Por: AQUILES CELIS. 10/06/2022
La Escuela Nacional de Agricultura (ENA) es a menudo presentada como una institución con un marcado carácter social, preocupada por el ingreso y el desarrollo profesional de los hijos de los campesinos pobres del país. La presencia de servicios asistenciales como las becas otorgadas a la mayoría de los estudiantes, la existencia de una preparatoria agrícola, el internado y el comedor han consolidado y corroborado esta perspectiva de la ENA. Para florón y remate de la exaltación panegírica de la ENA muchas veces se le añade la defensa del campo y del campesino mexicano: “explotar la tierra, no al hombre”. Sin embargo, en esta visión hay mucho de fantasía.
La ENA fue durante al menos un siglo y dos décadas una de las instituciones educativas públicas con mayor control y vigilancia estatal. Lo anterior obedeció a la necesidad del incremento de la producción agrícola, interés fundamental del Estado y principal meta de la institución. El cumplimiento de este objetivo presentó serias dificultades pues desde sus orígenes la ENA acusó un teoricismo excesivo, proveniente del positivismo francés que se extendió al menos hasta la década de 1940. Lo anterior constituyó un impedimento para la consolidación de una tradición de investigación y experimentación agrícola y la generación de un conocimiento acabado y transmisible para lograr lo planeado. Para incrementar la productividad, los agrónomos de la ENA, interesados en consolidar su profesión en la burocracia, obtener legitimidad en el ámbito científico y conservar su credibilidad frente a los campesinos, a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento (SAF), se interesaron en el programa de asistencia agrícola que ofrecía la Fundación Rockefeller (FR).
La Fundación Rockefeller operó desde 1913 como una institución filantrópica de la Standard Oil Company, propiedad de John D. Rockefeller, para erradicar enfermedades, promover la educación y desarrollar programas de investigación y divulgación científica. En 1938 redireccionó su mirilla hacia la inversión (e intervención) en el desarrollo agrícola de los países de América Latina con objetivos económicos específicos como el posicionamiento en nuevos mercados y el abastecimiento de materias primas o alimentos.
En paralelo, durante la década de 1940 el Estado inició una revisión silenciosa de la reforma agraria. La modernización de la agricultura poscardenista priorizó el apoyo a las empresas privadas en detrimento del ejido y el minifundismo. En 1941, Raymond B. Fosdick, director de la Fundación Rockefeller, luego de una reunión con Manuel Ávila Camacho, concluyó que “incrementar los rendimientos de maíz y el frijol, podría contribuir al bienestar del país y a la felicidad de la población mucho más que cualquier otro plan.” En pocas palabras, la revolución agrícola debía imponerse sobre la reforma agraria.
En 1941, Henry Wallace, embajador de EEUU en México, se reunió con una comisión de la FR para sondear la posibilidad de invertir en un programa de asistencia agrícola en México. La deliberación fue positiva y el contacto suscitó un enorme entusiasmo dentro de la SAF, especialmente en su titular, Marte R. Gómez y en Eduardo Morrillo Safa, jefe de la Dirección General de Agricultura (DGE). Inmediatamente la Fundación envió una comisión de reconocimiento y tras un recorrido por el territorio nacional, la comisión recomendó medidas generales para el mejoramiento de suelo y las prácticas de labranza; la introducción, selección y propagación de variedades de cultivo; el control de plagas y la inserción de nuevas especies de aves y de ganado.
La FR comisionó al Dr. Jacob George Harrar, Exdirector del Departamento de patología vegetal del Colegio Estatal de Washington para iniciar el programa agrícola. Desde su llegada, Harrar fue asesorado por el ingeniero José Rodríguez Vallejo, egresado de la ENA, que a la postre, fue el primer beneficiario del programa de becas de la FR para especializarse en EE. UU en el área de genética vegetal. Los miembros de la comisión concluyeron que la forma más eficaz para establecer una relación con el Estado era insertarse en las instituciones mexicanas; Harrar logró que se equipara una oficina con laboratorios experimentales, para estrechar lazos de cooperación con la Dirección General de Agricultura (DGA) y vincularse con la Escuela Nacional de Agricultura.
En 1943 los miembros de la FR y las autoridades de la ENA concertaron un convenio de asistencia agrícola que permitió el uso de las instalaciones pues “la ENA ofrecía la mejor infraestructura posible en materia de laboratorios y parcelas experimentales y docentes dispuestos a colaborar con la FR.” La FR se interesó también en los agrónomos de la ENA. Así, se reveló un nexo ideológico entre los operadores de la FR con algunos funcionarios agrícolas: coincidieron en que era hora de abandonar el ejido y apostar por la agricultura privada. Desde luego, jamás sostendrían esto en público.
El programa de asistencia agrícola de la FR imitó el modelo de investigación y experimentación estadounidense. En 1943 impulsó la creación de la Oficina de Estudios Especiales (OEE) dependiente de la SAF, que coordinó la mayoría de los trabajos experimentales y garantizó la seguridad económica y la autonomía científica con respecto al gobierno mexicano. En ese año también se creó la Estación Experimental de la ENA, centro de innovación agrícola para el desarrollo de los cultivos.
Poco a poco, la Escuela Nacional de Agricultura se convertía en el laboratorio de lo que posteriormente sería conocido como la revolución verde.
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Fotografía: Cemees
