Por: Silvina Ramírez. 07/05/2025
Desde diferentes lugares del país, las comunidades indígenas se movilizan para frenar desalojos, los que se van multiplicando luego de la derogación de la ley de emergencia territorial 26.160. Desde Neuquén (comunidades mapuche del Lof Xinkikew y Lof Melo, en Villa La Angostura), Tucumán (familia Mamani de Trancas en Tafí del Valle), en San Juan (comunidad Huarpe Salvador Talquenca, en Encón), sólo por mencionar algunos ejemplos y sólo algunas provincias en donde se desarrollan los conflictos, la demanda es respetar los derechos indígenas, detener nuevos despojos territoriales, y encauzar los conflictos de acuerdo a la normativa nacional e internacional.
Por otra parte, más allá de la vía judicial, las comunidades intentan revertir nuevas leyes que se promulgan en el ámbito provincial y nacional (valga mencionar una trilogía inconsulta en la provincia de Chubut, que regula el derecho a la consulta, el registro de personería jurídica, y la integración de la comisión de tierras), solicitando la declaración de inconstitucionalidad, denunciando la falta de consulta, sin que hasta el momento exista mayor repercusión, o los poderes políticos se hayan expresado sobre estos pedidos, que conllevan ni más ni menos que el reclamo por la vulneración de los derechos indígenas.
El silencio es una herramienta privilegiada para desconocer, menospreciar, invisibilizar. Ni los poderes judiciales de las provincias escuchan a las comunidades, y vuelven a perseguirlas, librando órdenes de desalojo, desatendiendo sus actuales derechos; ni el poder político (que incluye también a las legislaturas provinciales y al Congreso de la Nación) se hace eco de sus demandas. Por el contrario, embiste derogando leyes, anulando relevamientos territoriales, avanzando a través del RIGI para profundizar la explotación territorial de los pueblos indígenas, desde Salta hasta la Patagonia. El “como si” se hace cada vez más patente. Las comunidades indígenas parecen no existir en Argentina. Son invisibles para este gobierno. Por lo tanto, no existe un sujeto ante quien responder, frente al cual rendir cuentas. La impunidad de las acciones se vuelve total. El silencio se agiganta, se escucha.
La ausencia de respuestas agrava mucho más los conflictos. No obstante, para superar un estado de cosas que no parece –desde las esferas del gobierno- querer modificarse, se vuelve imperioso amplificar mucho más las voces indígenas, y las voces no indígenas que comparten una perspectiva, que reconocen la existencia y relevancia de los pueblos indígenas en el país. Hacerse escuchar hoy es la consigna. Combatir las consecuencias del “ninguneo” no es una tarea fácil, pero de a poco las comunidades van organizándose. Desde el llamamiento de la Confederación Mapuche de Neuquén a respetar los derechos de las comunidades, hasta la acción judicial presentada por las comunidades mapuche – tehuelche en Chubut, para cuestionar la constitucionalidad de las leyes sancionadas, son una muestra de que puede construirse un camino colectivo de acción.
Superar el ostracismo al que pretenden reducir a los pueblos indígenas, encontrar formas creativas para demandar por los derechos y proteger los territorios, erigir alianzas con otros sectores que caminan los mismos senderos, son algunas de las tareas que deben llevarse adelante con urgencia, y que requiere también dejar de lado posicionamientos rígidos, frente a los enormes desafíos que presenta este gobierno, y la situación actual del país y del mundo. Sin lugar a dudas es más sencillo verbalizarlo que concretarlo, pero un punto de inicio es tener claridad sobre el rumbo que deben tomar nuestras acciones. Dejar de ser invisible no es sólo un desafío actual, sino que forma parte de una lucha histórica de los pueblos, que sigue estando más vigente que nunca.
Foto : Roxana Sposaro
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Fotografía: Resumen latinoamericano