Por: Clara Sancho Talbot, Abdoulaye Diallo. 30/01/2022
El proyecto de minería de circonio en la región de Ziguinchor, botón de muestra de la ampliación de la frontera extractiva por todo el continente africano, no ha llegado a implementarse gracias a la resistencia social y comunitaria.
El relato oficial con el que nos bombardean las élites políticas y corporativas hace hincapié en la sostenibilidad del nuevo capitalismo verde y digital, mucho más eficiente y desmaterializado. Bajo este imaginario aparece una realidad muy distinta, en el que el consumo de energía y materiales no solo no decrece, sino que aumenta. La proliferación a lo largo y ancho del mundo de megaproyectos eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos, así como los vinculados a la minería de tierras raras y metales estratégicos para la economía digitalizada, son solo algunos ejemplos de esta ofensiva en marcha.
En un contexto de crisis y vulnerabilidad ecológica, esta ofensiva ahonda en la lógica colonial de apropiación y desposesión de territorios y bienes naturales en favor de los mercados globales controlados por las empresas transnacionales. Si desgraciadamente esta ha sido la realidad del continente africano a lo largo de su historia, hoy se reproducen nuevas fórmulas para garantizar las ingentes necesidades de energía y materiales de las principales potencias.
Un caso particular a tal efecto es el de la mina de circonio en Duna de Niaffrang, en la región de Ziguinchor, Senegal. Se trata de un megaproyecto liderado desde 2004 por la multinacional chino-australiana Astron Limited, dedicada al tratamiento de arenas minerales y al desarrollo de tecnologías y productos derivados, con el objetivo de extraer un material con muchos usos industriales: entre otros, fabricación de prótesis dentales, diamantes sintéticos, teléfonos móviles y recipientes para reactores nucleares.
Actualmente, fruto de la movilización social, el proyecto aún no se ha puesto en marcha, pese a contar con los permisos correspondientes. Como veremos, pese a que los impactos económicos, ecológicos y sociales de su desarrollo podrían ser muy graves, la propuesta de ampliar la frontera extractiva en la región no cesa.
Exponemos aquí los aprendizajes extraídos de todos estos años de lucha, con el ánimo no solo de fortalecer la estrategia del tejido local ante lo que se viene, sino también para denunciar internacionalmente la situación que, en el marco de este nuevo relato verde y digital, está sufriendo África, del que este megaproyecto apenas es un botón de muestra.
Historia de una disputa
Los trabajos exploratorios comenzaron en 2004, cuando se concedió el permiso de prospección de todo el litoral de Casamance a la multinacional canadiense Carnegie. Los trabajos se iniciaron en 2005, pero en 2008 el liderazgo del megaproyecto recaló en Astron, con quien la empresa canadiense se asoció. A partir de ese momento se renovaron los permisos de explotación hasta 2011.
Para facilitar dicha explotación, y como es habitual en estos casos, la empresa encargó a Harmony Group, socia de la transnacional chino-australiana, un informe del impacto social y ambiental de la iniciativa corporativa. El resultado, como era de esperar de una consultoría que comparte sede con la multinacional, señalaba que no existía riesgo ecológico alguno. Además, se afirmaba que se generarían 250 empleos, así como un fondo social de unos 13.000 euros anuales. A pesar de ello, el informe fue socializado en audiencia pública en 2011 y rechazado por las poblaciones locales afectadas, que convocaron numerosas manifestaciones en su contra. Finalmente, la movilización popular logró la suspensión del proyecto.
No obstante, la estrategia de la compañía no se paralizó. En 2014, aprovechando la publicación por parte del gobierno senegalés del plan “Senegal emergente”, cuyo objetivo consistía en el impulso de políticas para enfrentar la emergencia económica, social y ecológica hasta 2035 (incluyendo un 30% de los fondos para el sector minero), se trató de dar un nuevo impulso al proyecto convocando una segunda audiencia pública. Pese a la presión corporativa e institucional, las poblaciones mantuvieron su rechazo al megaproyecto.
El proyecto no ha llegado a implementarse gracias a la resistencia social y comunitaria, que ha enfrentado con éxito tanto el relato de progreso y bienestar que difundió la empresa como la estrategia de presión institucional y asistencialismo
De igual modo, la mirada larga del poder corporativo mantuvo el pulso, y la empresa logró en 2017 la renovación del permiso de explotación. Al mismo tiempo, con el ánimo de legitimar su propuesta en base al desarrollo de sus políticas de responsabilidad social corporativa, firmó un acuerdo de patrocinio con el club de fútbol local Casa Sport. De manera complementaria, la empresa invitó en mayo de 2018 a una delegación que representaba a los pueblos de la zona del proyecto a visitar Diogo, en el norte de Senegal, para conocer la primera experiencia de extracción de circonio en el país, en marcha desde 2014.
Fruto de esta estrategia de legitimación, se ahondó en la división de las comunidades como vía para facilitar el desarrollo de la iniciativa. La parte de la población favorable al megaproyecto presentó un memorando, firmado incluso por el prefecto de Bignona y el alcalde de la comuna de Kataba, a la que pertenece el pueblo de Niaffrang, y finalmente aprobado por Astron. Pero otros líderes de la comunidad firmaron otro memorando en el que rechazaban cualquier forma de acuerdo entre la población y la transnacional, representando la posición mayoritaria.
Con todo ello, el proyecto no ha llegado a implementarse gracias a la resistencia social y comunitaria, que ha enfrentado con éxito tanto el relato de progreso y bienestar que difundió la empresa y sus aliados, como la estrategia de presión institucional y asistencialismo que desarrolló durante años. En todo caso, la lucha continúa, ya que el gobierno senegalés sigue renovando el permiso de explotación, aun habiendo superado ya el máximo legal de tres renovaciones.
