Por: REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México. 12/07/2020
- Grupos anti derechos humanos, jerarquías religiosas y legisladores de Nuevo León se alimentan de la ultraderecha española VOX
Los recientes cambios legislativos en Nuevo León anuncian el creciente poder del fascismo y la ultraderecha en contra del Estado mexicano.
Grupos anti derechos humanos, jerarquías religiosas y legisladores del Estado de Nuevo León se alimentan de la ultraderecha española VOX, un partido político de reciente surgimiento que ha merecido en Europa el rechazo generalizado por sus posiciones machistas, xenófobas y fascistas a favor del franquismo. Este grupo de ultra derecha creó el concepto del llamado “PIN Parental” para que en una similitud con los software de “administración de contenidos” busca establecer que las personas adultas puedan impedir que niñas, niños y adolescentes reciban información científica y laica sobre educación sexual y desigualdades de género en el sistema educativo.
Está por llevarse a votación del pleno del Congreso local, posiblemente el próximo martes, el llamado “PIN parental” que sería un nuevo ataque a los avances constitucionales en materia de derechos humanos que se lograron el 2011. Permitir que millones de niñas, niños y adolescentes sean discriminados por su condición de edad al imponer visiones religiosas en la educación básica, les negarían la auto protección que necesitan para defenderse de la violencia sexual y las culturas machistas que sustentan las violencias contra las niñas y mujeres.
Con argumentos falaces y pervirtiendo el sentido del derecho a la educación estos grupos de ultra derecha pretenden engañar a la ciudadanía sobre el importante rol de madres y padres de familia en la educación de sus hijos, que cómo lo establece el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU
“Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”
Es decir, todas las personas somos iguales en derechos. Las personas adultas no valen más qué niñas y niños, por lo que no pueden prohibir el ejercicio de derechos. El derecho a la educación es universal, buscando el desarrollo personal, respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Las mamás y papás pueden elegir los modelos educativos públicos o privados, horarios, estilos más innovadores o los tradicionales en su papel de corresponsales del derecho a la educación. Sin embargo, el enfoque curricular es competencia exclusiva de la Secretaría de Educación Pública federal, que está obligada promover un Estado laico.
De tal forma que pretender censurar los contenidos curriculares al deseo arbitrario de sus tutores adultos sería un acto discriminatorio que podría dejarles en desventaja frente a otras niñas y niños, afectando con ello su desarrollo, autonomía progresiva e interés superior de la niñez protegida por la Constitución mexicana y la Ley General de Derechos de Niñas Ñiños y Adolescentes.
Son los mismos grupos anti derechos que consideran a los niños y niñas como objetos de propiedad familiar. Los mismos grupos que callan de forma cómplice con los casos de Pederastia en las Iglesias, que se oponen a la educación sexual en la infancia y justifican la violencia machista con la idea de la “familia natural”, con grandes cantidades de recursos económicos sin transparencia logran financianciar su presencia en medios de comunicación.
Realizamos un llamado urgente a la Secretaria de Gobernación, INMUJERES, SIPINNA, UNICEF, UNESCO y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a pronunciarse sobre esta grave violación al orden constitucional y acompañar al Estado de Nuevo León a proteger la garantía de una educación universal, científica y laica para todas las niñas, niños y adolescentes.
Atentamente, Juan Martín Pérez García. Director Ejecutivo. REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México
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