Por: Lucía Rivera Ferreiro, Roberto González Villarreal y Marcelino Guerra Mendoza. 04/08/2021
En todas las notas publicadas desde principios del 2019 referidas a los conflictos y problemáticas de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ), existe una constante: la mención a Raquel Sosa. Desde antes de la puesta en marcha del proyecto estrella de AMLO, esta figura de la 4T ha estado en el ojo del huracán. A lo largo de su trayectoria como funcionaria, ha protagonizado sainetes y exabruptos, incluso contra otros personajes que forman parte del mismo proyecto político. Ahora, en su calidad de coordinadora de este programa a nivel nacional, su trato despótico y autoritario hacia los estudiantes y profesores ha sido una constante.
Pero ¿se trata únicamente de problemas de carácter o mal genio? Definitivamente consideramos que no, el asunto va mucho más allá. Como hemos dicho en este mismo espacio respecto a otros funcionarios y operadores políticos de Morena y la 4T, ¡por sus actos los conoceréis!
¿Quién es y qué ha hecho Raquel Sosa?
Socióloga, doctora en Historia y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, ha sido profesora invitada por distintas universidades de América Latina, Asia y África. La militancia partidista es otra de sus vetas de acción: militó en el Partido Comunista Mexicano (PCM), en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM), el Partido Mexicano Socialista (PMS), en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y finalmente en MORENA. Ha escrito varios libros, entre ellos Hacia la recuperación de la soberanía educativa en América Latina: conciencia crítica y programa (2012).
En el artículo Exclusión y conocimiento social (2006) Sosa escribió: “Los más pobres se vuelven entonces motivo de vergüenza pública, tema de encendidos discursos y hasta objeto del sincero dolor o preocupación por parte de quienes conocen su situación. No tanto, sin embargo, como para que se propongan políticas efectivas que les permita elevarse a la condición de ciudadanos. No tanto como para que pretendan ejercer y exijan el cumplimiento de sus derechos. Son objeto, no sujeto de políticas en su beneficio”. (p. 279). La misma persona que escribió esto hace quince años, es la que hoy encabeza un proyecto educativo en el que tiene oportunidad de demostrar que otras concepciones, estrategias y formas de trato hacia los pobres y marginados son posibles.
Sin embargo, a juzgar por el rosario de quejas, reclamos y denuncias que se acumulan en su contra, al parecer más bien se ha negado a escuchar, atender y sobre todo a tratar dignamente a los docentes que cuestionan su proceder y a los jóvenes de sectores populares y zonas marginadas que creyeron en las UBBJ. Paradójico ¿no?
Cuando AMLO era jefe de gobierno en el Distrito Federal (2000-2005), Sosa fungió como secretaria de Desarrollo Social. Posteriormente, fue nombrada secretaria de Cultura en sustitución del historiador Enrique Semo. En su paso por esta dependencia, Sosa enseñó el cobre, como se acostumbra a decir en el argot popular. Cuando el escritor José Ángel Leyva presentó en noviembre de 2005 su renuncia a la Dirección de Vinculación para hacerla efectiva a partir de enero del siguiente año, seis horas después de entregarla, el abogado de la dependencia le informó que por instrucciones de Sosa, estaba despedido a partir de ese momento; las diferencias entre Sosa y Leyva habían alcanzado su nivel más álgido, eran insalvables. Antes había hecho lo mismo con promotores del programa Fomento a la Lectura y Libro Clubes, también a responsables de un par de subdirecciones que tuvo a bien desaparecer (Con Sosa, daño a la cultura y a un proyecto político: José Ángel Leyva).
Todos los conflictos llevan a Raquel Sosa
El antecedente a la vez que ensayo de las UBBJ, fueron las escuelas de nivel superior fundadas por Morena en febrero de 2016, cuya intención era atender a jóvenes que no habían tenido oportunidades de acceder a estudios superiores en la oferta existente. Los ocho planteles iniciaron actividades sin contar con el Registro de Validez Oficial por parte de la SEP, en ese entonces gobernada por el PRI. Desde el arranque de esta iniciativa, Raquel Sosa fungió como coordinadora de estas escuelas
El 30 de julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el DECRETO por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Pero las acciones para echarlas a andar comenzaron a principios de 2019, encabezadas por Raquel Sosa. Durante seis meses suspendió actividades académicas en las ocho escuelas creadas en 2016, bajo el argumento de que habría un periodo de transición que contemplaba el cambio de sedes, nuevos trámites administrativos y la disolución de las Asociaciones Civiles fundadoras, para proceder a su incorporación en el Programa Federal Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.
