Por: Karla Arévalo. 25/08/2023
El presidente Nayib Bukele acusó recientemente a las organizaciones de los derechos humanos de defender “delincuentes” tras dos videos compartidos en su cuenta de Twitter donde se evidencian hechos de violencia ocurridos en Ecuador y México recientemente. Las organizaciones le recuerdan al mandatario que no son hacedores de justicia y que es obligación del Estado garantizar los derechos humanos.
El presidente Nayib Bukele asegura, con frecuencia, que las organizaciones defensoras de los derechos humanos se enfocan únicamente en la defensa de quienes llama “delincuentes”. Ese discurso lo ha usado varias veces para minimizar las más de seis mil denuncias de violaciones a derechos humanos documentadas por la sociedad civil en los 17 meses que El Salvador lleva bajo régimen de excepción.
Recientemente, el mandatario ha ido más allá y no solo señala a las organizaciones de defender supuestos pandilleros, también les demanda justicia por hechos de violencia ocurridos fuera de El Salvador: el pasado 8 de agosto, Bukele compartió en su cuenta de Twitter el video donde se observa el ataque armado contra un hombre frente a una menor de edad. Ante el hecho ocurrido en Ecuador, el presidente dijo: “Muchos de los que dicen defender los ‘derechos humanos’ solo defienden los derechos de los delincuentes, pero no los derechos de este padre y su hija. ¿Por qué? ¿Cuál es su verdadera intención? ¿Para quién trabajan? ¿No les hierve la sangre al ver esto?”.
Dos días después repitió el discurso luego de compartir otro video donde se evidencia un feminicidio cometido en Guanajuato, México: “Pero las ONGs de ‘derechos humanos’ no dirán nada, a ellos no les importa la muerte de la gente honrada. Ellos solo saldrían en defensa del asesino si el Estado hace su trabajo y lo saca de las calles. Ahí sí saldrán a pedir buen trato y ‘reinserción’ para esa rata asquerosa”.
Aunque los hechos de violencia sí ocurrieron, el discurso con el que Bukele acompañó las publicaciones encaja en la definición de Falso, que es una de las categorías bajo las que GatoEncerrado verifica el discurso de los funcionarios.
La directora del Programa de Educación de la organización de derechos humanos Cristosal, Fátima Pacas, dijo a GatoEncerrado que el mandatario tiene una noción “equivocada” sobre el rol que ejercen las organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país y a nivel internacional, y ese rol no es el de “hacedores de justicia” como él demanda.
“El Estado es el único responsable de garantizar los derechos humanos de las personas. El rol de las defensoras y defensores de derechos humanos es activar esas instituciones de Estado, porque son precisamente esas instituciones las que deben de garantizar el ejercicio pleno del derecho humano. Nosotros no somos hacedores de justicia”, aseguró.
Que el Estado sea el responsable de los derechos humanos implica que solo el Estado puede garantizarlos o violarlos. Una idea que se reforzó con la creación de las dos organizaciones internacionales que vigilan el papel que tienen los Estados en el tema: la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), las cuales se activan cuando no funcionan los mecanismos nacionales de protección a derechos humanos.
En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en 1993 se concluyó sin remilgos que son “los Estados quienes tienen el deber, sean cuales sean sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Esto significa que los hechos de violencia, como los compartidos por Bukele en su red social, indican que hubo un fallo de los Estados en garantizar la vida y la seguridad a esas víctimas.
“Muchas de las organizaciones de sociedad civil han liderado batallas para que el Estado proteja, dé justicia y medidas de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (…) No se puede cultivar ninguna idea de paz y de defensa (en los casos compartidos por Bukele) si lo que se hace, a través del discurso, es promover agresión y violencia”, agregó Pacas.
La organización Cristosal ha trabajado en al menos cuatro procesos sociales en los que hubo vulneraciones a los derechos en El Salvador: Pacas destaca el apoyo de la organización a casos ocurridos durante la pasada guerra civil en el país. También habló del acompañamiento a víctimas de hechos ocurridos en los años 2000 cuando —tras el fin de la guerra— se agudizaron ciclos de violencia cometidos por grupos al margen de la ley, incluidas las pandillas. Y en los últimos años, esta y otras organizaciones se han dedicado a trabajar en casos de desplazamiento forzado ya sea por pandillas o por el Estado. Ahora vigilan de cerca la violencia generada por un régimen de excepción que ha llevado a miles de civiles no pandilleros a las cárceles.
“No tenemos que quedarnos ciegos en un espacio y en un momento histórico pequeño. Vivimos ciclos de violencia en los que siempre se han vulnerado los derechos de personas que son inocentes y somos estas organizaciones de sociedad civil las que, en cada uno de esos ciclos, hemos estado exigiendo que el Estado garantice el debido proceso, la justicia y las medidas de reparación para estas poblaciones”, agregó Pacas.
El 25, 26 y 27 de marzo de 2022, El Salvador vivió durante tres días seguidos un repunte de violencia homicida que dejó 87 personas asesinadas, siendo uno de esos días el más violento de la historia reciente del país, con 62 asesinatos en 24 horas. Por el hecho, el gobierno impuso un régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, con el que ha capturado a más de 71 mil personas hasta agosto de este año, la mayoría acusados de agrupaciones ilícitas o de ser colaboradores de pandillas. Hasta el momento se desconoce quiénes son los responsables directos de la última gran matanza en El Salvador.
Ese régimen que lleva 17 meses de vigencia ha provocado que organizaciones civiles como Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Socorro Jurídico y otras escalen los casos de violaciones a derechos de personas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA advirtiendo que en el país hay capturas de civiles no pandilleros y torturas y muertes en las cárceles.
Aunque el Estado ha estado presente en solo una de tres audiencias temáticas hechas por la Comisión, la acciones sirven, a criterio de la abogada y directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), Gabriela Santos, para activar mecanismos de protección internacional ante un Estado que tiene cooptados los mecanismos nacionales de protección a víctimas.
“La Comisión tiene los ojos puestos en El Salvador al igual que otros sistemas como el universal de la ONU. Lamentablemente a nivel nacional no hay garantías judiciales ni protección judicial porque ya sabemos que todo está capturado. A nivel interno no se puede obtener justicia para las víctimas tanto del conflicto armado como las actuales que es lo que estamos buscando las organizaciones, acompañar a las víctimas de todo tipo de violencia”, concluyó Santos.
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Fotografía: Gato encerrado
