Por: Florencia Trentini, Nicolás Castelli. 17/01/2023
En las últimas semanas el debate sobre la explotación de hidrocarburos en el mar Argentino y en paralelo la ola de calor que azotó al país pusieron sobre la mesa la discusión sobre el modelo de desarrollo. ¿Es posible que el desarrollo económico dialogue con el cuidado del ambiente y además garantice inclusión social?
La crisis climática se hace sentir cada vez más fuerte y frente a esto el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), grupo científico reunido por las Naciones Unidas para monitorear y evaluar toda la ciencia global relacionada con el cambio climático, sostuvo en su último informe publicado que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando. Ante este escenario, los planes actuales no van a alcanzar para limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, umbral que los científicos consideran necesario para evitar impactos aún más catastróficos.
Alrededor del 90% del dióxido de carbono -el peor de los gases de efecto invernadero (GEI)- emitido en la actualidad proviene de la combustión de petróleo, carbón y gas natural. Estos se usan para la obtención de la energía para sostener las actividades industriales, producir alimentos, garantizar el funcionamiento de los medios de transporte, calefaccionar o refrigerar hogares y lugares de trabajo, etc. Para evitar un colapso ecosocial no solo será necesario reducir las emisiones, sino también eliminar parte del carbono que ya está en la atmósfera.
Y lejos de ser necesaria una innovación tecnológica aún no creada, la solución para esto ya existe naturalmente y se llama fotosíntesis. Sí, ese proceso mediante el cual las plantas absorben el dióxido de carbono del aire y lo almacenan en sus raíces y en el suelo. Se estima que las plantas podrían proporcionar casi un tercio de las reducciones de emisiones para lograr el umbral de 1,5°.
Es decir, nuestra forma de habitar el planeta modificó el ciclo del carbono: emitiendo mediante algunas actividades humanas mayor cantidad de gases de los que son posible de absorber naturalmente, y destruyendo con otras actividades humanas los territorios (bosques, selvas, humedales) que podrían absorber más emisiones. Solo en Argentina, entre 1990 y 2015 se arrasaron 7,6 millones de hectáreas de monte nativo para dar lugar al agronegocio y el extractivismo. O en otro nivel de la problemática, las plazas de la Ciudad de Buenos Aires tienen cada vez más cemento y menos árboles, mientras se cuentan canteros como superficies verdes. Esto tiene un correlato directo en la temperatura, que en algunos casos puede variar más de 20 grados dentro de la misma ciudad, entre zonas con espacios verdes y zonas sin ellos.
El informe del IPCC también deja en claro que las responsabilidades por este desastre son desiguales: los países más ricos son responsables de una mayor cantidad de emisiones, pero las consecuencias se sienten con mayor impacto en los países más pobres. EE.UU. y Haití pueden sufrir huracanes, pero cómo cada país afronte este hecho va a depender de sus condiciones socioeconómicas y estas son resultado de desigualdades estructurales.
Con EE.UU. a la cabeza, las mayores emisiones históricas de GEI se concentran en diez países y un puñado de grandes empresas transnacionales. Esta desigualdad se ve claramente cuando se discute la transición energética y la descarbonización de las economías. Actualmente solo el 15% de la energía proviene de fuentes bajas en emisiones de GEI. Esto es la energía eólica, hidroeléctrica o solar, y aproximadamente un 4% corresponde a energía nuclear. La transición energética ya es un hecho en pleno desarrollo. En esta carrera de sustitución de hidrocarburos por energías limpias -que por el momento dominan las grandes potencias europeas- se plantean diversos problemas y desafíos para los países del sur global.
Desde un neodependentismo económico y tecnológico hasta convertir a la región en depositaria de los pasivos socioambientales de la descarbonización de las economías del Primer Mundo, el riesgo de profundizar asimetrías y desigualdades está presente. Ahora bien, esta discusión se da mientras el 13% de la población del mundo no tiene acceso a servicios modernos de electricidad, cerca de 3 mil millones de personas dependen del carbón para cocinar y el 29% de los hogares del mundo no tiene acceso a servicios públicos modernos.
A nivel internacional, el accionar frente al cambio climático se categoriza en dos ejes: la mitigación y la adaptación. La primera se refiere a las acciones que buscan reducir la concentración de GEI, mientras la segunda a las medidas que se adoptan para hacer frente a los cambios del clima, con el objetivo de evitar o limitar los daños. En la última Conferencia de las Partes (COP) realizada en Egipto, una de las mayores discusiones se centró en quién debe pagar los daños y las pérdidas en los países en desarrollo vulnerables a los efectos del cambio climático. En el caso de adaptación se logró la reafirmación del compromiso adoptado en Glasgow, Escocia, para duplicar los recursos destinados a estas acciones. En el caso de mitigación no se lograron avances claros sobre la reducción de emisiones de GEI, porque esta discusión implica la transformación del modelo de desarrollo actual.