Más allá del relato oficial
Las amenazas al ecosistema, en un contexto de cambio climático acelerado, fueron la principal causa de denuncia del megaproyecto, causando finalmente el rechazo por parte de las poblaciones y organizaciones de la sociedad civil.
Por una parte, estas afirmaban que la extracción de circonio provocaría el hundimiento de la duna local, acelerando el proceso de avance del mar en una zona marina protegida. Esta constituye la principal protección natural de un territorio de 50.000 hectáreas, que alberga 40 pueblos con una población de 25.000 habitantes. Su hundimiento aumentaría el riesgo de inmersión marina, por lo que se facilitaría su desaparición. Al mismo tiempo, conllevaría la destrucción de los arrozales aledaños, con un impacto notable en términos económicos y de soberanía alimentaria, ya que las comunidades viven del cultivo de arroz.
Otro posible impacto sería el de la desaparición del manglar debido a los métodos de extracción previstos. Además de capturar dióxido de carbono, reduciendo los efectos del calentamiento global, el manglar es un refugio de biodiversidad que alberga una multitud de peces, ostras, tortugas marinas, monos, aves, etc., y proporciona recursos a las poblaciones locales, además de ayudar a frenar la erosión costera al disminuir el oleaje.
El éxito en la paralización del megaproyecto ha consistido fundamentalmente en la articulación de agentes diversos, dentro de una estrategia basada en la movilización social permanente e inclusiva.
A su vez, plantearía un riesgo de contaminación de la capa freática durante la explotación, ya que las balsas de explotación tendrían una profundidad que coincide con la capa freática de los pueblos situados en la zona. Esto se uniría a la contaminación atmosférica que se generaría por los residuos que se producirían en el emplazamiento.
Por último, las organizaciones y poblaciones denuncian que existirían pocas posibilidades de rehabilitación de la zona tras la explotación, tal y como ocurrió con un yacimiento en Gambia explotado por la misma multinacional que no fue rehabilitado al finalizar su contrato, quedando convertido en un terreno desértico.
Resistencias y organización social
El éxito hasta el momento en la paralización del megaproyecto ha consistido fundamentalmente en la articulación de agentes diversos, dentro de una estrategia basada en la movilización social permanente e inclusiva.
En este sentido, tras la paralización inicial del proyecto, se generó en 2017 el Comité de Resistencia “La llamada de la duna” como respuesta a la renovación del permiso de explotación. Este comité estaba conformado por las comunidades afectadas —con una participación especial de jóvenes—, organizaciones de la sociedad civil y un grupo de investigadoras y especialistas. Además, se contó con el apoyo de un comité internacional de lucha contra la explotación del circonio, que contaba con la participación de organizaciones internacionales presentes en Casamance.
El liderazgo del proceso correspondió a la juventud, que conocía de primera mano los impactos generados por un proyecto similar desarrollado en Gambia. Su activismo generó una lógica de movilización social permanente, proyectándose también en los medios de comunicación.
Al mismo tiempo, el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC) consideró desde el principio el megaproyecto como ilegal, ya que su único objetivo sería el saqueo de los recursos de Casamance. El apoyo social y político de este grupo independentista también tuvo mucho impacto: sus representantes participaron en marchas y manifestaciones organizadas por la población, a la vez que concedieron entrevistas en las que amenazaban con poner fin al acuerdo de paz firmado en 2002 si no se paralizaba el proyecto.
La red creada fue más allá de lo político y social, llegando también a la academia y a la investigación social, como condición básica para enfrentar el relato corporativo. De este modo, se contó con un colectivo de 40 investigadoras y especialistas de diferentes países y ámbitos, que consiguieron sensibilizar sobre los riesgos medioambientales y las deficiencias del informe realizado en múltiples actos y conferencias.
Este caso es un ejemplo de resistencia de las comunidades y organizaciones sociales de Casamance, una región históricamente despojada de sus bienes naturales.
Finalmente, el comité internacional compuesto por vecinos y vecinas, ONG como Oceanium Dakar y Greenpeace, organizaciones de la sociedad civil como el Fórum Civil de Bignona, el colectivo Y’en A Marre y diversos artistas desarrolló toda una estrategia de incidencia ante el gobierno senegalés para anular el contrato con Astron. Se han organizado conferencias nacionales e internacionales y se han difundido artículos de prensa, se han sumado firmas en rechazo a la propuesta, se han organizado marchas y se ha publicado una carta abierta al presidente para solicitar la anulación del proyecto.
Este caso es un ejemplo de resistencia y resiliencia de las comunidades y organizaciones sociales de Casamance, una región históricamente despojada de sus bienes naturales. Una resistencia frente a las narrativas oficiales, tanto por parte de las multinacionales como de sus asociados institucionales, sobre la sostenibilidad del nuevo capitalismo verde y digital, cuyos impactos son destructivos en términos ecológicos, sociales y económicos, a la vez que adulteran la contienda política democrática.
En cualquier caso, la lucha continúa. Se ha paralizado el proyecto de la mina de circonio en Niaffrang, pero la frontera extractiva no desiste en seguir ampliando su radio de acción en Casamance. Y en todo el conjunto del continente africano, con esa lógica capitalista de desposesión y neocolonización. Ojalá este ejemplo sirva de contagio para el futuro, demostrando que la resistencia popular es capaz de desmantelar la estrategia corporativa en defensa de sus derechos, su territorio y sus vidas.
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Fotografía: El salto diario
