Por: Renata Terrazas*. La Jornada. 18/02/2016
Durante años, acceder a la información sobre fideicomisos públicos ha sido prácticamente imposible. Detrás del abuso de figuras como el secreto fiduciario o el secreto bancario, miles de millones de pesos del erario se manejan de manera discrecional en México. Según la cuenta pública, cada año alrededor de 400 mil millones de pesos se manejan mediante fideicomisos públicos.
La opacidad alrededor de los fideicomisos permite pensar que su manejo atiende a intereses particulares de una clase política que los emplea como cajas chicas. La propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), año con año, ha detectado irregularidades en diversos fideicomisos; ya sea porque hay información faltante sobre el destino de los recursos o porque ésta carece de veracidad, como en los casos donde el nombre de los beneficiarios no corresponde con la realidad.
Ante este escenario, en la reforma de transparencia se contempló que los fideicomisos públicos fueran sujetos obligados de transparencia, con obligaciones específicas y compromisos para la entrega de información, eliminando de esta forma la posibilidad de alegar el secreto bancario.
Las obligaciones específicas incluyen la publicidad sobre el destino de los montos, saldo total al cierre de cada ejercicio fiscal, padrones de beneficiarios en caso de tenerlos y los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos del fideicomiso, así como las modificaciones que se hagan sobre estos instrumentos legales.
Si bien es una ganancia que se contemplen como sujetos obligados de la transparencia y que se establezcan obligaciones específicas para la apertura de información de manera proactiva, aún hay una enorme brecha que permite mantener oculta información relevante sobre su financiamiento.
Uno de los mayores retos está frente a los fideicomisos que carecen de estructura y para los cuales es una institución financiera la que maneja los recursos. Las instituciones financieras niegan el acceso a la información mediante la figura del secreto bancario –aún las instituciones públicas tales como Banobras–, mientras las dependencias públicas que comprometieron los recursos, al no ser quienes manejan los recursos, son incapaces de entregar información sobre su ejercicio.
Cuando el capital de los fideicomisos es mixto, es decir, incluye capital público y privado, las complicaciones para el acceso a la información son mayores; incluso cuando el objeto del fideicomiso sea para obtener un beneficio público.
La multiplicidad de leyes que regulan la constitución de los fideicomisos no abona a construir mecanismos de rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus recursos. La fragmentación de los marcos normativos genera huecos legales que son generalmente aprovechados por funcionarios tramposos con intereses particulares sobre el funcionamiento de los fideicomisos.
Casos como el Evercore de Puebla y la negativa de las autoridades a brindar información al respecto, ejemplifican cómo se sigue poniendo a prueba los marcos normativos en materia de transparencia al crear espacios de opacidad en su funcionamiento y con ello permitir que atentados al interés público permanezcan en completo desconocimiento de las entidades de fiscalización y el escrutinio de la ciudadanía.
Como este fideicomiso encontramos multiplicidad de ellos que han nacido del subejercicio de recursos de las dependencias públicas, las cuales, para evitar regresar el dinero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que no se ejerció en el año fiscal, crean fideicomisos para ser usados a discrecionalidad.
Otro de los grandes problemas son los fideicomisos que nacen de la contratación de deuda pública, lo cual agrava por completo los efectos de un mal ejercicio al condenar ingresos futuros de un estado. En estos casos, no sólo estamos hablando de un ejercicio discrecional de sus recursos, sino de un endeudamiento de gobiernos locales y federal, a costa de la población.
Ante este escenario, las leyes de transparencia, y con ellas los organismos garantes, estarán a prueba para asegurar el derecho que las personas tenemos de conocer de qué forma se están gastando nuestros recursos, en este caso particular, los que componen los diversos fideicomisos públicos. Es de esperar una continua cerrazón de las autoridades para entregar la información necesaria, pero es también de esperar que ésta sea una agenda de la sociedad civil que cada día busca caminar hacia la construcción de una cultura democrática.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Fuente: http://lajornadasanluis.com.mx/opinion/la-opacidad-en-los-fideicomisos-publicos/
Fotografía: e-consulta.