Crisis socioecológica y crisis económica: siempre pierden los mismos
Ahora bien, Argentina, además de ser parte de esta crisis climática a nivel mundial se encuentra viviendo una crisis económica, y muchas veces el ambiente y los bienes comunes parecen ser una respuesta para salir de la misma. De hecho, algunas personas suelen sostener que oponerse a algunas actividades extractivas es condenar a nuestro país al hambre y la pobreza. En otros casos se sostiene que el problema no son las actividades extractivas sino la disputa por la soberanía. En este mundo desigual, donde los países ricos del norte a través de sus formas de desarrollo extractivista casi nos dejaron sin planeta, parecería ser casi un acto de justicia poder ahora explotar en nombre de la patria nuestros propios recursos y lograr así nuestro desarrollo económico.
En los últimos tiempos esta discusión ha llevado a que quienes se autodefinen como ambientalistas se peleen entre elles, supuestamente entre posiciones más o menos desarrollistas o más o menos patrióticas y posturas más o menos cancelatorias de ciertas actividades productivas. El problema es que mientras estas discusiones suceden nuestros bienes comunes siguen siendo saqueados, la gente que vive en las zonas extractivas sigue sufriendo las consecuencias en sus territorios, cuerpos y vidas, y los dólares siguen yendo a otro lado. Sin duda los grandes ganadores de estas dicotomías ambientales son quienes jamás se van a definir como “ambientalistas”.
Más allá de estas posiciones, la realidad es que es una falacia pensar que el problema de la Argentina es la falta de divisas. Porque aunque éstas hoy se piensen en función de las metas de ajuste impuestas por el FMI para cumplir con el pago de una deuda odiosa y fraudulenta, lo cierto es que hay un problema estructural de redistribución de la riqueza y los ingresos. Ya van tres años de crecimiento macroeconómico sostenido, pero hace siete años que la puja distributiva de los ingresos viene siendo cada vez más regresiva para el conjunto de la clase trabajadora dejando a los sueldos cada vez más retrasados con respecto a los precios.
Esto provoca, entre otras variables, que la recuperación económica no llegue al conjunto de la población, sino que, por el contrario, recaiga sobre los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras formales y de la economía popular. Entonces, ¿es posible conciliar los objetivos de la sostenibilidad económica y ambiental, y además hacerlo con inclusión y justicia social? Lejos de una simple dicotomía entre dependencia y soberanía el problema es la discusión sobre el modelo de desarrollo, porque aun soberano podría seguir teniendo las mismas graves consecuencias para humanos y no humanos.
En nuestro país una clara muestra de la desigualdad social se refleja en la caída de la participación de los trabajadores y trabajadoras en el PBI que pasó de ser del 51,8% en 2016 a un 43,1% en 2021. Pero esto también es evidente en políticas concretas como las del dólar soja, un nuevo tipo de cambio equivalente a 230 pesos que resultó en un beneficio al agropower para que liquiden sus dólares mientras los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, el eslabón más precarizado de la clase obrera, recibirá un mísero bono de fin de año.
El avance de la frontera sojera es sin dudas uno de los grandes problemas ambientales de la Argentina por su extensión: millones y millones de hectáreas de soja y pueblos enteros fumigados con agroquímicos para garantizar la producción, pero que a la vez causan daños irreversibles en la salud humana. A esto hay que sumarle la deforestación que se necesita para su desarrollo y las consecuencias ecológicas posteriores, como la erosión hídrica.
Desde que se liberó el uso de la soja transgénica a mediados de los noventa, las plantaciones del “oro verde” cubrieron el 60% de las superficies aptas para el cultivo. Incluso en 20 años, el uso de agrotóxicos aumentó un 800% generando altos niveles de cáncer, abortos espontáneos, niños y niñas que nacen con malformaciones, enfermedades respiratorias y de piel, entre otras. El lado oscuro y mortal del “boom de los commodities”.
Mientras se beneficia a estos grandes señores del campo que tienen la posibilidad de almacenar su producción del monocultivo de soja en silobolsas y esperar, mientras especulan y manejan los ritmos de la venta y sus precios, los pequeños productores y productoras de la agricultura familiar están sufriendo las consecuencias de la crisis climática que pone en riesgo su ciclo productivo y su economía. Las tormentas de las últimas semanas, en algunos casos con temporales de viento y granizo, se suman a las sequías extremas que se viven en algunas regiones del país, y a los incendios que afectan a distintas provincias. Estos eventos impactan directamente en la calidad, cantidad y en los precios de sus producciones, vulnerando sus derechos y su calidad de vida.
El problema radica en que mientras se siga apostando a una política de concesiones a los grupos económicos y a la desmovilización, con claras consecuencias que terminan pagando siempre las mayorías populares, las discusiones entre ambientalistas sobre la forma de explotar nuestros bienes comunes solo sigue dividiendo lo que podría unirse en busca de una alternativa que ponga a discutir, por ejemplo, la gestión social de esos bienes o la participación popular en el control de los mismos. De lo contrario, el debate se seguirá dando en una cancha marcada de antemano por un modelo global, capitalista, patriarcal, androcéntrico y colonial. En este sentido, el ambientalismo -como el feminismo y la economía popular- tiene la posibilidad de imaginar y construir una respuesta antisistémica que modifique el rumbo de aquello instituido y que a su vez plantee soluciones diferentes a las acostumbradas.
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Fotografía: Primera-línea
