Por: Víctor Calero. NUESTRAS VOCES. 14/06/2020
El derecho humano a la conexión era parte de nuestro ecosistema de reglas hasta que Mauricio Macri derogó la ley de medios. La pandemia evidenció que internet dejó de ser un medio de comunicación para transformarse en un servicio esencial. Se hace imprescindible garantizar maneras de incluir a la ciudadanía entera en la democracia digital.
“Lo que no se nombra, no existe”
George Steiner
Ya no se puede acceder a la ciudadanía sin tener acceso a Internet. Esta simple verdad viene imponiéndose silenciosamente, y ya están apareciendo los síntomas de un cambio absolutamente necesario para nuestra democracia nacional. Hoy, hay muchísimos derechos que no se pueden ejercer si no tenemos un acceso gratuito, universal e irrestricto a, por lo menos, los servicios públicos que ya operan en Internet.
Esto quedó en evidencia hace pocos días, cuando el juez Gallardo ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que instalara Internet inalámbrica en “la totalidad de las villas, barrios de emergencia y asentamientos”; y que proveyera a los alumnos en situación de vulnerabilidad los equipos necesarios para acceder a la red.
Y es que para un sector cuya magnitud es aún desconocida, el abono de Internet (en el mejor de los casos) o el precio de los datos celulares, compiten con las monedas para el pan y la leche. Los sectores más vulnerables son, para colmo, los que más caro pagan el minuto de acceso, porque no pueden planificar su economía, porque viven en la informalidad, porque se conectan cuando pueden y no cuando lo necesitan.
Ya no se trata solamente del acceso a las producciones culturales, que también es un derecho humano. Comerciantes que necesitan conexión para poder facturar legalmente; pacientes que necesitan sacar un turno en el hospital público o personas de a pie que tienen que hacer un trámite cualquiera, en cualquier oficina del Estado, en cualquier provincia, tienen que pagar de su bolsillo los minutos de acceso que les cuesta un servicio que debería ser gratuito, porque es público.
El derecho humano a la conexión ya era parte de nuestro ecosistema de reglas. Como en tantos otros terrenos, fue el gobierno de Maurizio Macri el que derogó derechos fundamentales que habían sido establecidos para toda la ciudadanía. Con el mismo decreto que diezmó la ley de medios, eliminó la declaración del acceso a la conexión como derecho humano que estaba contenida en el artículo 15 de la Ley 27.078.
La misma ley establecía que los precios de los servicios de Internet tenían que ser justos y razonables. Además, se creaba una Autoridad de Aplicación encargada de establecer reglas de juego para que el mercado de las tecnologías de la información pudiera estar al alcance de todes, por ejemplo, creando una tarifa social. Todos estos derechos y estas posibilidades fueron borradas de un plumazo por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267/15, uno de los primeros de la era Macri.
Hoy la realidad nos muestra la sabiduría de aquellas normas que ya avizoraban un futuro en el que no hay ciudadanía sin conexión. La Pandemia sólo anticipó los resultados de un proceso social que iba a producirse, tarde o temprano. Frente a este escenario las posibilidades son muchas, y muchos los actores sociales involucrados, pero el horizonte no puede ser otro que el respeto a los derechos de las personas que necesitan un servicio esencial para poder curarse, informarse, expresarse o comerciar.
Internet dejó de ser un medio de comunicación: es un medio para la realización de los derechos fundamentales en general. En este contexto, más que nunca, necesitamos pensar maneras de incluir a la ciudadanía entera en la democracia digital.
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Fotografía: NUESTRAS VOCES.
