Por: Magdalena Artigues Garnier. 13/01/2024
El mandato del presidente inició con un Decreto de Necesidad y Urgencia y un proyecto de Ley Ómnibus que, en conjunto, proponen dar marcha atrás a gran cantidad de las conquistas de derechos que aseguran la justicia social de la población en general, y de las mujeres y disidencias en particular.
¿Se ahogaron alguna vez? Se siente parecido a esto. Viene una ola y te deja medio estúpida, pero resoplando. Ya estás medio cansada y viene otra que te hace tragar un poco de agua pero seguís. Con la tercera ya empezás a percibir que esto está jodido, que estás en peligro. Y viene otra, y otra, y otra. Y te das cuenta de que no van a dejar de venir nunca. Tenés dos opciones: lograr sacar la cabeza y respirar, o morirte.
Eso nos está pasando estos días a las feministas y me ánimo a decir a cualquier movimiento u organización que trabaje por la justicia social. Al darse a conocer ayer el proyecto de Ley Ómnibus y empezar a ver las repercusiones de su aprobación pasé al grupo de trabajo de Periódicas un mensaje reenviado que decía: “Se meten con Ley Micaela, ya no va a ser obligatoria para todos los empleados estatales”. Y una de mis compañeras dijo con mucha seriedad: “No sólo no va a haber más Ley Micaela, no va a haber más país”.
Su tono de desesperación me causó una gracia nerviosa, como reírte un poco cuando te la das de lleno en la cara con una puerta de vidrio. Pero no está errada.
Somos un medio feminista pero resulta muy difícil en este caso desagregar qué medidas afectan a cuestiones de género porque básicamente el sistema democrático como lo conocemos está en peligro. Además somos trabajadoras, no sólo nuestra construcción colectiva está amenazada, también los modos de supervivencia particulares de cada una. “Con hambre no se puede pensar” dice una canción de No Te Va Gustar. Y con miedo es difícil también. Pero lo intentaremos.
Vamos a dividirlo entre las medidas que contiene el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, publicado el 20 de diciembre y que entraría en vigencia este viernes 29; y el proyecto de Ley Ómnibus, llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, que ingresó ayer al Congreso para su tratamiento y aprobación o derogación.
En el DNU
–Modifica las licencias por maternidad: continúan siendo de 90 días, pero antes había que tomarse al menos 30 días previos al parto y los restantes después. Ahora se puede seguir trabajando hasta 10 días antes del parto. Si bien en teoría esto sería decisión de la persona gestante, en la práctica puede propiciar presiones de parte del empleador para trabajar la mayor cantidad de días posibles antes del parto.
–Elimina la doble indemnización por despido estando embarazada: el nuevo artículo elimina de su título la línea “Despido por causa del embarazo” y no incorpora el último párrafo del anterior, en el que se aseguraba el derecho a percibir una “indemnización duplicada” en caso de despidos durante el período determinado por la norma.
–Elimina la doble indemnización para trabajadores de casas particulares (que son más del 90% mujeres): se deroga el artículo 50 de la Ley N° 26.844 que agravaba la indemnización de una persona que no estuviera registrada o lo estuviera de modo deficiente. Ya no se multa más ese incumplimiento.
–Invierte la carga de la prueba en juicios por despidos discriminatorios: se trata de aquellos por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial. “En este supuesto la prueba estará a cargo de quien invoque la causal”. Es decir, le está pidiendo a la persona que está en el carácter de vulnerabilidad que muestre que está siendo discriminada.
–Pone en peligro la continuidad de los puestos creados por el Cupo Laboral Trans: si bien la normativa que establece la no renovación de las contrataciones iniciadas desde el 1 de enero de 2023 hace, en teoría, una excepción dejando afuera de ese recorte a las contrataciones “derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales”; agrega que autoridades de los diferentes sectores deben hacer un relevamiento del personal contratado con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones. Es decir, queda a criterio discrecional de les superiores su continuidad.
En la Ley Ómnibus
–Quita la obligatoriedad de la Ley Micaela: propone modificar la capacitación que debía recibir todo personal estatal acerca de violencia de género y que sean “en temática violencia familiar y contra la mujer” -no se habla más de género ni de diversidades sexuales- para personas que se desempeñen en “organismos competentes en la materia”.
–Pone en duda la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo: a través de la modificación de la llamada Ley de los 1000 días, que fue sancionada en diciembre de 2020 y cuyo objetivo es afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”. La propuesta de ley de Milei agrega como plazo de protección hacia menores “desde el momento de la concepción”.
–Invisibiliza a las mujeres y disidencias: la normativa ya no habla de niñas sino que solo se refiere a niños y no habla de mujeres embarazadas y personas gestantes, sino sólo de “madres”.
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Fotografía: Periodicas
