores que no estará aislado: pese a la propaganda mediática histérica, todos los sondeos constatan que hay una mayoría social (hasta el 65% en algunos sectores…) que cree que los manifestantes “tienen razón”. Un movimiento que espera derrocar esta contrarreforma crucial. Este “pulso” será decisivo para la evolución social en Grecia. En mi opinión, también determinará la situación política, a diferencia de las maniobras parlamentarias o del ajuste socialdemócrata adoptado por la dirección de SYRIZA.
* Antonis Ntavanellos es uno de los principales animadores de DEA, organización de la izquierda anticapitalista griega.
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Fotografía: Rebelión
