Por: Beatriz Gimeno / Isa Serra. Eldiario.es. 16/08/2017
“En Estados Unidos y en otros países capitalistas, las leyes contra la violación fueron originariamente formuladas para proteger a los hombres de las clases altas frente a las agresiones que podían sufrir sus hijos e hijas. Habitualmente, los tribunales han prestado poca atención a lo que pudiera ocurrirles a las mujeres de clase trabajadora, y por consiguiente, el número de hombres blancos procesados por violencia sexual infligida a estas mujeres es extraordinariamente reducido”.
Ángela Davis. ‘Mujeres, clase y raza’, 1981.
La situación a la que se enfrentan Juana y sus hijos no es un caso aislado. Hay muchas mujeres que se encuentran en una situación similar: en algunos casos sus ex parejas y padres de sus hijos son maltratadores, en otras son abusadores sexuales. Sabemos que la Justicia no responde protegiéndolas sino, en demasiadas ocasiones, priorizando los derechos de estos. Y no se trata únicamente de cuestionar la ley actual, que desde luego necesita ser cambiada. Es un avance que desde 2015 la ley contemple a los hijos de mujeres maltratadas como víctimas directas, pero no es suficiente: cinco niños han muerto en lo que va de año en manos de sus padres maltratadores. En algunos casos, como el de un niño en A Coruña de sólo once meses, la madre había interpuesto dos denuncias. En otros casos, como en el caso de Ángela González eran más de 30 las denuncias. No surtieron ningún efecto y el padre mató a la niña durante una de sus visitas.
En la creación de las leyes y en la aplicación que se hace de ellas operan mecanismos ideológicos y sociales que favorecen siempre a los poderosos. En este caso, mecanismos patriarcales que consideran que un niño o niña es un objeto de protección, antes que un sujeto de derechos. Y con el argumento de protegerles sucede más bien lo contrario.
El hecho de que ni los jueces ni el personal que trabaja en los juzgados tengan formación suficiente en derechos de la infancia y machismo, es algo que les impide comprender por qué las mujeres actúan de una manera y no de otra, o a qué tiene que enfrentarse una mujer cuando decide poner una denuncia por maltrato, o cómo opera el machismo en casa circunstancia. Esa falta de formación (y falta de perspectiva feminista) hace difícil comprender que un maltratador no es un buen padre, nunca y que los niños están en peligro con un maltratador, siempre. Y les impide comprender que cuando una niña dice que su padre abusa de ella, esa declaración hay que tomársela muy en serio y actuar siempre en función del “interés superior del menor”. Esa falta de formación y recursos por ejemplo provoca que, a día de hoy, los equipos psicosociales encargados de emitir los informes que son determinantes en la decisión final de jueces, apliquen el Síndrome de Alienación Parental, aunque ahora le hayan cambiado el nombre.
Hay tribunales y hay técnicos que consideran que un niño o niña que dice que su padre le viola está siempre mintiendo y que exigen que esa niña siga viendo al padre. Muchas madres siguen pensando que si denuncian que su ex pareja abusa sexualmente de sus hijos, lo que va a ocurrir es que le quiten los hijos a ella y se los den a él. Y lo terrible es que tiene razón, eso pasa. Porque la ley no es neutral, ni es justa con las mujeres, ni con los niños y las niñas.
No es sólo que la ley sea injusta al no prohibir taxativamente que un hombre condenado por violencia machista siga teniendo acceso a sus hijos e hijas, sino que es muy preocupante también la manera en que aquella se aplica por parte tanto de jueces como de todo el entramado judicial. Es muy preocupante que Elisa Beni piense que en el caso de “Juana es evidente que existe un conflicto, puesto que sus razones y las de Francesco sobre sus hijos comunes divergen”. No existe un conflicto entre partes iguales, ante el que hay que tomar equidistancia. Lo que existe es una relación de desigualdad social sostenida por una ideología (en forma de ley y en forma de costumbre) que sigue defendiendo que los maltratadores de mujeres pueden ser buenos padres. Y es preocupante que una feminista no tenga en cuenta que cuando existe una condena por maltrato no debería hacer falta probar nada más.
La convivencia con un maltratador es ya un riesgo cierto, para los niños y para la sociedad en su conjunto (más de un 50% de los niños van a reproducir ese comportamiento, además de otros riesgos). “Sólo un juez puede acercarse a la verdad”, sigue diciendo Beni, y de nuevo, lo que falla es que ella da por buena la ideología que subyace a todo esto. El ex marido de Juana ya está condenado por maltrato, no debería haber más verdad que esa. Decir, como dice Beni, que Juana aceptó a los jueces italianos cuando se casó con un italiano, es perverso. Es como decir que todas las maltratadas aceptaron su suerte al casarse con un maltratador, ¡pues que no se hubieran casado con ellos! O que apele a la neutralidad de los jueces en los casos de violencia machista. Ni las leyes son neutrales, ni lo son los jueces, ni existe un conflicto. Lo que existe es una legislación patriarcal y una tremenda injusticia.
Y la sociedad ha conseguido avances de justicia porque algunas personas han desobedecido las leyes. Siempre ha sido así. Dice Elisa Beni que los actos individuales, cuando devienen en masivos, pueden tener consecuencias. Efectivamente, y en la mayor parte de los casos las consecuencias son socialmente positivas. Desobedeció la ley Rosa Parks, desobedecieron las leyes contra el aborto todas las mujeres que abortaron, y las que se autoinculparon de haberse practicado uno; desobedecieron las leyes las mujeres que se matricularon en la universidad cuando lo tenían prohibido; desobedecen las leyes los activistas de la PAH que consiguieron poner los desahucios en la agenda política. Todas estas desobediencias y todas esas leyes se daban en democracias.
Claro que sabemos que Juana lo tiene muy difícil. Pero lo que hay que denunciar es el machismo de las leyes y del sistema judicial en su conjunto y no las decisiones de Juana. Hay que aprovechar el caso para abrir un debate fundamental y exigir cambios. Pero esos cambios no van a venir voluntariamente de la mano de los jueces ni del gobierno del Partido Popular, sino de un movimiento feminista que distinga entre legitimidad y legalidad, que sea crítico con la Justicia y que apoye la desobediencia y se solidarice con quienes la practican. Negar esto es no comprender la historia.
Juana es una mujer que conociendo las consecuencias de su huída ha decidido proteger a sus hijos antes que dárselos a su padre maltratador. Juana sabe lo que hace, sabe a lo que se enfrenta y sabe también que la Justicia no le ofrece ninguna salida mejor que esta para evitar que sus hijos acaben con un hombre condenado por violencia machista. Si Angela Gonzalez en lugar de poner 30 denuncias hubiera escapado del país, su hija estaría hoy viva. Juana no es la única. Hay otras madres que están también en paradero desconocido. No luchan por su vida únicamente, sino por la de sus hijos y, lo sepan o no, por la de tantas otras mujeres y otros tantos niños y niñas. Lo menos que podemos hacer es apoyarlas y por eso esta vez todas hemos dicho #JuanaEstáEnMiCasa.
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Fotografía: Eldiario.es
