Por: Nurit Martínez. El Sol de México. 29/05/2023
Los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC), a cargo de prevenir, detectar y combatir posibles actos de corrupción, de las secretarías de Turismo y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de la Cuatroté formaron parte de la estructura de gestión del exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna.
David Leopoldo Guido Aguilar, responsable del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Turismo, estuvo al frente de la Dirección de Información y Seguimiento a Denuncias, dependiente de Asuntos Internos de la Secretaría, donde conoció de denuncias internas sobre los vínculos con redes de corrupción de García Luna.
Guido Aguilar tiene en su trayectoria 15 cargos en la administración pública, ha pasado de fungir como servidor público a ser capacitador y responsable de diferentes órganos fiscalizadores. Entre febrero y septiembre de 2008, estuvo al frente de dicha área de la entonces Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
Ocho meses después de dejar ese encargo, encabezó el proyecto estrella de García Luna: la carrera policíaca, al ser designado director Académico del Instituto Técnico de Formación Policial.
Antes de llegar al OIC de Sectur, el funcionario se reincorporó por un mes a actividades en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la presente administración, como secretario técnico de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Reconstrucción de Paz con las entidades federativas.
En una revisión a la experiencia laboral y trayectoria de los funcionarios responsables de los OIC, realizada por El Sol de México, también se detectó el caso de Jesús Lenin Lares Hayashi, quien, en 2010, se sumó como encargado de Analizar y Resolver Quejas en la SSP y hoy es titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Ambos conocieron de casos como el de Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la otrora Policía Federal (PF), un órgano desconcentrado de la SSP, quien denunció irregularidades en la adquisición de equipos y patrullas para la corporación, así como el ingreso de personal a cargos de mando sin exámenes de confianza que entonces promovía la dependencia, por lo cual fue despedido.
En la comparecencia del entonces secretario de Seguridad Pública, ante legisladores con motivo del Tercer Informe de Gobierno del expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo (PT), afirmó que había “acusaciones públicas de distintos sectores, muy duras, contra García Luna y su equipo por la presunta protección a algunas de las bandas, especialmente a la de los Beltrán Leyva y a los Zetas”.
Cuestionó los “despliegues mediáticos” con transmisión en vivo a los que llamó “espectáculos televisivos”, actos de “manipulación y simulación” como el del presunto secuestro del avión de Aeroméxico.
Acusó que la dependencia tenía “el récord en el país de las acusaciones e imputaciones en contra de los servidores públicos” y citó el asunto de Guillermo Vélez, torturado antes de morir, según el expediente 5092003 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Habían acusaciones públicas de distintos sectores, muy duras, contra García Luna y su equipo por la presunta protección a algunas de las bandas, especialmente a la de los Beltrán Leyva y a los Zetas
También recordó el caso Herrera Valles, despedido de la Policía Federal, así como “hostigado y sometido a proceso penal por haber hecho acusaciones contra usted”. Además, de mencionarle el espionaje a Manuel Espino Barrientos, a otros panistas, y los vínculos de Cárdenas Palomino, su entonces brazo derecho, con Lorena González Hernández, vinculada en el secuestro del joven Fernando Martí.
Los legisladores en esa sesión también lo acusaron de pagar recompensas, infiltrar agentes y realizar actos irregulares con los llamados “testigos protegidos”, además de que la violencia se multiplicaba y para entonces ya eran 14 mil los homicidios dolosos.
Guido Aguilar comenzó su carrera en 1996, en el Instituto Técnico de Formación Profesional, como supervisor de Proyectos en una de las secretarías de Seguridad en las entidades, aunque no precisa en qué estado, revelan datos de sus declaraciones patrimoniales.
En esos años Guido Aguilar fue funcionario en la extinta Procuraduría General de Justicia del DF, Pemex, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, capítulo de Transparencia Internacional en México, dijo que en los casos de investigación para detectar posibles actos de corrupción es prioritario establecer mecanismos de protección al denunciante, pero también a la unidad investigadora, pues esta última puede recibir presiones y amenazas.
“En el otro caso de la moneda, estos funcionarios viajan con información que han utilizado para extorsionar a otros funcionarios”.
Como ejemplo, indicó que un inspector general en una Policía su función es de control, pero sabe muchas cosas sobre lo que hizo o dejó de hacer un mando
Explicó que puede ocurrir que un funcionario “puede haber visto cosas para crecer políticamente o para obtener beneficios privados. Esa figura tiene acceso a información muy sensible”.
