Por MARINA FRANCO. NYT. 3 de julio de 2017
CIUDAD DE MÉXICO – El exgobernador mexicano Javier Duarte estuvo prófugo por siete meses tras escaparse de Veracruz, el estado que encabezaba, al enfrentar varias denuncias de corrupción; fue detenido en abril en Guatemala. El gobierno mexicano y el veracruzano actualmente tramitan la extradición de Duarte para que enfrente los cargos que pesan en su contra.
Duarte ya aceptó ser extraditado por los cargos estatales en una audiencia del 27 de junio pasado, y este 4 de julio se llevará a cabo en Guatemala la audiencia sobre la extradición por los cargos federales.
“Si la persona está de acuerdo con su extradición, ahí se acaba el proceso y se tienen hasta 60 días naturales para entregar a la persona”, explicó Eloy Morales Brand, experto en derecho penal y jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El proceso “normalmente tarda de uno a seis meses, pero depende de las interrupciones”, como si acepta o no enfrentar las acusaciones federales o si se ampara, en cuyo caso “podría extenderse hasta un año, más o menos”.
Duarte, quien en algún momento fue enaltecido por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto como parte de una camada de “renovación” del gobernante Partido de la Revolución Institucional (PRI), llegó a la gubernatura en 2010 y pidió licencia en octubre de 2016, casi dos meses antes de que terminara oficialmente su mandato.
Durante sus años de gobierno la organización Artículo 19 registró la muerte de 17 periodistas en el estado, lo que volvió a Veracruz el lugar más mortífero para ejercer periodismo en el continente, y la deuda pública ascendió hasta ser la más alta de todo México. Asimismo, el sistema de salud, la universidad estatal y otros órganos y programas públicos denunciaron que nunca recibieron las asignaciones presupuestales.
Sin embargo, no todas esas denuncias han resultado en cargos contra Duarte. A continuación te explicamos cuáles son las acusaciones que sí enfrenta y cómo funciona el proceso de extradición en su caso.
¿Qué cargos pesan sobre el exgobernador?
Duarte enfrenta acusaciones tanto a nivel estatal, presentadas por el gobierno de su sucesor Miguel Ángel Yunes –de una coalición opositora al PRI–, como a nivel federal, llevadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Duarte es acusado de haber establecido una serie de empresas fantasma junto con allegados suyos con el fin de desviar fondos públicos. Una investigación periodística halló en mayo del año pasado que tan solo entre 2012 y 2013 habría desviado 645 millones de pesos mexicanos, o 30 millones de dólares; mientras que la Auditoría Superior de la Federación estima que, hasta 2015, Duarte y sus corresponsables habrían desfalcado más de 45.000 millones de pesos, o 3000 millones de dólares.
La PGR solicitó una orden de aprehensión a mediados de octubre de 2016, el día después que Duarte se dio a la fuga, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las penas para este segundo delito están entre 5 y 15 años de prisión, mientras que el de organización para delinquir va de los 20 a los 40 años de cárcel.
El monto que le achaca la PGR es por solo unos 35 millones de dólares; hay más de 70 averiguaciones previas e investigaciones por denuncias presentadas entre 2014 y diciembre del año pasado ante la Secretaría de Hacienda y la ASF, aunque no todas fueron incluidas en las órdenes de aprehensión y ya no podrían agregarse.
Veracruz, por su parte, giró dos órdenes de aprehensión en las cuales lo acusa de: abuso de autoridad por instruir el uso de fondos públicos para otros fines, que conlleva de dos a ocho años en prisión; incumplimiento del deber legal, que implica de uno a ocho años de cárcel; peculado, con cuatro a quince años como condena; y tráfico de influencia.
Una protesta en la casa de gobierno veracruzana en mayo de 2012, tras la muerte de dos fotoperiodistas. Veracruz es de los lugares más mortíferos para ejercer periodismo. Credit Edgard Garrido/Reuters
¿Cómo funciona la extradición?
