Por: JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ. 06/08/2021
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado la madrugada del miércoles 7 de julio por un comando armado que penetró en su residencia, le partió un brazo y un pie, para luego propinarle 12 impactos de bala.
Por este crimen fueron arrestadas 19 personas —17 colombianos y dos estadounidenses—, quienes se encuentran bajo custodia y están declarando ante las autoridades. Otros 3 ciudadanos colombianos fueron abatidos y 6 se encuentran prófugos de la justicia.
Pese a los avances, las autoridades no han informado quiénes son los autores intelectuales del magnicidio. Tampoco han dado respuestas sobre las fallas en el esquema de seguridad del mandatario haitiano, que permitió que el grupo avanzara libremente hacia la residencia de Moïse, aunque la Fiscalía de Puerto Príncipe llamó a declarar a funcionarios encargados de resguardar su vida.
Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque aseguró que investigará a los ciudadanos, quienes tenían entrenamiento en armas sofisticadas y capacitación en labores de inteligencia porque «habrían pertenecido al Ejército” colombiano, aunque ya no estaban activos. Además, indaga a cuatro empresas que estarían vinculadas al reclutamiento de los militares en retiro del Ejército.
Junto a la cocaína, los mercenarios son el principal “producto” que exporta Colombia. Fuera de Haití, mercenarios colombianos también han estado involucrados en incursiones/misiones en Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Irak y Afganistán.
En tanto, los dos estadounidenses de origen haitiano son James Solages y Joseph Vincent, quienes se identificaron como “traductores” de los colombianos detenidos. De acuerdo con el gobierno haitiano, Solages trabajaba como guardia de seguridad de los opositores Reginald Boulos, empresario que ha estado vinculado con los golpes de Estado de 1991 y 2004, y de Dimitri Vorbe, vicepresidente de la principal compañía eléctrica del país.
Mientras, EE.UU. anunció que enviará a altos funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para «apoyar al pueblo haitiano después del asesinato del presidente» en respuesta a una solicitud del país caribeño.
Además, las autoridades haitianas solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el envío de las fuerzas de paz para ayudar a la Policía Nacional a restablecer la seguridad y proteger la infraestructura clave del país.
Actualmente, Haití permanece en estado de sitio y el Consejo de Ministros, bajo la presidencia del primer ministro interino, Claude Joseph, «ejerce el Poder Ejecutivo hasta la elección» de otro jefe de Estado. Sin embargo, dos días antes de su asesinato, el mandatario haitiano había nombrado a Ariel Henry para el cargo, pero este no alcanzó a ser investido.
Pero, en realidad, ninguno de los dos políticos tendría legitimidad para ostentar el cargo porque Moïse llevaba más de un año gobernando por decreto, desde que en enero de 2020 declaró la caducidad del período legislativo ya que no se pudieron celebrar los comicios parlamentarios del 2019, aplazados por las constantes protestas antigubernamentales.
Entonces, según la Carta Magna, Joseph no estaría en la línea sucesoria porque se trata de un primer ministro interino y el Parlamento nunca aprobó su nombramiento y lo mismo sucede con Ariel Henry.
El magnicidio ocurrió a menos de tres meses de las elecciones presidenciales y legislativas, pautadas para el 26 de septiembre y a las que Moïse no podía presentarse. Para esa misma fecha, el mandatario había convocado un referéndum para una nueva Constitución, una medida de por sí anti-constitucional que contaba con las críticas de sus opositores y la comunidad internacional.
El chocante asesinato es el más reciente capítulo en la historia de un país golpeado por la miseria, la violencia, las tragedias naturales y la inestabilidad política. Entre 1945 y 2019, se han llevado a cabo nada menos que 23 intentos de golpe de Estado, de los cuales 15 se materializaron. De igual forma, Washington intervino de forma directa, pública y notaria en al menos tres ocasiones (1915-1934, 1994-1995 y 2004) para derrocar a líderes incómodos como Jean Bertrand Aristie.
Los dirigentes estadounidenses justificaron esas intervenciones alegando que buscaban restituir la democracia, el respeto y los valores sociales en esta nación. Sin embargo, los haitianos consideran que su presencia agravó la situación del país, y lo mismo se puede decir de las diferentes misiones de las Naciones Unidas.
La nación caribeña–que se caracteriza por las grandes desigualdades entre el campo y la ciudad– cuenta con una población de 11,26 millones y, según estimaciones el Banco Mundial, el 60%, o 6,3 millones de personas, es pobre y 24%, o 2,5 millones, se encuentra en pobreza extrema. El PIB–en el puesto 170 de 189 por su índice de desarrollo humano– se contrajo 3,8 % en 2020 con la pandemia de covid-19, la cual agravó la ya difícil situación.
El asesinato de Moïse viene a aumentar aún más el caos y la inestabilidad. El pueblo haitiano se enfrenta a una clase política corrupta y sin credibilidad, un escenario de incertidumbre y amenazas de violencia desenfrenada o una nueva intervención militar extranjera. El llamado a la rebeldía, la unión y la solidaridad internacional son más urgentes que nunca.
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Fotografía: Investig’action