Bohórquez aseguró que es complicado poner lineamientos a la actuación de los titulares de los OIC, debido a que “tenemos los dos lados: hay que protegerlos porque son objeto de muchas amenazas y por otro corren riesgos”; citó el caso del fiscal Jorge Winckler, en Veracruz.
Como responsables de la fiscalización, “necesitamos asegurarnos que la información que se llevan (los responsables de los OIC) no sea utilizada como mecanismos para obtener favores políticos, beneficios personales o extorsionar a un servidor público”.
Por ello planteó la necesidad de integrar un programa de profesionalización para los titulares de estas áreas, con el fin de que no pasen de un lugar a otro sólo porque se abrió una plaza; “lo que no quieres es que los OIC estén pasando a la administración y viceversa”.
Adelantó que en el análisis de la reforma a la administración pública se ha planteado la necesidad de evitar que quienes estén en el servicio público pasen a las áreas de contraloría, aunque, dijo, no habría inconveniente si “se pasan de las unidades de fiscalización y control a las de administración”.
Otros perfiles
Según la revisión de este diario, al frente de los Órganos Internos de Control (OIC) de las 19 secretarías de estado del gobierno de la Cuatroté se encuentran funcionarios que en su momento conocieron de actos de corrupción como Odebrecht.
El titular del OIC de Cultura, Gustavo Gabriel Melo Fernández de Castro, conoció entre 2005 y 2010 información de los presuntos desvíos de fondos a través del sindicato petrolero, por parte del exdirector de Pemex en la administración de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leos, toda vez que en ese periodo ocupó la gerencia de Auditorías de la paraestatal.
Soledad Guadalupe López Acosta, al frente del OIC de la Cancillería, se desempeñó como coordinadora de Comunicación Institucional con órganos de gobierno en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México entre 2009-2013 y le tocó establecer contacto con el entonces jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por las denuncias de la tragedia en la discoteca News Divine, donde murieron 12 jóvenes.
Hoy, a López Acosta le corresponde prevenir, detectar y combatir irregularidades en la administración del ahora canciller y aspirante a la candidatura presidencial de Morena.
En el caso de Hacienda, previo a la llegada de Sandra Anel Villanueva, el titular del OIC era Carlos Enrique Serrano Marín, quien después de ofrecer sus servicios como transportista de hidrocarburos en la empresa que dirigió: Grupo Brago (2012-2014), fue incorporado a Pemex. Primero fue asesor de la Gerencia de Organización y luego encargado de planear, organizar y dirigir acciones de fiscalización, prevención, quejas y responsabilidades, periodo en el que también supo de las investigaciones del caso Odebrecht.
En lo que respecta a su trayectoria profesional, se observó que 10 de los titulares tienen estudios de Derecho, siete de ellos en la UNAM. Uno más cursó su carrera en el ITESO, otro en la Iberoamericana y uno más en la Universidad de Alcalá Linares en esa misma especialidad.
Tres más hicieron estudios de Contaduría, uno en Ciencias Políticas y Administración Pública, otro en Economía, uno más en Sociología y otro es ingeniero civil.
Mientras que los dos integrantes de las Fuerzas Armadas tienen especialidad en administración Militar o Naval.
Además, 14 tienen estudios de posgrado en áreas como Mando Policial, Derecho, y Administración Pública, es el caso de Perla Amorene Anaya, de la Secretaría de Economía, quien tiene maestría en Anticorrupción por la Panamericana.
Las instituciones en donde estudiaron maestrías y doctorados van desde la UNAM, el CIDE, la Universidad del Valle de México, así como la Universidad Manchester o la de Notre Dame.
David Leopoldo Guido Aguilar tiene hasta ahora el mayor número de cargos desempeñados con 15, aunque son Jorge Pedro Castolo Domínguez, de la Secretaría de la Función Pública, y Jesús Lenin Lares, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quienes tienen más años laborados.
El de menor tiempo en la administración es José Guadalupe Aragón Méndez, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sin embargo, tiene mayor especialización en esas áreas, dado que se inició en despachos privados especializados en auditorías y luego pasó una década en el OIC del INE. Ese órgano logró desarrollar un programa de carrera en fiscalización.
Fotografía: altonivel
