Por: Martín Iglesias. 15/05/2021
El nuevo escenario tecnológico se muestra complejo para los movimientos sociales en un ámbito controlado por el capital global, mientras que la incidencia sobre los Estados y gobiernos se vuelve clave en la definición de políticas públicas adecuadas.
Lo que pudo haber sido Internet como un sistema digital descentralizado y de poder distribuido, ahora opera en forma cada vez más monopolizada por unas pocas corporaciones y bajo estándares privados. Empresas que, por otra parte, al minimizar las interacciones humanas y actuar en espacios virtuales, evaden responsabilidades, rendición de cuentas y controles legales.
Para buscar alternativas a este modelo, se debe tratar de pensar qué condiciones permitirían el florecimiento de un modelo tecnológico que se oriente más al bien de las personas y los pueblos.
En el marco de la iniciativa “Utopías o distopías. Los Pueblos de América latina y el Caribe ante la era digital”, lanzada por el espacio Internet Ciudadana, un grupo diverso compuesto por comunicadores, investigadores y activistas digitales abordó distintas aristas de la cuestión de los Derechos Digitales Colectivos.
«El mundo está transitando velozmente a una economía de datos», sostiene el documento elaborado por el grupo, señalando a los datos y su procesamiento en grandes cantidades como el principal factor de ordenamiento de la economía y de distribución de riqueza y poder.
Al centro de los sistemas digitales inteligentes se encuentran unas pocas empresas globales que operan de forma remota a través de tecno-estructuras que centralizan las operaciones en lo que se conoce como computación en la nube. Estas corporaciones de inteligencia primero conectan, luego coordinan y finalmente controlan a casi todos los actores y actividades (finanzas, transporte, comercio, salud, agro y educación, entre otras), convirtiéndose en el «cerebro» de cada sector. Por otra parte, el afán de recolectar datos en cantidades ilimitadas ha llevado a la instalación de una inteligencia global, un ‘capitalismo de vigilancia’, donde los usuarios y sus comportamientos son el ‘producto’ a vender.
En un primer acercamiento, los autores precisan que se requiere por ello “abordar no solo medidas de protección de datos y de la intimidad y privacidad (de por sí muy importantes, pero insuficientes), sino también, por un lado, el régimen de propiedad de los datos, y por otro, medidas para frenar la concentración monopólica de poder en las corporaciones digitales”.
Acceso y conectividad
Las posibilidades de acceder a la red Internet en las distintas latitudes, a modo de fiel reflejo de la situación en otras tantas dimensiones, son muy desiguales. El Norte global está cercano al 90 por ciento de conectividad mientras que, en África, este porcentaje ronda el 20%. América Latina tiene una situación intermedia aunque se evidencian las desigualdades de acceso si se comparan capitales de Estado con ciudades, periferias y áreas rurales. Estas diferencias, en sociedades cada vez más digitalizadas, más aún en el marco de la emergencia pandémica. se convierten lisa y llanamente en exclusión.
Los oligopolios de empresas globales que controlan las tecnologías de información y comunicación (TIC) y las plataformas digitales están a favor del acceso universal, ya que ven una gran oportunidad en que los Estados paguen la infraestructura de redes que luego derivarán en mayores ganancias.
Más allá de esto, plantear el acceso a la conectividad/internet como derecho aparece como una reivindicación justa desde las organizaciones sociales. Sin embargo, el debate sostenido durante la investigación mencionada plantea que, junto al derecho a la conectividad, debe existir el derecho a la no conectividad, sin que eso sea motivo de discriminación.
El informe realizado por el grupo de trabajo advierte también sobre la relevancia de la cuestión del acceso igualitario que tiene la neutralidad de la red, principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que la regulan deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la red de igual forma, sin colocar tarifas diferenciales según sea el contenido, página web, plataforma o aplicación a la que se accede.
Conectividad 5G: ¿Progreso para todos?
El ‘salto civilizatorio’ del 5G, anunciado en favor del desarrollo y la competitividad, cuenta con adeptos y detractores. Si bien se anuncian aspectos positivos en materia de velocidad de los datos y eliminación de latencia, se advierte que el avance de esta tecnología se da con poblaciones del mundo que aún no tienen acceso a la internet. Del mismo modo, nos hace pensar en condiciones de mayor desigualdad en el tipo y la calidad de conexión.
El material desarrollado por el grupo señala que “un ejercicio prospectivo nos puede ayudar a pensar en que las corporaciones volcarán nuevos desarrollos en materia de redes y equipamiento en detrimento de la tecnología 3G y 4G, con más cortes y baja conectividad.”
En relación a los impactos sociales, las diferencias en la conectividad pueden continuar ahondando las desigualdades existentes. Algo similar puede esperarse en el ámbito del impacto ambiental ante el mayor consumo de artefactos, más transporte de mercancías globales y cantidades de residuos electrónicos (por desechos de tecnología ‘obsoleta’).
La invasión de la privacidad
La etapa de desarrollo y aplicación de las TIC ha significado profundos obstáculos para la garantía de la privacidad. Esto ocurre por un escenario de hiperconectividad propiciado por la masificación de los dispositivos móviles, electrónicos ‘inteligentes’ (relojes, gafas, televisores) y por el inicio de la conexión de todos los objetos (Internet de las Cosas) que genera un escenario de ‘invasión de la privacidad’ sin precedentes en la historia de la humanidad.
