Por: EFRAÍN JARAMILLO, COLECTIVO DE TRABAJO JENZERÁ. 21/08/2024
En el sur de Colombia, especialmente en el departamento del Cauca, las organizaciones criminales controlan los territorios y libran cruentas hostilidades. Los enfrentamientos son principalmente por las zonas de cultivo de marihuana y coca, y el control de las rutas del narcotráfico. En consecuencia, los pueblos indígenas y afrocolombianos sufren el reclutamiento forzado de menores, las amenazas de “plata o plomo” y el asesinato de líderes. Sin embargo, no todo es a través de la violencia: mientras un jornalero percibe entre 30.000 y 50.000 pesos diarios, un recolector de la hoja de coca puede ganar entre cuatro y cinco veces más.
Un informe de la Defensoría del Pueblo realizado a finales de 2023 revela que 428 municipios, un poco más de la tercera parte de los municipios de Colombia, se encuentran bajo dominio de narcotraficantes, guerrillas o paramilitares. En ese vasto territorio están localizados casi todos los 87 pueblos indígenas y las comunidades negras de Colombia. Si bien las actividades delictivas tienen una alta repercusión a nivel local y regional, también han expandido sus tentáculos en la política nacional ya que han penetrado a muchas de las instituciones del país. De este modo, las han vuelto dúctiles a dineros que van y vienen, dejando en el entorno social una imagen “siciliana”.
Antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dominaban estos territorios. Tras su desmovilización, ahora son varios los grupos armados que gobiernan esas regiones: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de autodenominación izquierdista; la Nueva Marquetalia, una disidencia de las desmovilizadas FARC liderada por Iván Márquez; las columnas Dagoberto Ramos y Jaime Martinez, también provenientes de las FARC, con una presencia terrorífica en el departamento del Cauca; el Estado Mayor Central (EMC), una federación de grupos disidentes de las FARC, al mando de Gentil Duarte y alias Iván Mordisco.
Asimismo, se encuentran el renacido Ejército Popular de Liberación (EPL); la alianza de grupos paramilitares, autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y llamadas por el gobierno como “Clan del Golfo”; también hay presencia de los cárteles mexicanos Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Zetas. Estos grupos se dedican a una amplia gama de actividades ilegales: narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, minería ilegal, secuestro, extorsión y extracción de rentas del Estado.
Un control geopolítico de la crueldad
Siguiendo al artículo de Ulrich Oslender, Geografías del terror: un marco de análisis para el estudio del terror, este espacio sería una “geografía del terror”, ya que las disputas por el control de la región han puesto a los pueblos indígenas en una zona de fuego cruzado. Para que este entramado delictivo funcione, el método empleado por las organizaciones criminales es actuar con crueldad contra la población local con el objetivo de arrebatarles a sus “competidores” el negocio de la droga y controlar socialmente un territorio. Esta forma de control geopolítico bárbaro es practicado por todos los grupos armados.
En consecuencia, los pueblos indígenas y afrocolombianos sufren el reclutamiento forzado de menores, las amenazas y el asesinato de líderes, por el solo hecho de oponerse a los cultivos ilícitos de coca y marihuana en sus territorios. Los indígenas nasa cuentan que entre 2021 y 2022 fueron reclutados al menos 300 jóvenes, de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre 12 y 15 años (la cifra es un subregistro, pues muchos no son reportados por el temor a represalias). El procedimiento para el “enganche” de estos menores es simple: se les ofrece cosas que las familias indígenas no pueden darles: ropa, zapatos de marca, dinero, celulares de alta gama y hasta motos. Pero el reclutamiento es forzoso. Se realiza bajo la amenaza de “plata o plomo”.
La mayoría de estos jóvenes son utilizados en oficios de la agroindustria de la coca y el tráfico de narcóticos: siembra, fumigación, recolección de la hoja y procesamiento de cocaína. En no pocas ocasiones, las jóvenes son destinadas a la trata sexual para la tropa. El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denuncia que algunos jóvenes son asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Incluso hay un número creciente de venezolanos que son reclutados para el narcotráfico, pero no se tienen datos precisos ni rastros en caso de desaparición.
Si bien el CRIC intenta recuperar estos jóvenes por medio de sus kiwe thegnas(guardias indígenas), no es una tarea fácil ya que no conocen al actor armado que los reclutó y las organizaciones armadas desconocen a las autoridades indígenas. “Antes, cuando las FARC eran el único actor armado, se podía hacer una interlocución. Ahora son muchos los grupos que se llevan a los muchachos y no es fácil hablar con ellos”, explica un dirigente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).
Kiwe thegnas (guardias indígenas) en El Pital, comunidad que conforma el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Foto: CRIC
El impacto del narcotráfico en los territorios
El ambiente delictivo también se forja con el imaginario de bienestar y prosperidad que ocasiona la hoja de coca. Si bien el reclutamiento forzoso es responsable de una parte del crecimiento de los grupos armados que alcanzan los 6.000 hombres, muchos otros son atraídos por las rentaso prebendas que se obtienen: mientras un jornalero percibe entre 30.000 y 50.000 pesos diarios por las faenas de campo, un recolector de la hoja de coca (raspachín) puede ganar entre cuatro y cinco veces más.
