Por: Fabián Inostroza. IBEROAMÉRICA SOCIAL. 19/05/2020
En este momento histórico, debe predominar la sensatez y la empatía, por sobre los números, los estándares y los premios y castigos.
El MINEDUC por medio de diversos comunicados ha informado que para el presente año, se realizará tanto el test censal y estandarizado SIMCE y la Evaluación Docente, independientemente de las circunstancias excepcionales que estamos viviendo producto del COVID 19, las que han sido evidenciadas en carne propia por profesores, estudiantes y las familias (estrés por el teletrabajo 24/7, ausencia de internet en algunas zonas, preocupación por la cobertura curricular, tensión entre el trabajo y la vida familiar, salud mental de padres y niños, entre otros).
La interrogante que está en juego es: ¿Por qué la COMPULSIÓN y la INSISTENCIA por aplicar estas evaluaciones?
Al juzgar el discurso emitido por el Ministro de Educación (Raúl Figueroa), las razones estarían dadas por la utilidad y la importancia que tiene la información que proporcionan estas pruebas para tomar decisiones a nivel central. Es decir, desde el Ministerio, arguyen que estos “termómetros” de la CALIDAD de la educación y del profesionalismo de los y las educadores/as, estas CIFRAS, serían fundamentales para elaborar políticas públicas útiles para mejorar los aprendizajes que estarían recibiendo el alumnado y para mejorar las normativas relativas a la formación y desarrollo profesional docente.
Las razones anteriormente explicadas para por sí mismas, serían suficientes para aplicar estas evaluaciones, pero ¿Los niños y los profesores están preparados para rendir estas pruebas? Partamos por la premisa que este año académico, no ha sido para nada regular y que lo más probable es que terminando el invierno en Chile, se produzca el “segundo estallido social” (es una suposición), en este escenario lo más sensato sería no aplicar tales evaluaciones.
Además, hay que considerar que si bien, los “números” que arrojan estas pruebas, efectivamente son útiles en términos de políticas publicas, los resultados que arrojarían estas evaluaciones estarían fuertemente afectados y sesgados por las variables contextuales como “Pandemia y Estallido Social”, por lo cual, tendrían una baja validez estadística. Por último, siendo este año “atípico”, no se podría aplicar ningún tipo de evaluación con “normalidad”, dado que tanto profesores y estudiantes no han desarrollado procesos de “enseñanza-aprendizaje” con regularidad, por tanto, aunque realicen todas las modificaciones a estos procesos (cambiar la forma de aplicación, disminuir la extensión de los instrumentos o hacer las pruebas más “comprensivas”), lo más probable es que los resultados que arrojen las pruebas tanto por estudiantes como profesores sean bajos (lo que no reflejará la real calidad de la docencia y los aprendizajes de los niños).
Dicho lo anterior, al parecer la sensatez y el sentido común, no estarían acompañando a las autoridades ministeriales, sino que nuevamente la racionalidad ECONÓMICA estaría orientando sus decisiones. Sin los resultados del SIMCE, nuestros “EXPERTOS” no sabrían nada respecto a la “CALIDAD” de la educación que reciben los estudiantes, por tanto, no podrían saber si se han cumplido las metas comprometidas por los PME o si se están logrando los estándares mínimos de aprendizaje. Esta información es crucial a la hora de castigar o premiar (en forma de bonos o subvención) a las instituciones educativas y al profesorado.
Lo mismo aplica para la Evaluación Docente, ya que, sin resultados, los “EXPERTOS” no pueden controlar a distancia, la “CALIDAD” de los profesores, por tanto, sería muy difícil distribuir los recursos, es decir, las asignaciones por tramo, bonos, etc. Por tanto, desde el Ministerio, los expertos, requieren y necesitan esta información para poder “vigilar, premiar y castigar” a los docentes, tal y como lo plantea Michel Foucault en una de sus varias “obras”.
Como una forma de dotar de “sensatez a esta discusión”, una propuesta honesta y muy humilde, además, colmada de sentido común es que por este año, los ingentes recursos destinados a la elaboración, aplicación y retroalimentación que se gasta tanto en el SIMCE como de la Evaluación Docente, sean íntegramente invertidos en la dotación de tecnologías óviles, en internet para que los estudiantes, para que estos logren acceder al currículum y a los contenidos indispensables, como también una parte importante de ese capital, debería entregarse a los profesores y profesoras de todo Chile, quienes han puesto su vocación por sobre todo, de tal forma de compensar la complejidad de realizar trabajo y material pedagógico desde sus hogares con todas las dificultades que esto conlleva.
En este momento histórico, debe predominar la sensatez y la empatía, por sobre los números, los estándares y los premios y castigos. En este espacio-tiempo, se debe reconocer que lo más relevante es que los estudiantes puedan desarrollar hasta cierto punto los aprendizajes estipulados y que a su vez, los docentes puedan desarrollar su trabajo pedagógico en las mejores condiciones sociales, materiales y por supuesto, salariales.
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Fotografía: IBEROAMÉRICA SOCIAL.
