Por: Lilia Partida. 15/12/2016
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) considera que la “educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje y enriquezca sus vidas”. [1]
En lo correspondiente a este tema, en el modelo educativo se retoma sin explicitar el enunciado de la UNESCO, y no se acota la inclusión y la equidad a los estudiantes con barreras para el aprendizaje y participación (BAP) con o sin discapacidades, sino que se asume como principios transversales y conductores para la transformación del sistema educativo “garante de la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la calidad con equidad, el reconocimiento de capacidades, ritmos, estilos de aprendizaje”, para lo cual todo lo que contribuya a su operatividad (presupuesto, gestión escolar, becas, evaluación, planes, métodos, maestros, autoridades y familia) guiará estos principios.
Para lograr la inclusión y equidad en educación se propone un adaptable y común currículo nacional. Al ser adaptable es flexible así la escuela o los maestros podrán desarrollar, contextualizar los temas y atender las especifidades de los alumnos. Subraya que “la educación que se imparta en nuestro país deberá valorar la riqueza de nuestra sociedad pluricultural y multilingüística, así como los saberes que los pueblos originarios han construido y preservado, esto deberá reflejarse en los contenidos y métodos educativos (…) y valorar lecciones pedagógicas antiguas (…) y de valores de los pueblos originarios que continúan vigentes a la par que las modernas”.[2] Los empeños expresados con anterioridad operaran con acompañamiento técnico y supervisión.
Se señala que el principio de equidad e inclusión también debe estar presente en el diseño de espacios, mobiliario, infraestructura, o equipamiento y que las “escuelas indígenas, multigrado y las que atienden a estudiantes con mayores carencias socioeconómicas requieren ser consideradas como prioritarias”.[3]
En el modelo se declara una concepción de inclusión que rebasa a la educación especial o de vulnerabilidad y se postula a la equidad como un principio donde “el acceso y permanencia en el sistema educativo de los individuos que se encuentran en una situación de rezago o desventaja sean prioridad para las autoridades educativas”. [4]
La equidad como principio de un proyecto educativo nacional como el que se plasma, tendría que iniciar con apremio en las variadas regiones sin o con paupérrima infraestructura y nulo inventario de bienes muebles; conformados en su mayoría por diversas poblaciones rurales e indígenas empobrecidas. Para aspirar a la inclusión es imperativo cumplir no sólo con dar a las personas trato igual sino observar el principio de justicia aristotélico donde “justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”.
Se habla de la transversalidad, de preservar las culturas de los pueblos indios, del cuidado a las escuelas multigrado y de la desigualdad que –indican- debe atenderse con prioridad, pero a su vez se intenta obligar a alumnos y docentes a la evaluación universal a la par que se violan sus derechos al proponer desaparecer estas escuelas y reconcentrarlas en las llamadas escuelas de organización completa.
Se apela indispensable “garantizar la disponibilidad de buenos maestros con vocación y la formación necesaria para atender las particularidades culturales y lingüísticas de la educación indígena”[5], pero se procura acabar con las escuelas normales rurales con agotamiento presupuestal, desconociendo a sus graduados para ocupar plazas docentes, imponiendo planes de estudio y denostando a sus estudiantes y egresados en un marco de violencia sostenida que configuran crímenes de lesa humanidad.
Asimismo se enarbola el cuidado de los contenidos y métodos educativos pero se excluye por el gobierno federal y estatal los programas alternativos de educación y cultura elaborados por organizaciones sindicales y colectivos de profesores conocedores de la región, la lengua originaria y la pedagogía. Sobra decir que dichos programas no son bien vistos por las autoridades educativas al reivindicar lo analítico y crítico e incluir la aprobación y la participación de la comunidad. En precaución a la aplicación de estos programas y de cualquier innovación no gubernamental las autoridades planearon un sistema de control y vigilancia con un aparato administrativo de dirección, asesoría, normatividad y supervisión que abarca todas las escuelas básicas y media superior.
Paralelamente proponen un sistema de becas individual, declinan el asignar las becas por plantel o nivel educativo, lo que ahondará aún más la discriminación y desigualdad. Así por ejemplo, en las escuelas de comunidades rurales e indígenas donde comparten todos los alumnos el mismo nivel socioeconómico, se asignarán becas sólo a algunos; con qué criterios y con qué fines es lo que tendrán que responder las autoridades.
Otro aspecto tratado es el reforzar los servicios a los discapacitados, el diseño de espacios, mobiliario, infraestructura o equipamiento, ironía fortuita donde no hay absolutamente nada. Pero sí por diseño de espacios se refieren al espacio geográfico entonces se habla de la desaparición de la escasa infraestructura reemplazable por las llamadas escuelas de organización completa con el desarraigo y consecuencias previsibles, so perverso pretexto de cumplir el principio de equidad, la calidad educativa y para “romper el círculo vicioso de la pobreza”.
Respecto al uso de las tecnologías proponen consolidarlas sobre todo a nivel medio para quienes no puedan presentarse a clases. Sin embargo, es imprescindible contar con infraestructura que atienda a la juventud no sólo virtualmente sino en la modalidad presencial.
A manera de conclusión es importante distinguir lo opuesto del discurso y las acciones. Durante la administración del presidente Peña Nieto, la SEP “entregó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 650 millones de pesos para impulsar acciones de divulgación de los “beneficios” de la reforma educativa mediante campañas de difusión (…) recursos que representan casi 30 por ciento más de lo que este año se autorizó al Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, que cuenta con 465 millones, y que incluye fondos para atender la enseñanza básica de los niños de familias jornaleras agrícolas migrantes”.[6]
Al final de este apartado se alude el que México alcanzó la cobertura educativa universal a nivel primaria al inicio del siglo XXI, así como de la proximidad para cubrir la educación secundaria, y la cobertura a nivel medio superior se logrará “a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, según lo mandata la constitución”.[7]
Lo anterior en franca contradicción con los datos sobre cobertura y resultados, del “Informe de seguimiento de la educación en el mundo (Informe GEM) 2016, elaborado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en el cual se notifica que México alcanzará, la universalización de la educación primaria en 2042, la secundaria en 2066 y el bachillerato en 2095, es decir, enfrenta un rezago de 70 años en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030.[8]
[1] www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/…/1/
[2] Modelo educativo 2016. p. 65
[3] Ibídem, p. 67
[4] Ibíd. p. 63-64
[5] Ibíd. p. 68
[6] Poy Solano, Laura. Entregó la SEP $650 millones al SNTE para promoción de la reforma educativa, La Jornada p. 31, 2 de noviembre de 2016.
[7] Modelo educativo 2016, p. 70
[8] Poy Solano, Laura. México rezagado 70 años en educación media superior. La Jornada p. 31, 24 de septiembre de 2016