Esto detonó conflictos en la normal José Santos Valdéz ubicada en Xochimilco, también en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga de la alcaldía Cuauhtémoc. Pero también al interior del propio gobierno, debido a que Sosa se empeñaba en que fuese el CREFAL quien acreditara los estudios de las UBBJ.
Respecto a la normal Santos Valdés, un centenar de alumnos no iniciaron el semestre previsto para febrero; el 14 de marzo simplemente no se les permitió entrar al plantel. Días después, Raquel Sosa les informó que la escuela sería uno de los 100 planteles de las UBBJ; debido a que el plan de estudios cambiaría, debían empezar de cero los estudios, pese a que a esas alturas, había alumnos que cursaban el sexto, cuarto y segundo semestre (Estudiantes de Escuela Normal de Morena rechazan integrarse a Universidades de AMLO).
Por su parte, la comunidad de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA) señaló la falta de servicios como enfermería y biblioteca, también la inhabilitación de la plataforma digital, falta de personal de intendencia, mantenimiento y seguridad en las instalaciones. También denunciaron falta de garantías laborales y reducción paulatina del personal docente, pasando de una plantilla original de 70 a solo 23 profesores.
En mayo del 2019, el profesor Ismael Cano escribió una carta publicada en el Correo Ilustrado de La Jornada, en la que lamenta las deplorables condiciones materiales de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA) así como la falta de instancias de gobierno, al no haber una dirección, ni consejo académico ni coordinación; también denuncia la falta de pago a su trabajo. (Universidades del Bienestar en la zozobra). De inmediato Sosa respondió con otra carta publicada el mismo día en la misma sección, lamentando los inconvenientes de una transición muy larga; dijo también que ante la renuncia del anterior director y coordinadora académica -sin precisar motivos-, se había nombrado a Verónica Castro como coordinadora a cargo de continuar con el trabajo en el plantel. Aseguró haber hablado con estudiantes y maestros para explicar la situación y había encontrado acuerdo, disposición y entusiasmo.
En declaraciones posteriores, Sosa calificó de “dramas” las quejas de los estudiantes que ante la mentada transición quedaban a la deriva; AMLO justificó a la susodicha: “Todos tenemos problemas de carácter, todos. Entonces a lo mejor no fue el mejor momento y ella tuvo que expresar, así las cosas, pero es una mujer excepcional, o sea, yo quisiera que hubiese en el servicio público cien Raqueles Sosa, y me sentiría yo muy a gusto, muy satisfecho” (AMLO justifica a Raquel Sosa: todos tenemos problemas de carácter). Luego ofreció disculpas, becas y apoyos a los estudiantes, y aseguró: Universidades del Bienestar no excluirán a estudiantes de las creadas por Morena en 2016
Muy pronto la realidad se encargó de desmentir a Sosa. En febrero de 2020, los estudiantes de la EDPA decidieron cerrar las instalaciones, en protesta por el despido de docentes y las pésimas condiciones de operación de la escuela. El detonante del conflicto fue el cese de los dos únicos miembros del personal administrativo en plena semana de trámites escolares. El día 17 de ese mes Sosa se encontraba en las instalaciones, los estudiantes la encararon y en respuesta, cerró salones y oficinas para después abandonar el plantel; los estudiantes hicieron una asamblea en la que votaron a favor de un paro indefinido que se prolongó por cinco meses (EDPA: cinco meses de paro defendiendo la educación).
Los agravios e injusticias se acumulan
En días pasados, algunos medios difundieron notas informando la situación del personal que trabaja en las Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJ): inestabilidad laboral, sobre explotación, recorte a sus salarios, desinformación, despidos, acoso y maltrato, son el pan de cada día desde hace dos años, cuando este proyecto educativo estrella de AMLO comenzó a funcionar.