Para que alguien sea extraditado, deben cumplirse ciertos requisitos:
• Debe haber una orden de aprehensión de la persona y un proceso pendiente, o una sentencia condenatoria por cumplirse;
• Los cargos no deben ser políticos, como rebelión, porque dejan de ser delitos en cuanto uno está en otro territorio, a menos de que haya tratados internacionales sobre la materia (por ejemplo, nunca se considera delito político un intento de asesinato a un jefe de Estado). Las extradiciones tampoco proceden por delitos militares, como deserción o insubordinación, o si hay posible persecución por raza, religión, opiniones políticas o nacionalidad.
• Los delitos deben considerarse así tanto en el país que pide la extradición como en el Estado que delibera sobre esta. En el caso de Duarte, por ejemplo, el tratado entre México y Guatemala dice que los motivos de extradición “son conductas dolosas o culposas” o casos de defraudación fiscal “punibles en las leyes de ambas partes”, con una pena de más de un año.
• Que el delito no haya prescrito; es decir, que siga vigente.
¿Cuál es el proceso de retorno en el caso de Duarte?
La extradición fue formalmente presentada por la PGR el 7 de junio, una semana antes de que expirara el plazo para hacerlo. Veracruz se adhirió a la misma solicitud con sus propias órdenes de aprehensión.
En la audiencia del 27 de junio pasado y en la del 4 de julio, el proceso establece que a Duarte se le explican los cargos en su contra y puede allanarse –aceptar ser extraditado para enfrentar tales acusaciones– o no.
Si acepta la extradición, como Duarte lo hizo para los cargos estatales, Guatemala tiene 60 días para regresar a la persona a México para que enfrente el proceso.
Si no se allana, podría intentar frenar la deportación solo al argumentar que no hay bases para esta, pues Guatemala no delibera sobre si Duarte es o no culpable. “Si él alega que no hubo delito y que cumplió con la ley, eso no lo va a tomar en cuenta el tribunal de Guatemala, no tiene facultad”, dijo el profesor Morales Brand. El experto indicó que podría alegar que ya enfrentó los cargos, que no es el caso, o incluso que es perseguido político, pero que sería “muy raro” que argumentara esto último.
En caso de no allanarse como lo hizo para los cargos estatales –a los cuales Duarte llamó “irrisorios”–, el tribunal guatemalteco entonces debe deliberar sobre si sí hay o no fundamentos para la extradición a partir de las pruebas que presente la defensa del exgobernador y lo que ya han presentado las autoridades mexicanas.
Eso alargaría el caso por entre seis o hasta nueve meses.
El profesor Morales Brand indicó que si Guatemala no acepta la extradición podría aplicar la medida de aut dedere aut judicare: extraditar o juzgar. “Si el Estado guatemalteco niega la entrega de la persona, tiene la obligación de juzgarla por el hecho delictivo”, dijo el abogado mexicano. “Entonces de cualquier manera el exgobernador no se salvaría de un proceso penal”.
¿Qué pasaría en caso de que sea repatriado?
Si al final Duarte se allana a la solicitud federal o el tribunal guatemalteco establece que sí procede la extradición, entonces el exgobernador sería puesto frente a una corte mexicana bajo el nuevo sistema penal acusatorio u oral para una audiencia inicial.
“Ahí se le hace la lectura de los cargos, se le pide al juez que lo vincule a proceso y se le impondría una medida cautelar. En este caso, probablemente va a ser prisión preventiva”, dijo Morales Brand, pues se ha comprobado el riesgo de fuga del exgobernador y este podría huir para reunirse con familiares fuera del país (se sospecha que su esposa, Karime Macías, está en Inglaterra).
Los procesos impulsados por la PGR y Veracruz podrían ser llevados a la par. “Por ejemplo, primero lo vinculan en un tribunal para lo federal y luego le hacen la lectura de cargos para los locales en videoconferencia”, dijo Morales Brand.
Los cargos que enfrentaría Duarte serían solo por los cuales se avaló la extradición –”no se puede cambiar el delito”, indicó el experto en derecho penal– aunque existe la posibilidad de recabar información adicional.
Además de Duarte, 16 exgobernadores mexicanos están bajo investigación por actos de corrupción.
Fotografía: planinfomativo