Un estudio realizado en 2022 por el pueblo Nasa del Norte del Cauca revela que, ante la precariedad de las economías indígenas, en donde un 80% de las familias viven bajo el umbral de pobreza, es la población joven la que se emplea mayoritariamente en estos oficios. La industria de la coca también ofrece grandes ventajas para los propietarios de la tierra. Muchos campesinos, y no pocos indígenas, vienen cediendo sus terrenos por el descomunal crecimiento del precio de la tierra; una situación que viene alterando el sistema productivo en la región. Ante el aumento de áreas de cultivos ilícitos, como marihuana y coca, y la consecuente reducción de la producción agrícola, se elevan los precios de los alimentos. Como ejemplo, en el Cauca se produce más del 50% de la marihuana del país y gran parte de estos cultivos se encuentran en resguardos indígenas.
Un daño colateral de los reclutamientos es que algunos milicianos indígenas, ya sea por el prestigio que da el dinero o por la sensación de poder que ofrecen las armas, terminan imponiendo normas en sus comunidades, desconociendo el ordenamiento jurídico tradicional interno y coartando las decisiones políticas de sus organizaciones. De esta forma internalizan las prácticas violentas de sus agresores. Tras su visita a Colombia del 5 al 15 de marzo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay, señala el adoctrinamiento de jóvenes indígenas usados como informantes, lo cual ha conducido a fraccionamientos en las comunidades y a un debilitamiento de sus gobiernos.
El avance del narcotráfico sobre los territorios indígenas genera violencia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señala que en los últimos cuatro años han sido asesinados 89 líderes indígenas en Colombia, la mayoría eran indígenas nasa del Cauca. Tras la firma del Acuerdo de Paz en la Habana, el departamento del Cauca también es el más afectado por el asesinato de líderes sociales y comunitarios: de 1.300 víctimas, 309 son caucanos.
El Corredor Sur del Cauca es estratégico porque conecta el interior del país con el Pacífico y facilita el tránsito de armas, precursores químicos y rutas del narcotráfico. Los actores armados se han disputado su control territorial históricamente. Imagen: Comisión de la Verdad
Un desafío para las organizaciones indígenas
Para el pueblo Nasa, la coca es una planta sagrada. Como tal, está enraizada en prácticas ancestrales y ceremonias religiosas, y es común encontrarla en sus huertos. No obstante la producción de cocaína ha colonizado las formas tradicionales de producción indígena y ha ocasionado graves trastornos culturales, territoriales e identitarios. En honor a la verdad, también hay que admitir que las rentas han mejorado las condiciones de vida de muchas familias nasa. Una situación que ha conducido a que algunos dirigentes consientan y toleren el desarrollo de esta economía alienante. Incluso a sabiendas del reto que cae sobre aquellas familias que se ven compelidas a involucrarse en el negocio del narcotráfico.
En consecuencia, el poder de la economía del narcotráfico se ha convertido en la amenaza principal para la vida de los pueblos indígenas del Cauca. Lo paradójico es que las luchas indígenas más recientes han sido para “liberar a la Madre Tierra” de los monocultivos de la caña de azúcar en los territorios. En otras ocasiones, los indígenas del Cauca han sorteado con éxito los intentos de socavar su potestad sobre sus vidas y territorios. Recordemos el terrajero Manuel Quintín Lame quien unificó a los nasas en un solo haz para impedir la disolución de sus resguardos o Don Juán Tama, héroe histórico de los nasa, que lideró las luchas del siglo XVIII para derrotar a los encomenderos que usurparon sus tierras, aupados por la Corona española.
“Muchos Quintines nacerán”, reza el himno de la guardia indígena del Cauca. Y tienen razón porque tanto los indígenas como los afrocolombianos necesitan unirse una vez más si quieren derrotar la economía del narcotráfico. La producción de cocaína y marihuana está dejando secuelas graves en sus formas de vida, aumenta el consumo de alcohol y de sustancias entre la población más joven, menoscaba la gobernabilidad de las comunidades y afecta el control sobre sus territorios. Como si esto fuera poco, la deforestación y la contaminación de los ríos en las etapas de siembra, fumigación y producción de cocaína ha conducido a lo que los indígenas llaman la “desarmornización del territorio”.
Efraín Jaramillo es antropólogo colombiano y ha acompañado las luchas de organizaciones indígenas colombianas durante los últimos 40 años. Fue asesor del delegado indígena Alfonso Peña Chepe a la Constituyente de 1991.
Colectivo de Trabajo Jenzerá es un grupo interdisciplinario e interétnico fundado en 1998 por personas con amplia experiencia en el acompañamiento a pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, en varias regiones de Colombia.
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Fotografía: Iwgia