Alrededor de 115 maestros y asistentes académicos de 70 a 80 sedes del país no recibieron el pago de la primera quincena de julio, sino un oficio de terminación de convenio por la prestación de servicios” (Despido masivo sacude a Universidades del Bienestar); los afectados denunciaron que el depósito correspondiente a la última quincena ya trabajada, fue condicionado a la firma del mencionado oficio.
En la misma nota se dice que debido a los constantes ajustes de personal realizados desde la coordinación nacional, o sea, ordenados por Raquel Sosa, hay sedes que se están quedando prácticamente sin maestros. Entre las afectadas por el despido de docentes se encuentran “Etchojoa, Sonora, con 1 docente y 1 asistente académico menos; Cuencamé, Durango, con el despido de 1 asistente académico; Villa de Allende, Estado de México, con 1 docente; Francisco I. Madero, Hidalgo, con 2 docentes; San Quintín, Baja California Sur, con 1 docente; Chenalhó, Chiapas, con 1 docente, y Cosalá, Sinaloa, con 1 docente y 1 asistente académico” (ídem).
Días después, entrevistada por el mismo medio que publicó la nota en comento, Raquel Sosa negó las denuncias: “No hay tal despido masivo ni ninguna cosa de esas, todo lo contrario. Estamos incrementando el número de docentes y reforzando también las carreras donde había pocos docentes o donde docentes estaban en carreras en donde no tenían una función específica y sí pueden en cambio colaborar en otras. Es un proceso normal en cualquier institución. No hay motivo de ningún escándalo, entonces lo estamos haciendo de acuerdo con nuestras normas” (No hay despidos, sino renovación de convenios de profesores)
En general, existe hermetismo oficial en torno al presupuesto, las condiciones de contratación del personal, la organización interna y la infraestructura de las UBBJ. Sin embargo, docentes y estudiantes han buscado los medios para denunciar la situación que se vive en los planteles creados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Todos los caminos llevan a Sosa, un personaje de la cuarta transformación que pese la cauda de atropellos, manejos poco claros del presupuesto y decisiones tan cuestionables como cuestionadas incluso al interior del propio gobierno de AMLO, éste se ha empeñado en mantenerla en el puesto, minimizando lo que son verdaderos despropósitos, como pretender que fuese un organismo como el CREFAL[1] quien acreditara los estudios, cuando carece de facultades para ello.
En su oportunidad, y como suele ocurrir cuando los hechos evidencian palmariamente un proceder contrario a las intenciones gubernamentales, el presidente se limitó a decir que había diferencias de opinión entre Sosa y los funcionarios de la SEP (Reconoce AMLO discrepancias en el gobierno por el tema de las universidades de Morena)
Esta es y esto ha hecho Raquel Sosa, un personaje que, pese a todo continúa en el cargo porque AMLO así lo ha decidido. Y así será mientras le siga siendo útil políticamente para sostener un proyecto tan neoliberal como el que más, caracterizado por la sobreexplotación, la precariedad y el maltrato.
Todo indica que hará falta algo más que cartas, exhortos y peticiones para desmontarlo y desenmascararlo.
Fotografía: AndreaMurcia/Cuartoscuro
[1] El Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL), es un organismo internacional creado en 1951, con el objetivo de ayudar a los gobiernos latinoamericanos a formar maestros de educación de adultos y producir material didáctico para este sector. Por acuerdo entre el gobierno de México y la UNESCO cambió su nombre a partir del 1º de enero de 1975, a Centro Regional para la Educación de Adultos y la Alfabetización Funcional en América Latina y el Caribe, pasando a ser una institución autónoma al servicio de los estados miembros asociados de la UNESCO en la región. Posteriormente, el 19 de octubre de 1990 fue renombrado como Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Si bien las siglas que lo distinguen se han mantenido, detrás de estos cambios, existe una modificación de objetivos, funciones y proyectos. Aquí pueden consultarse los detalles del convenio firmado en 1990: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/CREFAL.pdf
