Por: Esther Pineda. Iberoamérica Social. 17/04/2018
En muchas oportunidades las denuncias de las mujeres amenazadas, violentadas o en evidente riesgo de femicidio han sido desatendidas, obviadas, ignoradas, postergadas e incluso explícitamente rechazadas.
El femicidio en el pasado y en la actualidad ha ocurrido y ocurre porque, la sociedad organizada en torno a relaciones de género asimétricas, asume como inferiores, prescindibles y descartables las vidas de las mujeres con respecto a las vidas de los hombres. Esta valoración diferenciada explica por qué, ante el asesinato de los hombres se buscan culpables y justicia, pero ante los crímenes cometidos contra las mujeres se buscan justificaciones. El femicidio es entonces una consecuencia de la subvaloración social de la mujer, por ello, mientras que esta concepción no sea superada el femicidio no podrá ser erradicado; hasta entonces, apenas sólo se podrá ser sancionado.
Sin embargo, incluso la sanción del femicidio es relativa, sea mística, jurídica, moral o satírica (René Maunier, 1938) pues, la violencia femicida de los hombres está ampliamente aceptada y legitimada, no solo por parte de aquellos cercanos al agresor, la población en general o los medios de comunicación; sino también por parte de los funcionarios, operadores e instituciones del sistema de justicia, garantes de sancionar los crímenes cometidos contra las mujeres por el hecho de ser mujeres.
En muchas oportunidades las denuncias de las mujeres amenazadas, violentadas o en evidente riesgo de femicidio han sido desatendidas, obviadas, ignoradas, postergadas e incluso explícitamente rechazadas. Este hecho se hace manifiesto cuando ante la indagación en los casos de las mujeres asesinadas, se halla que muchas de ellas ya habían realizado denuncias a sus agresores por amenazas o violencia de género; incluso algunas de ellas habían denunciado a sus agresores en más de una oportunidad pero, las autoridades no tomaron las medidas necesarias, no siguieron los protocolos de actuación, ignoraron las alertas, en definitiva, el sistema de justicia fue incapaz de protegerlas. Pero esta desprotección de las mujeres víctimas de violencia por razones de género se hace más profunda aún después de cometido el femicidio; ni tras la consumación de lo que se pudo evitar existen garantías en lo que refiere la obtención de justicia, situación que contribuye a naturalizar y permisar los asesinatos sexistas y misóginos.
En este contexto, los prejuicios sexistas que anidan en algunos operadores de justicia, hacen gala durante la fase de investigación de los femicidios; es común que estos actúen con apatía e indiferencia, realizando averiguaciones de manera parcial, incompleta y confusa. Asimismo, Según el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género (Femicidio/Feminicidio), durante el proceso de investigación es común que estos funcionarios asuman dos tendencias frente a la víctima:
a) La “deificación de la víctima”, que hace referencia a su idealización. La víctima pasa a ser valorada por algunas de sus circunstancias vitales, como por ejemplo ser joven, pertenecer a una familia de status elevado, estar estudiando en la universidad, ser solidaria, etc. Esta idealización puede descontextualizar el crimen y dificultar la investigación al alejarla de las circunstancias reales de su comisión.
b) El “envilecimiento de la víctima”, que es lo contrario. Las características de la víctima hacen que sea considerada como propiciatoria o merecedora de lo ocurrido. Se piensa que determinados crímenes sólo les ocurren a ciertas personas que llevan modos de vida diferentes, que pertenecen a determinados grupos étnicos, que tienen ciertas creencias religiosas, que son de algunos grupos sociales, que tienen nivel económico bajo, que consumen drogas, que exteriorizan una orientación sexual distinta, etc.
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Fotografía: Iberoamérica Social