La situación de emergencia por la pandemia de COVID-19 resalta la importancia, no sólo de contar con información precisa y actualizada, sino también de gestionarla y controlarla. Es indudable la utilidad que pueden tener estas tecnologías para poder formular políticas lo más adecuadas posibles ante problemáticas que requieran un monitoreo preciso. Pero esos datos también pueden ser usados con fines diversos, sean comerciales (oferta de medicinas, servicios médicos) o de vigilancia.
En este sentido, en otro apartado del análisis mencionado se observa que “la sociedad está transitando hacia un modelo digitalizado, donde la inteligencia artificial tendrá una función cada vez más central. Recolectar datos y producir inteligencia artificial puede orientarse, tanto para fines de beneficio social, como para intereses particulares o incluso fines perniciosos, pero la tendencia actual, dado el grado de control corporativo, es que prime el lucro privado”.
En la actual fase de transición, los actores más fuertes imponen sus reglas y los estados difícilmente alcanzan a poner cierto orden, dada la velocidad de los desarrollos. Si bien varios países han adoptado legislación de protección de los datos, como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es una de las más avanzadas en este sentido, ello no abarca, o apenas lo hace, las implicaciones económicas. Algunos países están contemplando una legislación antimonopolio, políticas de impuestos, etc. Pero muy poco se ha avanzado en el tema de la propiedad de los datos que, por ser el principal insumo, es un tema clave.
Conciencia y organización ciudadana
Como venimos describiendo en párrafos anteriores, el escenario caracterizado se muestra complejo para los movimientos y organizaciones sociales en un ámbito controlado por el capital concentrado global. Del mismo modo, la incidencia sobre los Estados y gobiernos de América Latina se vuelve clave en la definición de políticas públicas que atiendan a las problemáticas señaladas.
Complementariamente, será necesario llevar adelante acciones dentro del activismo y la sensibilización del conjunto de la sociedad. A modo de primeras pistas de acción, la elaboración del grupo de trabajo destaca algunas propuestas a ser debatidas ampliamente por los movimientos y el conjunto social.
- Garantizar el derecho de acceso a la conectividad a internet y a los dispositivos que permitan la gestión digital y el conocimiento. Atender asimismo al derecho a la desconexión.
- En el ámbito de los desarrollos tecnológicos 5G debe darse seguimiento a sus implicancias, posibles afectaciones y exigir transparencia en su implementación. Del mismo modo, la conectividad en 3G debe hacerse realidad en toda la región. También es preciso apuntar al desarrollo de alternativas a las tecnologías corporativas y apoyar las infraestructuras autónomas.
- Es urgente rescatar la privacidad como un valor intrínseco a la dignidad de la vida humana. Y es necesario hacer mucho más que señalar en leyes y tratados el reconocimiento de este derecho. Del mismo modo, cobra relevancia la discusión y aprobación de leyes que afirmen el derecho a la privacidad, previendo mecanismos concretos para su cumplimiento y sanciones para quienes lo vulneren.
- Se reafirma que todas las personas deben tener potestad sobre sus datos, garantizado por ley, ya sea en forma individual o colectiva, con protección contra el abuso. En perspectiva deben requerirse marcos legales que reconozcan que los datos (que no sean personalísimos) son bienes comunes y no mercancías; y que los derechos patrimoniales sobre los datos, que incluyen los derechos económicos primarios, pertenezcan por defecto a la comunidad que los generó o a quienes refieren; es decir, que las comunidades tengan el derecho de autodeterminación sobre los datos propios.
- Se requiere afirmar el carácter público de las tecno-estructuras digitales, como las principales plataformas de interacción y las aplicaciones en la nube, rescatándolas de su actual sometimiento a la propiedad y control de las corporaciones, en toda la cadena.
- Para evitar profundizar la dependencia digital, se promueve la posibilidad de legislar para que los datos que se generan en cada país queden almacenados en territorio nacional, donde es aplicable la legislación propia y sus derechos; el derecho de exigir que las grandes empresas extranjeras que ofrecen servicios digitales y usan datos de la población tengan una presencia legal en el país donde brindan estos servicios; la soberanía respecto al cobro de impuestos a los servicios digitales y la soberanía regulatoria en materia de algoritmos y de seguridad informática.
- Es necesario que nuestros gobiernos se abstengan de firmar cualquier acuerdo de ‘comercio electrónico’ (como el que se negocia en torno a la OMC) o tratado comercial que coarte estas facultades.
- Para reforzar la soberanía tecnológica, los gobiernos deben promover la construcción de infraestructura local/nacional en cada país, mediante el desarrollo y mantenimiento de servidores propios localizados en lo local/regional. Impulsar la reactivación de las instancias de integración regional como espacios de concertación de acuerdos a favor de la soberanía digital y sobre los datos, para que nuestros países tengan mayor poder de negociación con las corporaciones digitales y las tecno-potencias.
Martín Iglesias es integrante de Radio Ahijuna y de la Mesa Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
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Fotografía: Alainet
