Por: Pablo Estere. 25/07/2022
En las últimas semanas, el gobierno nacional comenzó a festejar que la tasa de desocupación se ubique en torno al 7%. Para difundir este número mentiroso, buena parte de la pauta oficial se repartió en diarios, TV, redes sociales y propaganda estática de los estadios de fútbol de primera división.
En nuestro país, el desempleo es sistemáticamente subestimado por INDEC debido a la metodología que utiliza. Así por ejemplo, se considera desocupada sólo a la persona que está sin trabajo pero que lo busca activamente. Si no buscó trabajo durante el mes en el que fue encuestado, es considerado “inactivo”. Por otro lado, si un encuestado responde que trabajó al menos una hora durante la semana en la que le realizan la encuesta, es considerado “ocupado”. Entonces, de distintas maneras se reduce el universo de la población desocupada.
A este recurso habitual, el gobierno quiere sumar una nueva maniobra para ocultar la desocupación: la “economía popular”. Con estos términos se pretende instalar que por fuera de la economía capitalista que conocemos existiría otro tipo de economía, regida por otras leyes.
Desde la perspectiva de la economía popular se afirma que como “el mercado” excluye a una parte cada vez mayor de la sociedad, los excluidos crearon una alternativa económica propia. Entonces, ya no podríamos hablar de trabajadores desocupados, porque ahora los trabajadores de la economía popular son capaces de reinventar su propio trabajo. Estas ideas llegaron hace un tiempo al Estado.
El gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social comenzó en julio de 2020 la construcción del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). Se trata de un mandato de Ley de Emergencia Social sancionada en 2016 con el que se “busca reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular para que accedan a herramientas que les permitan potenciar su trabajo”.
El informe presentado en abril de este año arroja que más de tres millones de personas se auto perciben como trabajadores de la economía popular. Para ser registrada en esa categoría, la persona simplemente debía manifestar ser mayor de 18 años, no trabajar en relación de dependencia, no emplear a terceros y desempeñarse en una actividad económica independiente en alguna de las siguientes ramas: Servicios Socio Comunitarios; Comercio Popular y Trabajos en Espacios Públicos; Servicios Personales y otros oficios; Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales; Construcción e Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental; Industria Manufacturera; Agricultura Familiar y Campesina; Transporte y Almacenamiento.
Sin embargo, a pesar del empeño gubernamental, con analizar algunos pocos resultados de este informe podemos ver que detrás de la figura de la economía popular no hay otra cosa que la capa más pauperizada de la clase obrera.
En primer lugar, es una población mayoritariamente joven: el 64% tiene entre 18 y 35 años. En términos educativos, el 61% no completó los estudios obligatorios (inicial, primario y secundario). Es decir, más del doble de la población ocupada que releva la Encuesta Permanente de Hogares (tercer trimestre de 2021).
En cuanto a la distribución geográfica de los inscriptos, el 35,9% reside en la provincia de Buenos Aires. La región que le sigue en cantidad de inscriptos es el NOA, con 23%, y luego se ubican el NEA con 15,5% y Centro con 15%. En 9 provincias de estas regiones (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) hay más inscripciones al registro de la economía popular que al empleo asalariado privado y registrado.
También debemos destacar que las actividades de la “economía popular” están entre las peor remuneradas. El 62,4% de las inscripciones al ReNaTEP corresponde a Servicios Socio Comunitarios (28,8%) y Servicios Personales y otros oficios (33,6%). Dentro de Servicios Socio Comunitarios, la ocupación con más inscripciones es Trabajador/a de Comedores y Merenderos Comunitarios (64,7%). Por su parte, en el rubro “Servicios Personales y otros oficios”, las principales ocupaciones son: limpieza, cocinero/a, jardinero/a y peluquero/a.
Como vemos, el perfil de la población registrada pone en evidencia que se trata de obreros que trabajan en empleos muy precarios y que las empresas no demandan. Por eso son los peores pagos de la economía.
La figura de “trabajador de la economía popular” es funcional al interés del gobierno por encubrir el desempleo abierto. Pero su interés no termina ahí. Con este registro se busca reforzar el mecanismo de control social del que se vale el gobierno mediante los movimientos sociales oficialistas. Como ejemplo vale mencionar el caso del Movimiento Evita que está en ambos lados del mostrador. Por un lado regentea miles de planes sociales, y por el otro tiene un pie en el Ministerio de Desarrollo con su dirigente Emilio Pérsico, responsable de la Secretaría de Economía Social (SES).
Con el ReNaTEP el gobierno promete beneficios a trabajadores de la economía popular como monotributo productivo, salario básico universal, créditos y mercados seguros mediante las compras gubernamentales. A cambio, busca fragmentar y enfrentar a los trabajadores para debilitarnos en conjunto.
Ocurre que la clase social que gobierna nuestro país es incapaz de ofrecer una alternativa a esta población y busca perpetuar su condición. Es necesario pensar en una política integral que ocupe a la población en tareas productivas y de gran escala, centralizadas y eficientes. Esta tarea sólo la puede llevar a cabo un Estado productivo, que no se ordene por la ganancia privada, sino sobre la base de las necesidades del conjunto de la población. De lo contrario continuaremos dilapidando recursos y condenando a millones a la miseria.
Pablo Estere (OES-CEICS) es docente, analista e integrante de Vía Socialista.
*Publicado en 3500Noticias.com, 19/06/2022
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Razón y revolución
