Por: Pablo Jofre Leal. 24/07/2023
Hace apenas unas semanas el Diario oficial El Peruano publicó dos resoluciones por las cuales el Gobierno de facto de la Sra. Dina Boluarte autorizó el ingreso de 1.172 militares estadounidenses a territorio del país suramericano, bajo la excusa de realizar entrenamientos conjuntos con las Fuerzas Armadas peruanas y la Policía Nacional.
Resolución aprobada por el congreso y suscritas por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el ministro del Interior, Vicente Romero, para llevar a cabo “actividades de cooperación de entrenamiento en fechas que van desde el junio pasado a diciembre de este año 2023. Miembros de Fuerzas Especiales vinculados a militares peruanos del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta, Fuerzas Especiales Conjuntas y las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra, con históricos antecedentes de violaciones a los derechos humanos de la población peruana. Se une a la relación el Grupo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas y la Dirección de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Las operaciones de entrenamiento y capacitación peruano-estadounidense se efectuarán en gran parte del país. Entre los lugares elegidos se encuentran: Lima, Callao, Iquitos, Huánuco, Apurímac, Pasco, Huancavelica y Ayacucho, entre otros.
En otro de los documentos emanados desde el Gobierno se dio vía libre para que ingresaran a suelo peruano “medios aéreos, medios náuticos y personal militar” perteneciente a Estados Unidos que en el marco de las actividades de cooperación de entrenamiento con las Fuerzas Armadas peruanas se están ejecutando también, en el denominado Ejercicio Militar Conjunto “Resolute Sentinel 2023” entre el 1 de junio y el 31 de agosto, organizado por el Comando Sur de los Estados Unidos, junto a tropas no solo de Perú y Estados Unidos, sino también de Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay, Panamá y Reino Unido.
Junto a las denuncias efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la represión ejercida por Boluarte y las “violaciones graves a los derechos humanos de la población peruana” (1), las agrupaciones de defensa de los derechos humanos de la nación suramericana han señalado al Gobierno peruano –surgido a partir del 7 de diciembre del año 2022, tras el proceso de destitución y declaración de vacancia contra el expresidente democrático Pedro Castillo– que la presencia de militares extranjeros tiene el objetivo de apoyar la represión de las protestas en el país, que ya eleva la cifra de muertos en 80 y que tuvo al Perú convulsionado entre diciembre del 2022 y marzo de este año 2023. Protestas que se han reiniciado bajo la exigencia de la renuncia de Boluarte y el adelanto de las elecciones. Esto, en un escenario sanitario donde las cifras por el dengue elevan las victimas en 200 en lo que va del año, lo cual ratifica que hubiese sido más valioso para el país contar con ayuda sanitaria en lugar de ejercicios militares.
Las protestas se han convocado nuevamente para los días 26, 27 y 28 de julio poniendo en entredicho la continuidad del Gobierno peruano sujeto a fuertes presiones de la derecha local, que desea endurecer la mano represora y al mismo tiempo consolidar la alianza con Estados Unidos, para de tal manera sacar de circulación cualquier intento de consolidar las relaciones económicas tanto con China como con Rusia, aspecto que estaba intentando concretar el Gobierno del expresidente Castillo en un intento de fortalecer su soberanía política y económica. Esto, en el marco de los enormes yacimientos de litio que posee Perú, que podrían unirse al triangulo conformado por Chile, Bolivia y Argentina –tres países que poseen el 50 por ciento de las reservas probadas de litio– y que constituyen un botín apetitoso en la idea de desarrollar lo que se ha denominado la “revolución verde”.
Es por ello que el análisis más fino en torno a la presencia de efectivos militares estadounidenses, agentes de inteligencia, organismos vinculados a Fundaciones de orden político, Organizaciones No Gubernamentales –ONGs– son la muestra palpable de que se prepara un escenario de aumento de la represión, fortalecimiento de los lazos con Washington y con ello contender con la ampliación de la idea y práctica de la política multilateral llevada a cabo por la República Popular China, la Federación Rusa y la República Islámica de Irán, entre otras numerosas naciones. Indudablemente, y sobre todo con referencia a China y el litio que está explotando en Perú a través de empresas ya en funcionamiento, estamos en presencia de una disputa geopolítica de envergadura donde la nación asiática lleva la delantera en este rubro. “Estados Unidos llegó tarde a la fiesta y Washington claramente está ansioso por la ventaja inicial de China”. (2)
Tal realidad ha hecho declarar a la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que China “continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar en América Latina y el Caribe”, durante una presentación ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en marzo. Y en ese pensamiento prima, indudablemente, la necesidad de avanzar en acciones que permitan a Washington recuperar terreno perdido en materia de acceder a materias primas fundamentales, como es el caso del litio. La mezcla de injerencia política, económica y militar en el Perú es parte de esa estrategia y si ello significa generar apoyos más extremos al Gobierno de Dina Boluarte, Washington no se limita en ello. El envío de militares es parte de la estrategia global de dominio, utilizando para ello a castas políticas aliadas, grupos económicos y medios de comunicación afines. Para el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Wilson Barrantes, “hay una confrontación política a nivel mundial de Estados Unidos contra China y Rusia; Perú es clave porque estamos situados en un punto estratégico de la cuenca del Pacífico, puerta de incursión para China, somos una bisagra”. (3)
Medios internacionales han señalado (4) que una investigación de la CELAG reveló que Perú se posiciona como el tercer receptor de asistencia militar y policial de la región, después de Colombia y México, y destaca que más de 23.000 miembros de las fuerzas de seguridad de Perú fueron capacitados por Estados Unidos entre 2000 y 2019. Durante ese periodo, el Gobierno estadounidense invirtió 1.842 millones de dólares en asistencia militar en el país latinoamericano. En la perspectiva de seguir considerando a Perú como un freno, un muro de contención de los procesos de cambio que ha experimentado Suramérica y de ahí esta idea de controlar política, territorial y militarmente esta nación suramericana.
La presencia militar de Estados Unidos se enmarca efectivamente dentro de la intención de mostrar presencia frente a Rusia y fundamentalmente frente a China, “que ha ganado mucho terreno en América Latina con su geopolítica económica”. (5) Y ahí parece estar la clave de esta manifestación estadounidense, tan evidente en Perú, de tal forma de generar conductas pro Washington, que irradien esa política del norte al resto de los vecinos y con ello contrarrestar la influencia de la política multilateral, que palmo a palmo se está imponiendo en el planeta.
Notas:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65476115. Unido a lo anterior varias organizaciones internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas, ambos luego de visitar el país, señalaron que las fuerzas de seguridad del Estado cometieron graves violaciones de los derechos humanos de las y los peruanos que salieron a protestar ante el repunte de la crisis política en diciembre de 2022 y en los primeros meses de 2023.
https://www.telam.com.ar/notas/202306/632165-peru.html
Escobar, Ramiro. Analista Internacional. Junio 26, 2023 https://www.elheraldo.com.ar/notice/2023-06-26-polemica-por-la-presencia-de-militares-estadounidenses-en-peru
Fuente: TeleSur
